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Costa Rica, Lunes 27 de abril de 2009

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Página Quince

Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

El inicio de la insumisión

Abogado

En 1995 me solicitaron un artículo para una publicación que se llamó Revista Parlamentaria , en que se analizarían temas relacionados con la jurisdicción constitucional. Para mi sorpresa, en la mesa redonda organizada para presentar la revista, vi que el título elegido para ese ejemplar fue: “¿Defensora de la Constitución u obstáculo para el desarrollo? El título me impresionó más que el cambio de nombre de una de las universidades en que me había graduado, que en las manos del corrector de estilo legislativo apareció impreso como “Soborna”, al fin de cuentas, en algo estarían pensando.

En ese acto expuse que todo lo bueno o lo malo que pudiera achacarse a la integración de la Sala Constitucional era responsabilidad directa de la Asamblea Legislativa y que el título de la revista resultaba completamente desacertado. A modo de ejemplo, no hacía mucho tiempo, para adornar en el Plenario una designación en dicho órgano, un diputado no había podido más que echar mano a un elemento destacado del currículum de la persona nombrada: estudios de inglés en el Centro Cultural.

Misma situación. Hoy en día la situación es la misma, pese a los numerosos reproches que se le pueda hacer a su composición (tres penalistas, tres “generalistas” y solamente un magistrado experto en derecho público), la responsabilidad reside exclusivamente en los encargados de la designación de sus integrantes. En última instancia, la Sala Constitucional es un reflejo de la Asamblea Legislativa, lo cual no es muy alentador, pero al menos nadie puede alegar sorpresa.

El primer gran descarrilamiento de la Sala Constitucional fue la sentencia 969-90 en donde declararon inconstitucional la exoneración de impuestos de vehículos para los diputados, sosteniendo que no se pueden utilizar las competencias en beneficio propio, lo cual es correcto, pero en ese mismo fallo, sin que el tema hubiera formado parte de las pretensiones ni sido objeto de debate, se dispuso que los salarios de los magistrados y otros jerarcas, los fijarían ellos mismos. Esto es, un diputado no puede ejercer competencias en beneficio propio, pero un magistrado sí.

Con ese voto se violó abiertamente el precepto constitucional que dispone que la Asamblea Legislativa establece el destino de los recursos presupuestarios, dando inició a la anarquía absoluta en el manejo de los salarios de los altos jerarcas del sector público.

El papel de la Constitución como referente normativo superior sufrió una lesión aún mayor con la sentencia 3435-92, a partir de la cual se sostuvo la tesis, a contrapelo del principio de recepción que impera en el país, de que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, o al menos los que decida la Sala Constitucional, están por encima de la Constitución.

Pérdida de control. La relativización de nuestra Carta Fundamental a partir de ese momento no se hizo esperar, al punto que hemos llegado a una etapa en donde lo que se considera un aforismo ingenioso en otros países, ha terminado por ser una pesadilla en Costa Rica: la Constitución dice lo que la Sala Cuarta dice que dice. Hemos perdido el control sobre nuestra autorregulación como ciudadanos soberanos, la capacidad de definir cuáles son las reglas esenciales del consenso social ya no radica en el pueblo, sino en un grupo de funcionarios con legitimación de segundo grado, que ni siquiera requieren para la continuación en sus puestos de votación calificada (tres en la actualidad).

El más reciente ejemplo de insumisión al ordenamiento jurídico por parte de la Sala Constitucional fue la resolución de 25 de febrero de 2009 en que se declara inaplicable para ese órgano la Ley de Notificaciones Judiciales, bajo el siguiente razonamiento “Se reafirma la autonomía e independencia de la Sala en el cumplimiento de los fines y competencias constitucionalmente asignados”. Esto significa que las leyes no rigen para la Sala Constitucional, lo cual por sí solo, en un país de verdad, debió haber dado inicio a un procedimiento parlamentario de rendición de cuentas.

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