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Costa Rica, Sábado 8 de agosto de 2009

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Proyecto de ley de seguridad levanta críticas contra Martinelli en Panamá

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Panamá (AFP). Unas nuevas leyes que el gobierno derechista de Ricardo Martinelli pretende que el Congreso panameño apruebe contra el crimen organizado son resistidas por la oposición y otros grupos, que consideran que atentan contra la libertad y los derechos humanos.

La polémica surgió esta semana luego de que el ejecutivo anunció su apoyo a un proyecto de ley que permite rastrear las comunicaciones, argumentando que con él se reducirán los homicidios en Panamá (600 en 2008, la mitad de ellos relacionados con el narcotráfico).

Los críticos al proyecto creen que viola los derechos de privacidad, información, expresión y que se presta a la persecución política.

Este proyecto "no es compatible con un Estado moderno, libre y democrático" porque "atenta directamente contra los más elementales derechos y libertades", dijo el dirigente opositor y ex alcalde capitalino Juan Carlos Navarro a la AFP.

"Con tantos problemas que hay en el país no entendemos por qué el gobierno ha propuesto limitar y afectar las libertades del ciudadano", agregó Navarro, ex candidato socialdemócrata a vicepresidente.

Según el proyecto, las compañías de telefonía móvil o fija tendrán que suministrar a la justicia el nombre del usuario, dirección, números marcados, documento de identificación personal y características de las llamadas. También obliga a suministrar detalles del servicio de internet.

"Ni la propia dictadura militar de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega (1968-1989) realizaron una ley de esta naturaleza", dijo Saúl Méndez, del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, a la AFP.

El gobierno utiliza un discurso "falaz" al decir que el objetivo de la ley es reducir la delincuencia y enfrentar al narcotráfico, pues persigue "tratar a todos los ciudadanos como delincuentes (...) perseguir al movimiento sindical y popular" y "criminalizar la protesta social", agregó.

El propio Martinelli salió al paso de la polémica y aseguró que existe "una gran confusión" y que él sería "la última persona que apoyaría, propondría o secundaría una ley que tenga que ver con pinchar teléfonos, porque eso no es correcto".

Mientras, el secretario de Seguridad, José Abel Almengor, dijo a la AFP que el proyecto "habla de intervenciones telefónicas con fines judiciales previamente autorizados por un tribunal (...) para ser incorporado en las investigaciones como evidencia", en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

"Jamás" ocurrirán pinchazos masivos o intervenciones telefónicas sin autorización judicial, afirmó, asegurando que el proyecto "no está escrito en piedra".

Sin embargo, estas explicaciones no convencen a un amplio sector social, aunque hay una gran percepción de inseguridad en el país.

"Ellos no van a pedir a ningún juez nada. Además el proyecto de ley es muy ambivalente en ese sentido", dijo el profesor de derecho constitucional Miguel Antonio Bernal, ex candidato independiente a alcalde de Panamá, a la AFP.

Para Bernal, este proyecto viola la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos al intentar controlar los correos electrónicos, chats, webs y blogs con la excusa de la seguridad.

"Lo que más nos preocupa es el concepto de orden público y la retroactividad de la ley, sobre todo en un país con una debilidad democrática tan grande", dijo por su parte Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a la AFP.

"Cuando se trata de crimen organizado y narcotráfico, si algún juez o fiscal quiere investigar las llamadas telefónicas puede hacerlo con la legislación actual", agregó.

La ley será presentada en los próximos días en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, por lo que parece difícil que no sea aprobada.

"Sabemos que hay medidas que va a tener que tomar el gobierno que no van a ser simpáticas", pero el pueblo "está harto del grado de delincuencia en el país", dijo el diputado oficialista Alcibiades Vázquez a la AFP.

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