LN OPINIÓN

Costa Rica, Domingo 16 de agosto de 2009

/OPINIÓN

Juan Rafael Espinoza Esquivel

Reelección presidencial

Abogado

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TAMAÑO

Nuevamente, los oponentes del presidente Óscar Arias tergiversan aspectos esenciales relacionados con la reelección presidencial. La Asamblea Constituyente de 1949 determinó que no podría ser Presidente la persona que hubiera servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al periodo para cuyo ejercicio se verifica la elección (inciso 1 del artículo 132). Se trata de dos periodos presidenciales y no de cuatro años como algunos han expresado. Los expresidentes, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) y Don Otilio Ulate Blanco (1949-1953) buscaron, de nuevo, la Presidencia en 1962. Ambos fueron derrotados por el liberacionista, Don Francisco Orlich Bolmarich (1962-1966). En 1969 se prohibió, de modo absoluto, la reelección presidencial. Mediante una disposición transitoria se permitió a los entonces expresidentes la posibilidad de ser reelegidos por una sola vez. Con base en el transitorio, en 1970, intentaron volver a la Presidencia dos expresidentes, Don José Figueres Ferrer y el Lic. Mario Echandi Jiménez (1958-1962), con victoria de Don Pepe.

El Lic. Echandi Jiménez lo procuró nuevamente, en 1982 y fue derrotado por el liberacionista, Don Luis Alberto Monge Álvarez. Las reformas parciales a la Carta Magna se deben hacer en estricto apego a un procedimiento especial, agravado, que se considera garantía de la supremacía de la Constitución. El artículo 195 constitucional regula el procedimiento de reformas parciales y establece que dicho trámite debe efectuarse con absoluto arreglo a sus disposiciones. No obstante, la reforma que prohibió la reelección se realizó incumpliendo el inciso 3 de dicho artículo, pues la comisión que rindió el dictamen requerido lo hizo quebrantando el plazo establecido.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional estatuye que la acción de inconstitucionalidad procede “cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de las normas constitucionales de procedimiento” (art. 73). En varias ocasiones la Sala Constitucional había determinado que el plazo indicado era improrrogable y que sobrepasarlo tenía como consecuencia la necesidad del archivo del expediente legislativo. A pesar de esos antecedentes, la Sala varió en el 2000 su criterio para el caso de la prohibición de la reelección, por votación de 4 a 3. Por consiguiente se mantuvo la prohibición. Nadie se rasgó las vestiduras por el cambio de criterio de la Sala y se respetó la resolución correspondiente, por parte de quienes sostenían posiciones contrarias a la mayoría de la Sala.

Posteriormente, se planteó una nueva acción de inconstitucionalidad y la Sala, en el 2003, por votación de 5 votos a 2, declaró la inconstitucionalidad de la reforma relacionada, porque estimó que el procedimiento seguido no fue el adecuado, pues tal decisión es una competencia que le corresponde exclusivamente al poder constituyente originario (Asamblea Constituyente), debido a que cercena el derecho de los expresidentes a ser elegidos, así como el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes ellos quieran, lo que es trascendental en toda democracia.

Los detractores del Presidente olvidan que al prohibirse la reelección, se coartaba el derecho a elegir de cientos de miles de personas, como quedó demostrado en la última elección presidencial, ganada por el Dr. Óscar Arias. En relación con el supuesto castigo (insinuado por los detractores del presidente Arias) a los magistrados de la Sala que votaron por mantener la prohibición de la reelección, hay que recordar que han sido reelegidos por la Asamblea Legislativa y ninguno fue perjudicado por haber votado, como lo hicieron, gracias al buen juicio de los parlamentarios.

En síntesis, en materia de reelección han sido más los expresidentes (y sus intentos) que han pretendido regresar al solio presidencial que los que lo han conseguido, por voluntad del pueblo. Además, los dos expresidentes que han regresado a la Presidencia, han sido integrantes del Partido Liberación Nacional. Sobre este particular, como en otros, hay que recordar el lema del Tribunal Supremo de Elecciones: “la voz del pueblo es la voz de Dios”. A esto deberían atenerse los adversarios del presidente Arias y respetar la voluntad del pueblo (que es lo sustancial), sin torcer la verdad y la realidad de los hechos.

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