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Costa Rica, Domingo 23 de agosto de 2009

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Aún no cumplen con ley de diciembre del 2008

Entidades del agro se enfrentan por traslado de dinero al CNP

 IDA, Senasa y Servicio Fitosanitario maniobran para retardar entrega

 CNP afirma que ya genera déficit, que sería de ¢3.000 millones en febrero

Marvin Barquero S. | mbarquero@nacion.com
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Tres entidades del sector agropecuario se enfrentan al Consejo Nacional de Producción (CNP) y todavía no le han trasladado recursos de su superávit para financiarlo, pese a la orden de una ley en vigencia desde diciembre del 2008.

Dicha ley ordenó al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) trasladar al CNP un 10% del superávit financiero del año precedente. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) deben dar cada uno un 20% de su superávit.

El CNP no recibe recursos del Presupuesto Nacional; se financia con un 50% de las ganancias netas de su subsidiaria, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), y con los ingresos por servicios prestados.

Las ventas de Fanal cayeron, pues hace cinco años vendía un poco más de un millón anual de cajas de 12 litros, y esa cifra fue bajando hasta las 400.000 cajas, lo cual redujo los traslados de fondos al CNP.

Hasta ahora, el Consejo no ha recibido aún nada de lo aprobado en la ley de diciembre, y su administración dio la campanada esta semana, pues afirma que la entidad empezó de nuevo a generar déficit.

El gasto principal se debe a su planilla, que se redujo en dos reestructuraciones en este Gobierno, pero mantiene unas 550 plazas.

El presidente ejecutivo, Luis Guillermo Vargas, y la subgerenta, Rosa Murillo, calculan que, si no se hace nada, el faltante llegará a unos ¢3.000 millones en febrero.

Espera. Las tres entidades dilatan la entrega de fondos con el argumento de que sus cálculos son menores a las exigencias del Consejo, que pretende unos ¢3.500 millones.

Las tres entidades obligadas a aportar recursos se financian con ingresos especiales. El IDA recibe dinero por impuestos específicos, y el SFE y el Senasa obtienen recursos por tasas al ingreso de insumos agropecuarios, y cobran por los exámenes de laboratorio que realizan a las exportaciones y las importaciones agrícolas y pecuarias.

Algunos sectores, como la Cámara de Insumos Agropecuarios, critican que se aumenten las cargas que cobran el SFE y el Senasa para luego transferir recursos al CNP, una entidad muy criticada.

En medio del choque está el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Javier Flores, quien es el superior de las cuatro instituciones.

Flores ya recibió los ataques del diputado José Joaquín Salazar, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de los sindicatos del CNP.

Salazar le envió una carta, el 17 de agosto, donde le dice: “No cabe duda, señor Ministro, que está en la autoridad rectora eficaz de su parte que esto se cumpla. La condición subordinada de esas entidades a su ejercicio le deposita a usted la gran responsabilidad”.

Salazar se basó en un estudio del departamento de Análisis Presupuestario del Congreso para determinar que las tres entidades deben trasladar al CNP ¢2.423 millones este año.

Flores dijo que las cifras del MAG coinciden con las del diputado Salazar, pero reconoció que hay interpretaciones encontradas de todas las entidades.

Hace dos meses, agregó Flores, le presentaron a la Contraloría General de la República una solicitud de estudio para determinar la suma. Dijo que exigirá cumplir lo que determine ese estudio.

Según Flores, la situación del CNP no es crítica, pues este año recibió una transferencia especial de ¢1.200 millones del Presupuesto Nacional, además de ¢3.450 millones del Programa Nacional de Alimentos, durante el 2008, de los cuales falta por ejecutar un poco más de ¢2.000 millones.

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    Valiosas plantas del CNP para el secado y almacenamiento de granos se están deteriorando rápidamente. ARCHIVO

Crisis en el CNP

Entidad con muchas dificultades

El déficit del Consejo Nacional de Producción (CNP) se convirtió en un problema permanente. La falta de recursos obligó a abandonar programas y a que, el 8 de noviembre del 2006, su junta directiva aprobara una profunda reestructuración para reducir el personal en 417 plazas. Se ahorrarían unos ¢3.000 millones en salarios. Sin embargo, varios recursos de amparo frenaron ese plan.

El 17 de abril del 2007, la entidad calculó que cerraría el año con un déficit de ¢3.400 millones.

A inicios de noviembre del 2007 se revisa una nueva propuesta de reestructuración que, de nuevo, genera fuertes roces. El centro del plan era reducir el personal, de 814 puestos a 488 empleados.

Estimaciones financieras de ese plan establecieron que la entidad podría llegar a ser autosuficiente, mediante el fortalecimiento de la Fanal y del Programa de Abastecimiento Institucional, que vende alimentos a entidades públicas (ministerios de Seguridad, Justicia, Educación y la Caja).

El problema del déficit se mantiene y, el 23 de diciembre del 2008, se publica una ley que obliga al Instituto de Desarrollo Agrario a trasladar un 10% de su superávit anual para financiar al CNP. También se obliga al Servicio Fitosanitario del Estado y al Servicio Nacional de Salud Animal transferir cada uno un 20% del superávit.

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