LN OPINIÓN

Costa Rica, Martes 29 de diciembre de 2009

/OPINIÓN

J. Federico Campos

El garantismo penal no es “alcahuetería”

 No se dimensionan las graves consecuencias de menoscabar las garantías constitucionales

Abogado penalista

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A propósito de la entrevista que este mismo medio de comunicación le hizo días atrás al magistrado de la Sala de Casación Penal, don Carlos Chinchilla, en la cual dicho señor afirma que el sistema penal es “permisivo y alcahueta”, y le endosa la culpa de ello a lo que él denomina una corriente “abolicionista” que la compara con un “garantismo extremo o radical”, resulta necesario aclarar algunos conceptos que pueden confundir a la opinión pública.

Actualmente, en la población costarricense, incluso dentro del mismo gremio de abogados (penalistas y no penalistas), existe mucha confusión acerca del contenido y alcances del garantismo penal. Además, persiste una confusión comparativa entre el abolicionismo y el garantismo penal, a pesar de que sus contenidos son distintos. El primero rechaza toda forma de regulación penal, mientras que el segundo lo que propone es un procesamiento que respete el debido proceso. He llegado a sospechar que esta confusión no es casual, sino que ha sido planeada deliberadamente con la única intención de satanizar las bondades del garantismo penal. Esto porque cuesta mucho entender cómo personas con una vasta experiencia profesional y los más altos grados académicos, caen en tales confusiones.

Defensa de las garantías. El garantismo penal no pretende jamás favorecer la impunidad y menos a quienes cometen hechos delictivos. El garantismo penal en un Estado de Derecho es aquel que defiende “a capa y espada” la tutela de las garantías que están contempladas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Todos los ciudadanos y las ciudadanas requieren estas “herramientas útiles” (garantías) para evitar que quienes ostentan el poder dentro del aparato estatal incurran en arbitrariedades que menoscaben sus derechos y libertades públicas.

Concretamente en el ámbito penal, estas “herramientas” están previstas para evitar que personas inocentes sean condenadas por delitos que no han cometido. No obstante, reiteradamente acaecen errores judiciales que, dichosamente, son enmendados luego en las instancias de casación penal.

Quizás sea cierto que algunos pocos han radicalizado su postura “garantista” y pretenden soslayar la aplicación de la ley a ciertas acciones que deberían ser reprochadas penalmente; sin embargo, aunque algunos caigan en esos extremos, no se puede generalizar y extender la crítica al garantismo penal que sí tutela los derechos fundamentales. La falacia radica en llamar de forma peyorativa “alcahuetas” y “abolicionistas” a todos quienes defendemos los derechos, garantías y libertades contenidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Populismo penal. Cuando se hacen críticas infundadas contra el garantismo penal, o se plantean propuestas tendientes a menoscabar las garantías constitucionales, esto es producto de un “populismo punitivo” que ha tomado fuerza en el entorno de la campaña electoral, el cual propugna –en perjuicio de los ciudadanos– por un sistema de derecho penal más represivo y con garantías degradadas.

Tal parece que algunos no dimensionan las graves consecuencias que resultan de menoscabar las garantías previstas en el proceso penal y en otras normativas afines. Estas garantías no fueron instituidas para los delincuentes –como afirman erradamente los populistas–, sino que pertenecen a todos los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses.

Así como deben cuidarse los recursos naturales para vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, igualmente deben protegerse los derechos y garantías para vivir en una verdadera democracia y en un Estado de Derecho auténtico.

De lo contrario, viviremos en un Estado déspota y arbitrario, donde quienes ostentan el poder actúan sin controles, en perjuicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, en virtud del desbaratamiento de los derechos y garantías que los limitaban ¿Queremos esta Costa Rica?

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