LN OPINIÓN

Costa Rica, Lunes 20 de julio de 2009

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Enrique Guevara | quiquecostarica@hotmail.com

La pena de muerte en Costa Rica

 La solución contra la delincuencia no está en la pena de muerte; está en rescatar los valores

Estudiante, Universidad Escuela Libre de Derecho

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Es común que cada vez que sucede un acto violento en nuestro país, sea un asesinato, una violación, un crimen contra un niño o cualquier otro hecho detestable, se recurra al tema de la pena de muerte, la cual para muchos es la solución a la gran ola de inseguridad que se vive en estos días.

Sin embargo, es un tema que va más allá de solo una pena. Es una opción no solo lejana, sino imposible, ya que Costa Rica tiene vigentes tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales prohíben, de manera expresa, poder aplicar la pena de muerte, sin necesidad de entrar en detalles de lo que una ejecución implica en términos económicos.

Medida innecesaria. La pena de muerte es una medida completamente innecesaria. En el hecho hipotético de entrar en vigencia, no vendría a cambiar en nada la situación actual.

De manera comprobada, en otros países que la han aplicado no ha llevado consigo baja alguna en índices de criminalidad, lo que confirma que esta pena no es garantía de cambio.

Además de que en nuestro sistema el principal objetivo es, en el papel – ¿solo en el papel?– la resocialización y la rehabilitación de las personas que se vean involucradas en algún tipo de delito.

También es sumamente frecuente que cuando un hecho delictivo sucede, se recurra a pasar todas las responsabilidades a la ley, a los jueces, a los fiscales, y a cuanta persona esté dentro de la administración de justicia; opiniones que no hacen más que meternos todavía más en un letargo, en el cual la sociedad es la principal afectada.

Debemos recordar que el derecho penal es un medio de control social para actuar en casos donde no se toleran las conductas. Sin embargo, no es el único ni tampoco al que se le debe dejar toda la responsabilidad de mantener una sociedad basada en la justicia, y libre en la menor medida posible, de velar por la tranquilidad del país.

Prevención. El control social primario o preventivo debería ser –en teoría– una de las mayores preocupaciones de una sociedad que realmente tenga aspiraciones de tener un nivel de seguridad de primer mundo o por lo menos bastante aceptable, sobre todo en nuestra región.

Al referirme a control social primario, hago alusión a la familia, la educación, a la religión y a los medios de comunicación.

Sería muy difícil, por ejemplo, pedirle a una persona que se ha desarrollado en un entorno familiar conflictivo, sumido en drogas o que en su cotidianidad vea en delinquir su manera de vida, que se aparte de este patrón. También la educación y la religión deben ser vías de acceso a una sociedad que busque la paz como el estilo de vida, donde un delito sea visto como la excepción y no como la regla, por más utópico que pueda parecer.

Busquemos en cada uno de estos aspectos la excelencia, con la guía de las principales autoridades en cada materia, de manera que no tengamos que recurrir a discusiones estériles sobre la conveniencia o no de aplicar medidas tan extremas como lo es la pena de muerte, tomando las previsiones para no actuar hasta que seamos nosotros las víctimas de una desgracia.

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