Página Quince Johnny Meoño

Reforma de enfoques y prácticas

 La Contraloría entiende que se cuenta con una normativa superior para el excelente gobierno

Administrador público

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Tenemos una muy buena noticia en medio de tanta tribulación nacional: el Estado puede funcionar bien aun con las leyes y regulaciones que se han construido por décadas. Es un asunto de enfoque. El problema es que se han confundido importantes y profundos diagnósticos e interpretaciones constructivistas de los últimos 35 años sobre cómo hacer funcionar mucho mejor nuestro ordenamiento jurídico y comportamiento sociopolítico y burocrático.

Por fortuna, la Contraloría de la República ha empezado a reconocerlos y aplicarlos en serio en los últimos años. Ignorarlos, entenderlos mal o aplicarlos peor, es muy perjudicial para Costa Rica.

El buen gobierno. La idea de una “ley orgánica de la administración pública”, por ejemplo, la planteamos desde Ofiplan a partir de 1977. Pero también hemos insistido en que aun sin esta solo tomaba, y toma, entender correctamente –eso es, con el marco conceptual correcto– la problemática de nuestra cultura política de origen colonial que nos ha hecho actuar por siglos tan aleatoria y confusamente, y con tanta proclividad a la corrupción.

Nuestra tesis de décadas ha sido simple y contundente: tenemos un marco normativo superior, con unas pocas normas constitucionales y unas pocas leyes que ya constituyen una “estrategia de desarrollo y de políticas nacionales de largo plazo”, que inclusive permiten ya gobernar excelentemente.

Así lo demostramos en un extenso trabajo que acabamos de producir en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, como sustentación definitiva de textos anteriores, y que, honestamente, esperamos sea útil a la misma Contraloría, a la Defensoría de los Habitantes y al TSE, en sus esenciales misiones de exigir de nuestros gobernantes cumplir con Constitución y leyes... correctamente, no a como a todos se les antoja o “les viene en gana”.

Compartimos, por supuesto, la desazón de quienes muy recientemente abordan esas mismas ya viejas inquietudes nuestras, como “establecer sectores con ministros rectores”, que el “Consejo de Gobierno sea órgano asesor superior del Presidente en materia de conducción”, que este “pueda conducir más eficientemente” –debería ser eficazmente– que la Asamblea “se organice por comisiones sectoriales” para exigir cuentas, y otras.

Nadie más parece entender que un presidente ya puede dirigir la totalidad de las instituciones si solo aplicara lo que la Constitución, la Ley General de la Administración Pública (LGAP) y la de Planificación Nacional, ponen en sus manos como competencias e instrumentos convergentes.

Simplificación. También se podrían simplificar, ya, los múltiples trámites y procedimientos que asfixian al habitante si solo Mideplan se decidiera a aplicar la Ley de Simplificación de Trámites y la de Promoción de la Competencia. Pero proponer que las autónomas se pongan en manos de un gerente sin junta directiva y que reporte al “Ministro sectorial”, es empeorar el muy debilitado escenario de pesos y contrapesos, pues equivaldría a cambiarle nombre a la figura de presidente ejecutivo y eliminarles las juntas de siete miembros, que si bien no han sido un contrapeso totalmente efectivo contra el impactante clientelismo partidista que todo lo corrompe, tampoco son “pan comido” y exigen mayor sofisticación de los corruptores para “vencerlas”.

Hemos “urgido”, desde hace 30 años, más bien, eliminar dicho régimen como tal y restituir la figura de gerente general como antes de 1974, fortaleciendo más bien las juntas, y orientarlas mediante el régimen de dirección política en la LGAP. Se lograría así un verdadero concierto entre tantos entes públicos en vez del sancocho que hoy impide resolver todo problema nacional.

Hay, sin duda, una pésima lectura de la realidad nacional por parte de quienes proponen aquello otro, incluido el actual Plan Nacional de Desarrollo, sin reconocer los esenciales equilibrios y contrapesos requeridos en el conjunto del maltrecho sistema institucional existente.

No se debe jugar con estas “cosas”. Es mucho lo que ya se puede hacer si solo se entendiera con visión sistémica y con la teoría correcta disponible en el país, lo que ya se tiene como normativa superior para el excelente gobierno.

La Contraloría lo está entendiendo poco a poco, y ha empezado a fiscalizar y exigir cuentas de una manera que nos llena de optimismo. Si la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones lo hicieran también, cada uno en su campo, y exigen cuentas del Gobierno acorde con ello, Costa Rica podrá ya gozar de muchos mejores tiempos sin tener que esperar por nueva legislación.