LN OPINIÓN

Costa Rica, Domingo 14 de junio de 2009

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Rodolfo Saborío Valverde | rodolfo@saborio.com

¿Cuándo la reforma administrativa?

 Urge unaLey Orgánicade la Administración Pública

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Quienquiera que piense que puede hacerse una eficiente gestión pública con el andamiaje institucional y normativo vigente, se encuentra totalmente equivocado. El estado de situación actual es el resultado de una acumulación de incoherencias e improvisaciones ocurridas durante los últimos sesenta años, que no podía menos que terminar en el caos que ha llegado a ser el Estado costarricense. La inmensa mayoría de los correctivos institucionales se puede hacer sin necesidad de reformar la Constitución, a pesar de que en esa área se necesitan ajustes importantes.

Reformulación del Poder Ejecutivo. La estructura del Poder Ejecutivo necesita una reformulación general, de manera que cada gobernante que asuma funciones se encuentre en capacidad de adaptar la estructura administrativa a su propuesta electoral. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es necesario promulgar una ley orgánica de la Administración Pública, de modo que se le imprima coherencia al conjunto del sector público, fortaleciendo las capacidades de organización ministeriales, especificando las competencias públicas, pero que permita que por decreto se defina la cantidad de carteras y las áreas que atenderán. Debe haber menos ministerios de modo que el Consejo de Gobierno sea el órgano asesor superior del Presidente en la conducción del Poder Ejecutivo, integrado por los responsables de los sectores estratégicos para la buena marcha del país. Muchos ministerios actuales pueden ser convertidos en secretarías de Estado, con rango similar al de los actuales viceministros.

Debe comprenderse que fortalecer las capacidades de conducción del Presidente es un imperativo organizacional y no debe ser objetado con fundamento en el perfil de tal o cual gobernante. En el momento que entendamos que todos nos beneficiamos con un Estado más eficiente, las objeciones absurdas al fortalecimiento del Poder Ejecutivo quedarán atrás.

Control y rendición de cuentas. Debe rediseñarse el esquema actual de control y rendición de cuentas, de manera que se elimine la inconveniente confusión entre administrar y fiscalizar que ha llevado a que nadie tenga suficientes facultades para tomar las decisiones de política pública y administración que son necesarias, y a que tampoco se controle bien el uso de los recursos públicos. Ni se administra ni se fiscaliza bien, creando las condiciones para que quienes ven en la función pública una fuente de enriquecimiento se sientan a sus anchas.

Debe modificarse por completo la interrelación entre la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, de modo que la exigencia de cuentas se lleve a cabo por sectores, bajo el escrutinio permanente de comisiones especializadas, dejando atrás las inoperantes comisiones especiales o la obsoleta creencia de que una sola comisión de control del gasto público pasará de ser lo que ha sido hasta el momento.

La atomización es uno de los mayores males de la organización administrativa, lo cual genera desperdicio de recursos y dificulta e imposibilita muchas veces la unidad de acción. Deben reconstruirse las cadenas de jerarquía, eliminando una gran cantidad de juntas directivas, sustituyéndolas en algunos casos por consejos asesores no vinculantes, restableciendo la capacidad de decisión de los gerentes como jerarcas unipersonales, los cuales deberán rendir cuentas al ministro responsable de su sector.

Gobiernos locales. Deben darse pasos específicos hacia el fortalecimiento de los gobiernos locales, cumpliendo el mandato constitucional de dotar con un diez por ciento del Presupuesto Nacional a los municipios. Este proceso debe empezar al menor plazo posible, pero estableciendo criterios de gradualidad y selectividad, de modo que cada municipalidad asuma las funciones que sus capacidades organizativas le permitan.

Si quiere hablarse en serio de reforma administrativa hay que poner sobre la mesa la discusión de una ley de la función pública que redefina y modernice las reglas esenciales del empleo público.

Ninguno de los anteriores temas es nuevo y ya han sido discutidos hasta la saciedad. ¿Cuánto habrá que esperar para que los responsables de adoptar las decisiones vitales para el país tomen cartas en el asunto?

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