LN OPINIÓN

Costa Rica, Sábado 20 de junio de 2009

/OPINIÓN

José Lino Chaves

Tribunal Ambiental y producción piñera

 No es el Tribunal Ambiental el que contamina

Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo

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El comentario efectuado por el señor Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña (Canapep), en la edición de La Nación del 15 de junio pasado , me permite hacer algunas reflexiones relacionadas con el cultivo de la piña en Costa Rica.

En los últimos dos años, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) ha recibido numerosas denuncias contra empresas productoras de piña. Como resultado, se están procesando 19 expedientes o casos actualmente. Los daños ambientales más frecuentes encontrados por el TAA en estos casos son la invasión de zonas de protección de nacientes, quebradas y ríos; la desviación de cauces y hasta desaparición de estos; la contaminación por agroquímicos, sedimentos y residuos; la desaparición de humedales por rellenos o por desecación; la proliferación de plagas de moscas; la tala de bosque primario y secundario, y el cambio de uso de suelo. Todo esto afecta el recurso hídrico en forma directa junto a otras afectaciones indirectas.

No hay vacío legal. Las afectaciones ambientales indicadas están debidamente tipificadas en la normativa legal de nuestro país, y cito solo algunos ejemplos: artículos 19, 27 y 33 referidos a las zonas de protección de nacientes (100 metros en nacientes no captadas, 15 metros en quebradas y ríos) y 34 de la Ley Forestal; artículos 1 y 31 de la Ley de Aguas; artículos 50, 54 y 58 de la Ley de Biodiversidad; artículos 213, 262, 263, 273 a 276, 285 y 292 de la Ley General de Salud; artículos 41, 42, 43, 51 y 52 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelo; artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; y artículos 50, 53 y 59 de la Ley Orgánica del Ambiente.

Como se ve, la legislación es abundante y también hay jurisprudencia desde la óptica constitucional. Recientemente, la Sala Constitucional emitió los votos 9040-09 y 9041-09 referidos a la contaminación del manto acuífero generado por uso de agrotóxicos en plantaciones de piña en el Cairo de Siquirres y la contaminación del acueducto rural de Milano de Siquirres generada por uso de agrotóxicos en plantación de piña.

Adicionalmente, existen convenios internacionales ratificados por nuestro país, así como normativa vía ley y decretos atinentes. En lo que sí concuerdo con don Abel es en la necesidad impostergable de solucionar el problema de las licencias ambientales para empresas constituidas antes de la promulgación de la Ley 7574.

Ni pobreza ni desempleo. El Tribunal Ambiental no genera pobreza ni desempleo. La normativa 101 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente es la sustentación jurídica del Tribunal Ambiental Administrativo. Nuestra función es sancionar el daño ambiental, además de ordenar su mitigación y reparación. Las medidas que se han tomado han sido respaldadas por criterios técnico-científicos, cuyo propósito es defender el ambiente, así como la salud humana.

No es el Tribunal Ambiental quien contamina, destruye bosques, humedales y nacientes; lamentablemente estas prácticas irresponsables son las que nos llevan a aplicar la legislación. Pero hay algo más grave que los propios daños ambientales –a veces irreparables– y es la conciencia con la que se perpetran estos actos. Aquí no estamos ante una simple infracción ambiental, sino que estamos jugando con el futuro de los/las costarricenses. La afectación de los recursos naturales –incluyendo, por supuesto, el hídrico– tarde o temprano nos afectará a todos, incluidos los propios destructores. No resulta válido achacarnos hechos de los cuales los únicos responsables son los propios empresarios infractores.

El cambio de actitud debe nacer del sector empresarial. El Tribunal Ambiental Administrativo tiene las puertas abiertas para cualquier costarricense, como bien le consta al presidente de Canapep, y no nos cansaremos de insistir en el cambio de actitud que deben tener muchos empresarios, no solo los piñeros.

Es el sector empresarial el llamado a manifestar una responsabilidad social que los obliga a ser respetuosos con el ambiente. Algunos empresarios están dando muestras de ello, pero, si otras empresas violentan la legislación ambiental, seguiremos siendo rigurosos en la aplicación de las sanciones pertinentes,

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