LN OPINIÓN

Costa Rica, Sábado 27 de junio de 2009

/OPINIÓN

Nacion.com

Página Quince

Paul Rueda | paulrueda@gmail.com

Acciones frente a la corrupción judicial

 Es indispensable evitar promover una reforma total y profunda del Poder Judicial

Abogado

http://wvw.nacion.com
TAMAÑO

Nuestro Poder Judicial es bastante sui géneris. Amén de lo propio –la función jurisdiccional– el legislador optó por asignarle al Ministerio Público, la Defensa Pública, el OIJ y hasta la Dirección Nacional de Notariado, esta última apartada luego por la Sala Constitucional.

Incluso, se confió tanto en el Poder Judicial que a la Corte Plena se le encomendó la delicada tarea de elegir a los magistrados del TSE. Esta legitimación histórica del Poder Judicial ha sido fundamental para la sostenibilidad de nuestro régimen político y, por este motivo, es urgente resguardarla.

Lamentablemente, desde hace dos décadas, la confianza en la justicia ha venido debilitándose. Así, el “Proyecto Estructuras de la Opinión Pública” indica que en 1988, un 43,4% de la población consultada confiaba en la justicia, porcentaje que bajó a 22,9% en el año 2006.

La historia reciente nos señala un momento en extremo crítico para el Poder Judicial. Me refiero a los informes parlamentarios de la Comisión de Narcotráfico emitidos a finales de los ochentas.

En aquella ocasión, merced a una adecuada labor multipartidaria y de autoridades judiciales, de la crisis emergió un compendio de saludables reformas, entre ellas la introducción de la carrera judicial, que impulsó reglas más objetivas en la selección de jueces y los dotó de estabilidad laboral.

Señales de alerta. Hoy, de nuevo, diversos indicadores emiten señales de alerta y obligan a una reacción pronta de las autoridades judiciales y políticas. En el año 2006, de un trabajo de la Escuela de Matemática de la UCR se extrae que el tercer soborno más caro en el sector público es el judicial, solo superado por el soborno para aligerar un trámite de jubilación y el biombo médico.

Posteriormente, en un trabajo sobre corrupción judicial que el infrascrito desarrolló en el año 2007, se advierten las grandes debilidades en la lucha contra la corrupción en materia de peritos y ejecutores, y la necesidad de fortalecer al Tribunal de la Inspección Judicial. Ahora, noticias publicadas en el transcurso del año cuestionan decisiones jurisdiccionales, que se encuentran en proceso de investigación. De ahí que me parezcan oportunas las manifestaciones del Presidente de la Corte (04/06/09), la ACOJUD (14/06/09) y de este medio (“Atención prioritaria a la jurisdicción penal”, 17/06/09), pues todas ellas tienden a la conformación de un frente común en contra de la penetración del crimen organizado y la corrupción en el Poder Judicial, tarea que demanda la labor coordinada de todos los Poderes Públicos.

Para ello, es indispensable evitar la tentación de promover una reforma total y profunda del Poder Judicial. La experiencia me demuestra que cuanto más omnímoda sea la reforma, menos realizable será. Es mejor procurar cambios concretos y puntuales, muchos de los cuales no requieren enmienda legislativa: se trata de edificar la modernización judicial ladrillo por ladrillo.

En cuanto al Tribunal de la Inspección Judicial, en forma constante y en términos proporcionales, se ha venido reduciendo su presupuesto, que pasó del 0,42% en el año 2003 al 0,34% en el 2007. En materia de reclutamiento, se incluyen como factores de ponderación cuestiones que no guardan relación directa con la capacidad técnica de un juez (como docencia o publicaciones, toda vez que conozco destacados jueces y juezas que se han concentrado en su carrera profesional y familiar, no en la académica), y se excluyen elementos que sí son esenciales, como la ética y los antecedentes disciplinarios, a tal punto que un funcionario sancionado puede nuevamente concursar y quedar de primero en una terna con solo que haya publicado bastante y goce de una larga experiencia.

No opera todavía un programa de formación inicial para los jueces por nombrar, propuesta hecha desde el año 2000. La Oficina de Ejecutores y Peritos Valuadores, contemplada en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no existe. Falta un procedimiento disciplinario sumario, cuando el funcionario es sorprendido in fraganti, cometiendo un acto corrupto.

En tal caso, resulta irrazonable que se aplique el mismo plazo de un año de investigación a todo tipo de asuntos, cuando la dificultad probatoria de un asunto in fraganti es ab initio del todo distinta (al respecto, el Poder Judicial ya ha evidenciado los beneficios de procedimientos expeditos de tipo penal cuando el acusado es sorprendido en flagrante).

Queda entonces aprovechar las circunstancias actuales para consolidar espacios de diálogo intra e interinstitucionales que faciliten la urgente mejora de los sistemas de control y evaluación en el Poder Judicial.

FOTOS

  • Nacion.com

ADEMÁS EN OPINIÓN
ARCHIVO COLUMNISTAS
EN VELA   EN GUARDIA
JULIO RODRÍGUEZ JORGE GUARDIA
LETRAS DE CAMBIO    OJO CRÍTICO
LUIS MESALLES RODOLFO CERDAS
ENFOQUE    POLÍGONO
JORGE
VARGAS
FERNANDO DURÁN
TAL CUAL    ENTRE LÍNEAS
ALEJANDRO URBINA ARMANDO GONZÁLEZ
SERVICIOS En tu Celular En tu PDA Noticias por email RSS Fax Horóscopo Cartelera de cine
QUIENES SOMOS | GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA | ESTADOS FINANCIEROS | ANÚNCIESE | TARIFARIO | TRABAJE EN LA NACIÓN
© 2009. GRUPO NACIÓN GN, S. A. Derechos Reservados. Cualquier modalidad de utilización de los contenidos de nacion.com como reproducción, difusión, enlaces informáticos en Internet, total o parcialmente, solo podrá hacerse con la autorización previa y por escrito del GRUPO NACIÓN GN, S. A.
Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com
Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Central telefónica: (506) 2247-4747. Servicio al cliente: (506) 2247-4343 Suscripciones: suscripciones@nacion.com Fax: (506) 2247-5022. CONTÁCTENOS