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Costa Rica, Sábado 27 de junio de 2009

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EDITORIAL

Mecanismos paralelos

 Con demasiada frecuencia, las donaciones recibidas de países e instituciones amigas se canalizan por vías imprevistas

 Si en verdad la madeja institucional es tan densa que impide la gestión eficaz, el deber del Gobierno es esforzarse por modificarla

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Con demasiada frecuencia, las donaciones recibidas de países e instituciones amigas se canalizan por vías imprevistas para la legislación nacional y aun contrarias a ella. El último ejemplo son los ¢22.000 millones que el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) recibió a título de cooperación internacional no reembolsable.

La gestión de los fondos se hizo directamente por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dependencia del Minaet sin potestades para actuar con semejante liberalidad. En criterio de la Contraloría General de la República, la ejecución de los recursos se hizo sin los controles apropiados, en condiciones que dificultan la rendición de cuentas y la evaluación de resultados, sin contar el riesgo de la duplicación de esfuerzos.

La Ley Nacional de Planificación, vigente desde hace 25 años, establece la obligación de tramitar la cooperación internacional mediante el Ministerio de Planificación, que desde el año 2006 tiene el Área de Cooperación Internacional. Pese a la longevidad de la ley y la elemental obligación del funcionario público de conocer el marco legal en el que ejerce sus funciones, don Rubén Muñoz, director de la Oficina de Cooperación Internacional del Minaet, solo atina a explicar que desconocía los procedimientos establecidos.

La explicación es inaceptable, pero no hay razón para ensañarse con don Rubén cuando su proceder es un episodio más de una práctica en mala hora enraizada en el Estado costarricense, casi siempre en nombre de la eficacia y celeridad de la gestión pública.

El problema es mucho más grande que el caso puntual y viene cobrando cuerpo desde hace años, al punto que mereció bautizo: se llama “Estado paralelo”, y pocos ignoran sus características. La principal es la evasión de los controles y procedimientos establecidos por ley, aunque no siempre con malas intenciones.

Más allá de las intenciones, la lesión para el Estado de Derecho –el formal, no el paralelo– siempre existe. Radica, para comenzar, en el irrespeto mismo de la ley por parte del Estado, encargado de hacerla respetar por los particulares y obligado a observarla como límite a los excesos del poder en la sociedad democrática.

La lesión se agranda por el efecto de los mecanismos paralelos sobre la transparencia, elemento indispensable para cultivar la confianza de los gobernados y su identificación con el sistema democrático. Las consecuencias negativas alcanzan su máxima potencia, como ya ha sucedido, con la confirmación de excesos e irregularidades. Los pregonados objetivos de celeridad y eficacia no justifican tanto daño.

Pero la madre de todas las consecuencias negativas es la evasión del problema de fondo. Recurrir a mecanismos paralelos para evadir la regulación existente, es, también, evadir el problema. Si en verdad la madeja institucional es tan densa que impide la gestión eficaz, el deber del Gobierno es esforzarse por reformarla, sin andar con rodeos.

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