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Costa Rica, Lunes 2 de marzo de 2009

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Página Quince

Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

Parálisis constitucional

 Llevamos varios años sin un andamiaje constitucional según nuestras necesidades

Abogado

Una de las razones que hasta hace pocos años se podían enarbolar para cuestionar la necesidad de una Asamblea Constituyente, era la enorme capacidad de adaptación que había mostrado nuestra Carta Fundamental a lo largo del tiempo. En efecto, entre 1954 y el 2003, hubo 54 reformas constitucionales que incidieron sobre el contenido de 84 artículos, de un total de 197. Esta tendencia cambió radicalmente en los últimos seis años, en los cuales no ha habido una sola reforma constitucional.

Puede haber múltiples explicaciones para ese cambio drástico desde la adaptabilidad hacia la parálisis. Una de las razones podría ser que la transición de un sistema bipartidista a uno multipartidista, que se inició con las elecciones del 2002, sea incompatible con el esquema diseñado por la Constitución de 1949. La aparición de múltiples interlocutores ha convertido el proceso de construcción de la voluntad colectiva en un reto prácticamente titánico y esto ha quedado en evidencia con las últimas decisiones trascendentes que hemos debido asumir.

Reforma necesaria. A pesar de que la propuesta surgida de las penumbras del Gobierno a fines del año anterior no era una base seria ni legítima para poner en marcha un proceso de transformación total del texto constitucional, no puede negarse que ya llevamos varios años sin un andamiaje constitucional a la medida de nuestras necesidades como país.

Hace algunos años, ( La Nación, Página Quince, 13/8/2003), propuse un rediseño de la regulación del procedimiento de reforma general de la Constitución, contenida actualmente en su numeral 196, de modo que se permitiera una transformación completa sin necesidad de acudir a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La propuesta consistía en la posibilidad de que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto de Constitución a la Asamblea Legislativa, y, si contaba con la votación de dos tercios de los diputados, sería enviado a referéndum. Otra opción, era la designación de una Comisión Constituyente, con la tarea de redactar una reforma parcial o total de la Constitución, la cual podía ser enviada a consulta popular por votación de la mayoría absoluta de los legisladores.

Esta alternativa evitaría los severos efectos de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, de la cual podría surgir cualquier sorpresa. Se sabe que ningún gobierno es partidario de inclinarse ante el poder originario de un cuerpo deliberante de ese nivel, y, cuando se acepta su convocatoria, es para un mandato posterior, como alegremente se sugería en la ocurrencia a que nos referíamos anteriormente, disponiendo de la agenda de otro gobernante.

Objeto de debate. En cualquiera de las dos modalidades, la preparación del texto podría ser objeto de un amplio debate nacional de previo a su redacción final, permitiendo la participación de todos los sectores sociales y académicos, y la votación de la población sería sobre un texto conocido y no una carta en blanco a personas que en verdad no sabemos cómo van a comportarse una vez que detenten el poder originario que conlleva una asamblea constituyente.

El próximo período de sesiones ordinarias, único período en que se pueden presentar iniciativas de reforma constitucional, se inicia precisamente el 1.º de mayo. Es tiempo suficiente para que se valore la conveniencia de modificar el sistema de reforma constitucional, siguiendo el esquema planteado o diseñando otro mecanismo que permita introducir transformaciones sustanciales sin necesidad de apostar el todo por el todo a una Asamblea Constituyente.

Es hora de tomar decisiones y no seguir viviendo de reproches al sistema vigente sin aportar soluciones concretas.

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