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Costa Rica, Jueves 12 de marzo de 2009

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Página Quince

Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

Reforma electoral y asignación de puestos

 Sorprende que sigamos dependiendo de una regulación mal copiada en 1946

Abogado

Luego de cerca de ocho años de que fuera presentado el proyecto de Código Electoral, con el apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), finalmente se llega a discutir su eventual aprobación en el Plenario Legislativo. Del proyecto original sobreviven numerosas propuestas, así como quedan desechadas iniciativas interesantes, como el voto preferente, la eliminación del subcociente, la regulación de los grupos y candida-turas independientes o la definición de los principios del ordenamiento electoral, reducidos a una simple mención a los principios generales del derecho.

Dentro de las regulaciones que sobrevivieron y debieron haber sido sometidas a una revisión más cuidadosa, se encuentran las relacionadas con la distribución de puestos elegibles por el sistema de cociente y subcociente.

Un error persistente. El proyecto auspiciado por el TSE proponía eliminar la barrera del subcociente, pero, aún así, mantenía la redacción del artículo 138 del actual Código Electoral, promulgado en 1952, que a su vez reproducía la misma disposición del Código Electoral de 1946.

Ese, por su lado, se inspiraba en la regulación de la asignación de plazas establecida por el Código Electoral cubano de 1943, como expresamente se reconoce en la exposición de motivos de la época.

Desde la primera recepción de la regulación citada, la legislación electoral costarricense ha venido incurriendo en un error, ocasionado por la división del artículo original (artículo 338 de la norma extranjera citada) en diversos artículos. Este error consiste en la posibi-lidad real de que, en un escenario de atomización de los partidos políticos, el mayor número de plazas asignables correspondan a partidos que ni siquiera hayan obtenido un cociente (número de votos dividido por número de plazas).

Eso sucede al disponerse que, luego de la adjudicación de las plazas por cociente, se procederá a distribuir los puestos a partir de los residuos (llamados también sobrantes por ser el número de votos que queda luego de restar los cocientes). En esta segunda ronda participan también quienes hayan obtenido al menos una mitad del cociente (subcociente). La falla del sistema consiste en que, si luego de la segunda ronda quedan todavía plazas sin asignar, se vuelve a aplicar el segundo paso. La regulación original extranjera remitía a la repetición del primer paso. La diferencia consiste en que, si un partido con subcociente tiene el residuo mayor, puede verse adjudicadas dos o más plazas, quebrando con ello la proporcionalidad en la asignación de puestos.

Consecuencias. Lo que parece un ejercicio teórico se presenta regularmente en todos los procesos electorales, pero no ha llegado a ser necesario pasar al tercer paso, lo cual es una posibilidad real con la proliferación de agrupaciones políticas, y si el voto de protesta (que tiende a acumularse en las presidenciales a favor de un solo candidato) se diluye entre múltiples opciones para diputados y regidores.

En las elecciones del año 2006, los tres partidos tradicionales (PLN, PUSC y PAC, en este orden) se beneficiaron del sistema, obteniendo un diputado adicional en Guanacaste (con un 44% de votos, un 75% de plazas), San José (con un 6% de votos, un 10% de plazas) y Cartago (con un 27% de votos, un 43% de plazas), que no correspondía con la proporción de votos obtenidos. Si se quiere tener una idea de la importancia de la norma de asignación residual, basta con observar que, en el 2006, 27 plazas de diputados fueron obtenidas con el método de residuo mayor y 30 por cociente.

La propuesta original, avalada por el TSE, habría agravado la situación ya que, al eliminar la barrera del subcociente, el beneficiario de este error lógico en el sistema podría ser un partido que ni siquiera hubiera alcanzado el 50% de los votos necesarios para obtener una plaza.

Este tema es de tanta trascendencia que sorprende que todavía sigamos dependiendo de una regulación mal copiada en 1946 y que puede generar graves problemas de distribución de puestos en los procesos electorales del futuro.

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