LN OPINIÓN

Costa Rica, Sábado 21 de marzo de 2009

/OPINIÓN

Rodrigo Arias

Una propuesta para un nuevo sistema político

 La constituyente busca una mejor estructura organizativa y funcional del Estado

Ministro de la Presidencia

La promulgación de la Constitución del 49 le ha permitido a Costa Rica seis décadas de convivencia pacífica, consolidación democrática e innegables conquistas sociales, económicas y políticas.

Sin embargo, no podemos ignorar las enormes transformaciones que en estos años ha experimentado el mundo y el país.

Por eso he planteado mi convicción de avanzar hacia la convocatoria de una asamblea constituyente, teniendo en cuenta las condiciones actuales: grandes desafíos económicos y sociales, búsqueda de una mayor inserción y participación en un mundo más globalizado e, internamente, un pueblo que luce la madurez política de una democracia consolidada, de amplio pluralismo político y propicia para el debate de ideas y desarrollo de ideologías opuestas.

Veo en la constituyente la misión de buscar una mejor estructura organizativa y funcional, para solucionar la lentitud en la adopción y ejecución de decisiones cruciales, para rescatar el principio de autoridad y de acción del poder ejecutivo y para potenciar la unidad y concertar eficientemente los medios y esfuerzos de todo el sector público, dando énfasis a las áreas sensibles de fiscalización y control.

Ejes principales. Para ello, la primera tarea es definir los ejes para ofrecer una estructura ordenada y sistemática del texto normativo. Esos ejes son: sistema político y república, derechos fundamentales, régimen electoral, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, administración municipal, administración descentralizada, control y fiscalización, y, por último, sistema normativo, vigencia y reformas de la Constitución Política.

Creo que el Estado debe optar por mantener una estructura organizativa repartida entre cuatro poderes: electoral, legislativo, ejecutivo y judicial, con independencia organizativa y atribución de funciones exclusivas.

El Tribunal Supremo de Elecciones debe reconocerse como un poder electoral, con funciones tanto para la organización y dirección de los procesos electorales, como jurisdiccionales.

Sobre la organización del poder legislativo, considero prudente mantener el régimen unicameral de representantes, pero integrado con tres grupos: los provinciales, los nacionales y los gubernamentales, estos últimos en la figura de los vicepresidentes de la República. Los diputados tendrían la condición de funcionarios de tiempo completo, con la posibilidad de ser reelegidos en forma sucesiva.

En la función legislativa, fuera de la que se exprese en las leyes ordinarias, las de formación compleja y las calificadas, es conveniente también contemplar las leyes de iniciativa de los otros poderes (electoral y judicial), y no solo del ejecutivo.

El procedimiento de aprobación de leyes debe definir con claridad las distintas etapas en la formación de la voluntad, las facultades de los diputados y los tiempos de duración de cada fase. Es importante incluir, además, la posibilidad de dar un trámite preferente y sumario a ciertos proyectos que determine el ejecutivo, durante el período de sesiones de leyes de iniciativa de otros poderes.

Respecto del poder judicial, creo que, en particular la Sala Constitucional, es conveniente integrarla con dos secciones, de cuatro magistrados cada una, para conocer de los recursos de amparo y hábeas corpus.

Las acciones de inconstitucionalidad serán de conocimiento del tribunal en pleno, con un quórum estructural de siete magistrados. Por su naturaleza especial, esta sala tendría la condición de órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, amplias facultades organizativas, presupuesto separado y potestad reglamentaria.

En el poder ejecutivo debe destacarse la figura del presidente de la República y su rol de dirección de la administración pública, y diseñar su ámbito de acción fundado en la figura del ministro, limitando en lo posible la gestión de órganos colegiados, entiéndase el Consejo de Gobierno, y las actuaciones conjuntas del presidente y el ministro. Los ministros asumirán así un papel más destacado y activo en el ámbito de su competencia.

El presidente, como funcionario de la más alta jerarquía en el ejecutivo, será de elección popular, con la posibilidad de reelegirse en forma sucesiva por una única vez. Tendrá funciones de representación del Estado, velará por el funcionamiento regular de la administración pública y la unidad y continuidad del Estado. Solucionará los conflictos en el interior de la administración central, y de esta con la administración municipal y descentralizada; ordenará la intervención de entes públicos y adoptará las decisiones ejecutivas vinculantes para la atención de situaciones que sean de interés general.

Para la administración municipal urge una reestructuración territorial que optimice las áreas geográficas y la integración funcional, a fin de encontrar un equilibrio adecuado entre población, territorio e ingresos propios, y que favorezca las capacidades reales de cada comunidad y de su administración.

En el caso de la administración descentralizada es imprescindible ordenar los criterios de organización y creación de personas jurídicas públicas, con el objeto de frenar la proliferación de entes públicos y la excesiva atomización de competencias.

Fiscalización y control. Por último debemos rejuvenecer las herramientas de fiscalización y control, dando énfasis a la supervisión de las obras y servicios públicos, en el seno del ejecutivo, y como expresión del programa de gobierno que los ciudadanos aprobarán en cada elección. Las funciones de tutela buscarán asegurar el correcto y oportuno uso de los recursos estatales, pero sin afectar la agilidad necesaria en la toma y ejecución de decisiones.

Todas estas ideas expresan los pilares de una propuesta para la reforma general de nuestro sistema político, y requieren, por su profundidad, la convocatoria a una asamblea constituyente.

Invito a los actores políticos con voluntad de impulsar esta renovación a encontrar la vía de canalizar las reformas en el seno de la Asamblea Legislativa, asumir el reto de trascender los enfrentamientos político-electorales, y entregarles a las futuras generaciones un texto fundamental actualizado, que sea un real aporte para que los ciudadanos podamos mirar hacia el futuro con optimismo, dinamismo y fe inquebrantable en el destino superior de Costa Rica.

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