LN OPINIÓN

Costa Rica, Jueves 14 de mayo de 2009

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Página Quince

Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

Institucionalidad y emergencias

 Son necesarias reformas constitucionales para afrontar las situaciones de emergencia

Abogado

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Uno de los mayores vacíos de nuestra normativa constitucional es el relacionado con los poderes extraordinarios para afrontar las situaciones de emergencia, sean estas originadas por eventos de la naturaleza, crisis económicas, ame-nazas a la salud pública o cualquier otro motivo que requiera decisiones urgentes.

Si el actual Gobierno hubiera tenido alguna idea de cómo afrontar los efectos de la crisis económica global en nuestro país, habría encontrado enormes dificultades para llevarla a la práctica. Lo mismo puede decirse del tratamiento gubernamental de las secuelas del terremoto de enero de este año.

La amenaza sanitaria reciente tomó completamente desprevenidas a las autoridades nacionales y, afortunadamente, lo que inicialmente se concebía como una emergencia sin precedentes no tomó el camino pronosticado, para mala fortuna del amarillismo televisivo y radial y para bien del país.

El marco normativo para actuar en condiciones de estabilidad se encuentra muy cercano al de parálisis crónica, pero lo que debería generar una reflexión que conduzca a la adopción de correctivos es que, para el caso de las emergencias, no existen previsiones constitucionales suficientes para investir a las autoridades públicas de competencias extraordinarias aptas para resguardar la continuidad de la Nación.

Lo que se conoce como Ley de emergencias se reduce a las respuestas ante desastres naturales y, como se ha visto, no ofrece soluciones eficaces, además de que no ha pasado de ser otro botín político para quienes lucran con las desgracias ajenas.

Reformas. Es necesario que al menor plazo se discutan y aprueben reformas constitucionales que permitan a las autoridades disponer de competencias excepcionales para afrontar las situaciones de emergencia de todo tipo, de modo que las medidas puedan adoptarse de forma inmediata.

A pesar de que la economía mundial muestra signos de estabilización, los efectos de la crisis económica podrían prolongarse todavía mucho más y hacerse sentir con mayor rigor en nuestro país. Llegará el momento en que los poderes públicos deberán tomar medidas drásticas, y la normativa actual no lo permite.

Es cierto que, desde hace seis años, nuestra Constitución no se actualiza y que, con los legisladores actuales y recientes, esa parálisis podría ser mejor que lo contrario, pero, en la materia que comentamos, se hace imprescindible la adopción de previsiones normativas expresas que doten a las autoridades públicas de atribuciones extraordinarias para afrontar las emergencias.

Debemos comprender que, ante situaciones excepcionales, debe estarse en capacidad de adoptar medidas también excepcionales.

Si quienes tienen en sus manos aprobar los ajustes necesarios no son capaces de trascender sus banales y transitorios intereses de partido y personales, sin duda alguna estamos en emergencia permanente y se ha perdido del todo la capacidad de reacción.

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