EDITORIAL |
Tras cuatro meses de riesgos y tribulaciones, al fin la democracia hondureña parece haber salido triunfante y, con ella, la de toda América Latina. Un peculiar golpe de Estado que nunca debió producirse, que puso en serio riesgo la estabilidad interna del país, convulsionó la región y desafió la capacidad diplomática hemisférica, está en proceso de ser revertido, mediante un arreglo razonable para regresar a la normalidad política e institucional. Se trata de un hecho inédito en América, que debe ser bienvenido.
El acuerdo fue alcanzado el jueves en la noche, luego de maratónicas sesiones negociadoras entre los delegados del presidente constitucional, Manuel Zelaya, y el de facto, Roberto Micheletti. En ellas resultaron determinantes el papel facilitador de la Organización de Estados Americanos (OEA), la presión de Estados Unidos y el plan elaborado por el presidente Óscar Arias, que sirvió de base de discusión y solución. Pero, en última instancia, y pese a sus desviaciones e intransigencias previas, el principal logro hay que atribuírselo a los protagonistas directos y sus colaboradores más inmediatos, quienes, en palabras de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, finalmente “dieron una apreciable muestra de flexibilidad y sentido patriótico”.
Cumplida esta etapa, ahora viene otra también difícil, pero que ya se encuentra encaminada: el cumplimiento de los términos del acuerdo. Este incluye que el Congreso se pronuncie sobre la restitución de Zelaya; la renuncia del mandatario a modificar la Constitución; la formación de un Gobierno de unidad nacional; la transferencia de la autoridad sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al Tribunal Supremo Electoral; la realización de comicios el 29 de noviembre, como estaba previsto, y la creación de dos comisiones. La primera de ellas, integrada por dos hondureños y dos delegados de la OEA, deberá verificar el cumplimiento de los compromisos; la segunda investigará los hechos antes, durante y después del golpe.
Los partidos, dirigentes políticos e instituciones hondureñas tienen ahora la gran responsabilidad de apegarse al guión acordado; ningún irrespeto es aceptable. En especial, el Congreso debe autorizar rápidamente el regreso de Zelaya al poder, lo cual permitirá crear el Gobierno de unidad nacional del cual dependerá el resto. Todo esto conducirá a la normalización de relaciones con Honduras, y dará total legitimidad a su proceso electoral, que será “acompañado” por representantes de la OEA, gobiernos e instituciones no gubernamentales de América.
Si echamos la mirada hacia atrás, cuando prevalecía la intransigencia absoluta de Micheletti y Zelaya, la OEA daba palos de ciego y el gobierno de Hugo Chávez, junto a sus más cercanos aliados, parecía marcar el ritmo y tensión de los hechos, podemos aquilatar con mayor precisión la magnitud del cambio y la importancia de la salida encontrada. Debemos también reconocer que, en esos momentos, fueron los esfuerzos de mediación nacional, encabezados por el presidente Arias, los que abrieron la puerta hacia la sensatez.
Resultó muy difícil mantener abierta la opción negociadora frente a tantos embates de rigidez, irresponsabilidad y manipulación. Pero, finalmente, varios actores responsables se sumaron al esfuerzo, otros cambiaron de actitud y el Acuerdo de San José, con algunas modificaciones, logró prevalecer. El acuerdo también implica el respeto a la Carta Democrática Interamericana, que en algún momento parecía un documento muerto, pero ahora ha adquirido nueva fuerza. Además, normaliza las relaciones centroamericanas y permite, entre otras cosas, continuar el proceso para el acuerdo de cooperación con la Unión Europea.
Con la vigencia plena de este acuerdo –que esperamos sea pronta-- no cesarán los problemas de Honduras, que son muchos y en diversos ámbitos. Pero sí se podrá superar el peligroso trauma generado por el golpe y retomar la vía democrática, esperamos que, ahora, con mayor convicción que antes. Hay razones válidas para calificar el desenlace de histórico.
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