Tribunal rechaza reclamo a la Caja por $46 millones

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El Tribunal de Juicio de Goicoechea rechazó por falta de legitimación el reclamo que por $46 millones presentó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y solo concedió $639.000 de los $89 millones pedidos por la Procuraduría General de la República.

Para los jueces, la Caja no tenía la facultad de acudir a la vía penal a cobrar daño moral y perjuicios por la compra de equipo innecesario, el pago de comisiones y de un sobreprecio de los equipos.

En el por tanto de la sentencia, el Tribunal no ahondó en explicaciones sobre el asunto, pero Wílliam Rodríguez, uno de los abogados que representaron a la Caja, dijo que del fallo se desprende que los condenados por peculado en la vía penal no utilizaron dineros que provenían de la CCSS.

“Eso no es así porque la ampliación a la licitación (que fue por $7,4 millones) para la compra de equipo adicional se financió con fondos propios de la institución”, argumentó Rodríguez.

Agregó que cuando el 3 de noviembre tenga la sentencia integral tendrá un mayor criterio para poder fundamentar las razones por las cuales apelarán la sentencia ante Casación.

Reducida. El Tribunal, al acoger en forma disminuida el reclamo que por $89 millones presentó la Procuraduría, informó de que se aceptaba el daño social por implicaciones a la economía nacional, que valoró en $639.981.

Esa cifra la deben pagar solidariamente la Corporación Fischel, O Fischel R &Compañía, Wálter Reiche Fischel, Marvin Barrantes Vargas, Eliseo Vargas García, Gerardo Bolaños, Juan Carlos Sánchez y Rafael Ángel Calderón.

Los jueces aceptaron la petición de la Procuraduría de decomisar a favor del Estado “los dineros de origen espurio” que fueron devueltos por los condenados.

Se trata de $380.000 en efectivo depositados por Rafael Ángel Calderón y su esposa, Gloria Bejarano; $104.829 que entregó Eliseo Vargas y los ¢60 millones ($102.000) que depositó en certificados Gerardo Bolaños Alpízar.

Los jueces dijeron que esos dineros suman $587.465 que, abonados a los $639.981, dejan un saldo de $52.516 que deberán pagar las dos empresas y los seis sentenciados.

Esos mismos condenados deberán sufragar ¢22 millones por el pago de costas personales y honorarios de abogados.

José Miguel Villalobos, defensor de Eliseo Vargas, dijo que la condena civil es bastante extraña y “me parece una vergüenza”.

En tanto, Gílberth Calderón, procurador de la Ética, dijo que la aceptación del reclamo por daño social es novedoso y tenía como objetivo establecer la afectación que sufre la ciudadanía cuando se evidencia un caso de corrupción.