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Costa Rica, Martes 8 de septiembre de 2009

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Página Quince

Marco Durante

El sindicato de Japdeva y lo que Limón merece

Abogado laboralista

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Pasé mi niñez entre los tramos y pasadizos del mercado de Limón, donde mis padres trabajaron por más de 35 años. Al igual que muchos niños limonenses, fui a la Escuela de Varones y al Colegio Diurno. En ambos, al ritmo de las bandas estudiantiles, desfilé orgullosamente como estudiante los 15 y 25 de setiembre de cada año, jugué futbol en las canchas de Cieneguita y del Juan Gobán, comí chicheme de Paytó (q.d.D.g) y por supuesto, fui alumno de educación física del temido y recordado Dolfó .

Como limonense y como abogado laboralista, he leído las noticias relacionadas con la intención de dar en concesión los muelles de Limón y Moín y la posición adoptada por la cúpula del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap). Quisiera compartir mis impresiones de este caso.

El ofrecimiento gubernamental. El Gobierno hizo público su ofrecimiento de reconocer una indemnización extraordinaria que asciende a los US$ 137 millones de dólares (cerca de 80.000 millones de colones) a los trabajadores por el despido que se realizaría al amparo de la vigente convención colectiva. Este monto se repartiría entre los trabajadores y es adicional al auxilio de cesantía que les correspondería.

¿La oferta hecha por el Gobierno es acorde a nuestro ordenamiento jurídico? En las normas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores no encontramos una que de forma expresa permita indemnizaciones extraordinarias de esta naturaleza. El único espacio de legalidad posible estaría en la vigente convención colectiva de Japdeva.

Recordemos que sobre este tipo de indemnizaciones ya nuestro país cuenta con un antecedente, cuando en el año 2003 se dio en concesión el muelle de Caldera. En aquel momento, se generaron dudas sobre la constitucionalidad de la indemnización cancelada a los funcionarios del Incop, y la Sala Constitucional, mediante voto N.° 14606-2003, indicó que conforme al artículo 62 de la Constitución Política, la convención colectiva tiene fuerza de ley y si dicha convención fue adicionada para incluir el gasto relativo a la indemnización de los trabajadores cesantes del Incop para implementar su proceso de fortalecimiento y modernización, es título suficiente para autorizarlo y la transferencia, en sí, no cabe entenderla como una norma atípica.

Pero en esta ocasión y ante una eventual consulta, ¿mantendría la Sala Constitucional ese mismo criterio? Recordemos que en los últimos años esta instancia ha declarado inconstitucionales algunos beneficios plasmados en otras convenciones colectivas, como las de Recope, INS, Banco Popular, AyA y CNFL. El fundamento para la declaratoria de inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones que contenían estas convenciones fue considerar que los beneficios ahí establecidos constituían privilegios irrazonables y violentaban diversos principios que permean nuestro ordenamiento jurídico, tales como el de razonabilidad y proporcionalidad de las normas, principio de legalidad y el principio de igualdad, además de que, a juicio del órgano constitucional, los beneficios establecidos implicaban una desproporcionada utilización de fondos públicos.

La posición de la dirigencia de Sintrajap. Por su parte, llama particularmente la atención la postura de los dirigentes de Sintrajap, quienes se han opuesto al ofrecimiento de pago de los 80.000 millones de colones, manifestando públicamente que ese monto no es suficiente. Han exigido US$ 500.000 para cada trabajador.

Actuaciones como estas no solo desgastan la credibilidad e imagen del movimiento sindical de nuestro país, sino que, además, configuran una práctica laboral desleal, sancionada en el artículo 363 del Código de Trabajo, porque de forma dolosa exceden sus facultades de simples representantes e impiden el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, quienes al parecer por mayoría han solicitado convocar una asamblea y votar en secreto si deciden o no aceptar la propuesta del Gobierno.

Esperemos que la dirigencia de Sintrajap rectifique pronto su proceder. Esta es una buena oportunidad para demostrarle al país que existen dirigentes sindicales dispuestos a construir un movimiento sindical distinto –como existe en otros países– en el que tanto trabajadores como patronos puedan dar credibilidad a sus acciones.

Inversión del dinero ofrecido como indemnización. No debemos obviar que por encima de los intereses de grupos individuales, hay toda una población que podría beneficiarse de esos 80.000 millones de colones de indemnización adicional al auxilio de cesantía. El Gobierno debería invertir la mayor parte de esa indemnización extraordinaria en procesos de recolocación (outplacement) y capacitación para los trabajadores de Japdeva que quedarían desempleados, de forma que a la mayor brevedad posible puedan encontrar reubicación en el mercado laboral, y convertir una parte importante en una inyección de capital para la provincia, que cada día la carcome más la violencia y la inseguridad ciudadana, a vista y paciencia de todo el país.

Limón tiene el capital humano suficiente para recibir en zona franca muchas empresas de servicios que requieren personal de habla inglesa (p. ej. contact center ), lo que falta es una fuerte inversión en infraestructura, capacitación y formación conjunta entre el INA y los centros educativos y, por supuesto, mayor seguridad ciudadana, para que dichas empresas vean en Limón un buen lugar para instalarse, y todos los limonenses podamos ver otra vez la provincia que en su momento fue la ciudad más limpia y próspera de Costa Rica.

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