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Costa Rica, Viernes 11 de septiembre de 2009

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Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

Contratación pública sin remedio

 Los problemas no están en las normas, sino en los sistemas de gestión administrativa

Abogado

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Cuando en 1994 acepté colaborar con la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa en la redacción de un proyecto de Ley de Contratación Administrativa, el panorama era mucho más desolador que hoy en día.

Predominaba la absoluta discrecionalidad de jerarcas y juntas directivas en la escogencia de los adjudicatarios y había ausencia total de criterios para la comparación de ofertas.

Luego de un amplio proceso de participación de todos los sectores relacionados con la materia, tuvimos como resultado una ley que se construyó a partir de lo que se consideró debían ser los principios fundamentales rectores de las compras públicas: la eficiencia, la transparencia y la libre competencia.

Se trató de implantar un sistema basado en la celeridad y la eficiencia, con amplia libertad para los administradores públicos, pero con mecanismos de control importantes. El proceso de alfabetización fue intenso y entre los protagonistas que más tiempo tardaron en asimilar el nuevo abecedario estuvo la Contraloría General de la República que, siempre estuvo claro desde la redacción de la Ley, era una parte importante del problema de la ineficiencia en la contratación pública.

Fallas. Pese al enorme avance normativo que se alcanzó con la entrada en vigencia de esa Ley el 1.° de mayo de 1996, no podemos estar ni siquiera remotamente satisfechos con el estado actual de esa actividad.

Los resultados están a la vista, y cada día se observan ejemplos en infraestructura, compra de servicios y adquisición de bienes que ponen de relieve que el sistema en su conjunto está fallando.

Sin duda alguna, los mismos serios problemas de deficiente gestión administrativa que existían hace quince años siguen atentando contra la eficiencia de las compras públicas y debemos aceptar que los cambios normativos por sí mismos son totalmente insuficientes para alcanzar los niveles de mejora que todos esperamos.

Probablemente, la falla siga estando en las deficiencias del control. Los organismos encargados de darle seguimiento a este tema internacionalmente, señalaban, de manera informal, hace algunos años, que en cada región existían estándares preestablecidos de comisiones ilegales en los proyectos de contratación pública.

La primera vez que escuché estas referencias fuera del país, se mencionaba que en la mayoría de las naciones africanas, las comisiones o sobornos podían llegar en muchos casos hasta el cincuenta por ciento de lo adquirido y que en cada región había una tarifa.

En América Latina se encontraba alrededor del diez por ciento. Este último monto es sorprendentemente coincidente con los montos que se han mencionado en los dos escándalos de compras públicas que mayor atención han recibido en los últimos años.

Tal parece que entre las múltiples formas que puede asumir la corrupción estatal, los dividendos pueden ser mayores y más tangibles en materia de compras públicas. Ya sea beneficiando a grupos relacionados o colaboradores de campaña, o poniendo en práctica el sistema antes mencionado, las adquisiciones permiten movilizar sumas inmensamente superiores a las de las modalidades “rateriles” de corrupción.

Es aquí en donde surge la duda de si realmente habrá políticos interesados en que las obras de infraestructura se concluyan en plazos y con costos razonables, en que los sistemas de cómputo adquiridos por cientos o miles de millones de colones funcionen, en que los servicios contratatados cumplan una finalidad o, en general, que se cumpla un fin público en cada una de las multimillonarias contrataciones administrativas tramitadas diariamente.

Ante el panorama poco esperanzador que se observa en esta materia, no puede uno menos que concluir que el problema no está en las normas, sino en los sistemas de gestión administrativa y en una medida importante, en la ausencia de controles efectivos.

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