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Costa Rica, Miércoles 17 de febrero de 2010

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EDITORIAL

Sentencias en vilo

 La sentencia sobre el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y los demás implicados en el caso Caja-Fischel está en el aire

 La falta de segunda instancia es motivo suficiente para que la Corte Interamericana deje ese y otros 450 fallossin efecto

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La sentencia dictada contra el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y los demás implicados en el caso Caja-Fischel está en el aire. Ahí seguirá, aunque la Sala Tercera la ratifique en todos sus extremos cuando resuelva los recursos de casación interpuestos por fiscales y defensores. La legislación nacional no prevé un recurso de apelación apto para hacer la revisión integral de las sentencias penales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha advertido con insistencia.

La falta de segunda instancia es motivo suficiente para que la Corte Interamericana deje sin efecto la sentencia del Tribunal de Juicio de Goicoechea. No sería la primera vez. El precedente quedó bien sentado en el caso Herrera Ulloa donde Costa Rica fue condenada, entre otros motivos, por violación del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo texto establece el derecho a la revisión de las sentencias.

En el caso del Expresidente, Costa Rica se arriesga a sufrir una nueva condena, quizá no la segunda, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó a la Corte sobre la existencia de unas 450 demandas interpuestas por idénticas razones. La catástrofe judicial está anunciada y la responsabilidad descansa, exclusivamente, sobre la Asamblea Legislativa y su Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Nada pueden hacer los tribunales para subsanar el defecto mientras el Congreso no modifique la legislación para dar cabida a la segunda instancia.

El Dr. Juan Marcos Rivero, defensor del exmandatario, interpuso recurso de apelación contra la sentencia a sabiendas de que ese recurso no existe en la legislación nacional. Lo hizo, precisamente, para documentar su inexistencia. “Costa Rica está obligada conforme al Derecho Internacional a dar apelación del fallo y de manera rebelde y reticente se abstiene. No importa cualquier cosa que digan, van a terminar tarde o temprano en la Corte Interamericana”, declaró el abogado. Rivero pudo haber añadido que en esa instancia su caso tiene grandes posibilidades de éxito.

La condena sufrida por Costa Rica en el caso Herrera Ulloa se produjo en julio del 2004. Costa Rica intentó subsanar el defecto mediante la Ley de Apertura de la Casación Penal, aprobada en el 2006. La ley amplía el recurso de casación, despojándolo de su carácter estrictamente técnico y formal, para permitir a los magistrados una revisión más completa de las sentencias, pero la Corte Interamericana advirtió la insuficiencia de la reforma frente a las exigencias de la Convención.

El 9 de julio del 2009, la Corte se pronunció sobre el incumplimiento de la sentencia del 2004 y señaló que los esfuerzos desplegados hasta ahora son insuficientes para satisfacer la orden girada en aquel año. En consecuencia, quedó reiterada la necesidad de crear el recurso de apelación. La resolución no tomó por sorpresa a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la máxima instancia en materia penal se adelantaron a presentar un proyecto de Ley de Creación del Tribunal de Apelación y publicaron un extenso artículo en defensa de su iniciativa. El artículo se imprimió en las páginas de este diario, donde las advertencias editoriales sobre el tema han sido frecuentes.

En octubre, la Comisión de Asuntos Jurídicos se precipitó a rendir su tardado dictamen y el proyecto pasó a ocupar el puesto 125 en la agenda del Plenario. Es decir, quedó para las calendas. El Poder Ejecutivo está llamado a remediar el estancamiento mediante la convocatoria del proyecto en sesiones extraordinarias, como afortunadamente lo hizo ayer.

Costa Rica ha tardado, hasta ahora, más de cinco años en cumplir la sentencia del 2004. Las consecuencias de la demora están bien advertidas por la Corte Interamericana, los magistrados de la Sala Tercera, la prensa y aun los diputados más conscientes del problema, como el libertario Mario Quirós y el liberacionista Jorge Méndez. En julio del 2009, cuando supo del último pronunciamiento de la Corte Interamericana, Méndez puso los puntos sobre las íes: “Esta nueva resolución de la Corte Interamericana debe interpretarse como un fuerte llamado de atención al Estado, donde el Poder Legislativo, por supuesto, tiene una responsabilidad que asumir”.

Es una responsabilidad urgente e irrenunciable por la cual deberán responder los diputados actuales y los que asuman sus curules en mayo.

En manos de las autoridades elegidas por el pueblo está la posibilidad de evitarle al país nuevas condenas internacionales, es decir, nuevas vergüenzas allende nuestras fronteras.

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