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Costa Rica, Viernes 19 de febrero de 2010

/OPINIÓN

EDITORIAL

El país exige mayor libertad de expresión

 Un 54% de los entrevistados por Unimer dijeron que la Asamblea Legislativa debe hacer las reformas necesarias

 Hay temor al escrutinio público propio de la democracia. Los diputados se niegan a profundizarlo mientras el país se lo reclama

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Un 69% de los costarricenses califican la labor de la prensa de “buena” y un 13% de “muy buena”. Sumadas, las opiniones favorables alcanzan un 82%. El resultado de la encuesta hecha en enero por la firma Unimer para el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) es muy satisfactorio. Periodistas y medios debemos celebrarlo sin caer en el conformismo y la autocomplacencia. Como profesionales de la comunicación, somos los primeros en entender las limitaciones existentes y las grandes oportunidades de mejoría.

Más allá del espaldarazo a la labor periodística, el estudio de opinión revela importantes percepciones de la ciudadanía sobre la libertad de expresión. El 49% de los costarricenses comprenden que las leyes aplicables al ejercicio del periodismo limitan su esfera de acción. El 39% considera falso ese enunciado. Hace años, la pregunta pudo haber suscitado respuestas muy diferentes. La madurez abre espacio para la autocrítica y los costarricenses ya no se conforman con la visión idílica del país y sus instituciones, tan común en el pasado.

Nuestro régimen de convivencia pacífica, democrática y libre es legítimo motivo de orgullo nacional, pero entendemos que es perfectible y no una obra terminada. Por eso podemos pregonar, como lo hicieron el 59% de los encuestados, que en el país existe libertad de expresión y, al mismo tiempo, reconocer las cortapisas impuestas por normas anacrónicas, como lo hizo el 49%. No hay contradicción. En Costa Rica vivimos un régimen de libertad de prensa y expresión, pero podría y debería ser mejor.

No tenemos a mano un estudio similar al de Iplex, hecho en algún punto del pasado, para demostrar el cambio de las percepciones en el tiempo. La conclusión deriva de las experiencias acumuladas a lo largo de los años. Hubo momentos decisivos, cuyo impacto moldeó el cambio. Entre ellos cabe citar el asesinato de Parmenio Medina y los grandes escándalos de corrupción política y administrativa. La condena dictada contra el Estado costarricense en el 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también llamó la atención sobre las deficiencias prevalecientes.

El panorama de la libertad de expresión es hoy distinto al de hace años. Paso a paso, las limitaciones más abusivas vienen desapareciendo, como acaba de ocurrir con el artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902, que amenazaba con condenas de prisión a quienes cometieran algún exceso en los medios impresos. Los jueces también se muestran sensibles a los avances de la mejor doctrina jurídica y comienzan a aplicarla.

La Asamblea Legislativa, por el contrario, se mantiene ausente. Su última contribución al avance de la libertad de expresión fue la derogatoria del desacato, un delito de orígenes medievales diseñado para proteger a los funcionarios públicos, privilegiando su derecho al honor por encima del de los demás ciudadanos. La crítica internacional y el repudio interno a la condena dictada contra el periodista Bosco Valverde (q.d.D.g.) impulsaron la derogatoria del desacato, cuya permanencia en la legislación nacional se había tornado indefendible.

La reforma fue aprobada en el 2002 y, desde entonces, ningún avance se le debe a la Asamblea Legislativa, que tampoco hizo contribución alguna en las tres décadas precedentes. Por el contrario, existen iniciativas de reforma próximas a cumplir una década de dar tumbos en la corriente legislativa. Un proyecto, dictaminado en el 2004, apenas se ha salvado de caer en el archivo.

El divorcio entre las percepciones de los ciudadanos y las actitudes de la clase política representada en el Congreso no puede ser más obvio. Un 54% de los entrevistados dicen que la Asamblea Legislativa debe hacer las reformas necesarias. Según Eduardo Ulibarri, presidente del Iplex, ese resultado debería incentivar a los diputados para que “…de una vez por todas pierdan el miedo a que en el país haya un clima aún más favorable para la libertad de expresión”. La frase es afortunada porque identifica, con precisión, la causa de la parálisis legislativa. Hay temor al escrutinio público propio de la democracia. Los diputados se niegan a profundizarlo mientras el país se los reclama. Cuando fue diputada, la presidenta electa se mostró partidaria de la reforma.

Existe, pues, esperanza de que, bajo su liderazgo, el Congreso venza el miedo.

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