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Costa Rica, Lunes 22 de febrero de 2010

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EDITORIAL

Coopemex

 Lo ocurrido en Coopemex debe ser analizado con atención para extraer las conclusiones pertinentes hacia el futuro

 El historial de las cooperativas contiene graves fallas que, en el pasado, el Estado miró con indiferencia y complacencia

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Lo que no sucedió en Costa Rica durante el período más álgido de la crisis financiera nacional e internacional, tuvo lugar la semana pasada: la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) intervino la cooperativa de ahorro y crédito Coopemex.

La noticia causó incertidumbre y mucha preocupación en el ámbito financiero nacional. La inquietud que flotaba en el ambiente era si habría posibilidades de algún contagio al resto de las cooperativas y entidades financieras que operan en el país, capaz de causar un riesgo sistémico y poner en peligro la estabilidad del sistema financiero y el ahorro de los costarricenses.

Afortunadamente, la misma Sugef salió al paso para desmentir los rumores. En un comunicado de prensa, emitido el mismo día en que se llevó a cabo la intervención, afirmó que el caso de Coopemex era aislado, obedecía a causas muy específicas –algunas de las cuales estaban relacionadas con el manejo imprudente y, quizás, ilegal de la institución por parte de sus personeros y algunos funcionarios– y que, aunque la situación financiera de la cooperativa se había deteriorado significativamente en los dos últimos meses, de momento no se visualizaba ningún contagio a otras entidades cooperativas ni, mucho menos, a los bancos comerciales, pues ambos grupos estaban debidamente controlados y fiscalizados.

A pesar de las positivas declaraciones de la Sugef y su correspondiente intervención, es importante analizar lo ocurrido y derivar algunas conclusiones. En primer término, la verdadera situación financiera de Coopemex aún no se conoce. Tendrá que transcurrir algún tiempo mientras los inspectores de la Superintendencia terminan de examinar y analizar la documentación a profundidad, para aquilatar el daño ocurrido y recomendar el curso a seguir. Por consiguiente, no se pueden descartar otros hallazgos que empeoren el diagnóstico provisional ni la posibilidad de incrementar las pérdidas, principalmente para los asociados. Hay 88.000 personas potencialmente afectadas.

En segundo término, las causas del problema parecieran vincularse, de momento, más con el mal manejo de la política crediticia y otras violaciones a la normativa vigente, que con un problema de deterioro de la cartera debido a la recesión y su impacto en la capacidad de pago de los respectivos deudores. Esta conclusión preliminar, desde luego, podría variar en el transcurso de la investigación. Pero es importante recalcar que, debido al deterioro de la cartera por créditos incobrables, no solo aumentó la morosidad por encima de los parámetros establecidos, sino que la suficiencia patrimonial se desplomó de un holgado 16% a un peligroso 7% al momento de la intervención (el mínimo es 10%).

Pero la situación podría tornarse aún más grave pues, según declaraciones del Conassif, la suficiencia patrimonial podría deteriorarse hasta descender hasta un 3,4%.

Si se confirma, la caída sería muy grave. Implicaría que el capital de Coopemex habría perdido una buena parte de su valor para hacer frente a los pasivos, pues otra parte también importante de sus activos se ha desmerecido y los créditos no podrán ser cobrados en los términos y condiciones pactados. Para reponer ese capital perdido, los asociados tendrán que realizar nuevos aportes. De momento, el Conassif menciona la cifra de C5.500 millones. ¿Estarán en capacidad y disposición de hacerlo? ¿Podrán levantar ese voluminoso capital en el plazo perentorio que exige la ley? ¿Estarán las otras cooperativas en disposición de asistirla? ¿Acudirán de nuevo al Estado para trasladar las pérdidas a los contribuyentes? Estas son algunas de las preguntas que todavía flotan en el ambiente, a pesar del comunicado de prensa de la Sugef.

Desafortunadamente, el historial de las cooperativas no es muy aleccionador. Ha habido muchos casos de manejos complacientes y contrarios a las buenas técnicas de administración. El Estado ha salido en varias oportunidades a corregir errores, y a los contribuyentes les ha costado muy caro. Y no en todo momento se ha sancionado a los responsables.

Si bien, la legislación vigente y las regulaciones de control prudencial emitidas por el Conassif y la Sugef son acertados, no hay ninguna garantía de que los personeros y funcionarios encargados de cumplirlas, especialmente de la entidades reguladas, actuarán con toda diligencia en todo momento. Por eso, la principal conclusión es que se deben redoblar esfuerzos para evitar que casos como el de Coopemex se repitan en el futuro.

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