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Costa Rica, Martes 23 de febrero de 2010

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Página Quince

Carlos Tiffer

Atraso legislativo en materia de libertad de expresión

 Legislación actual sobre libertad de expresión y prensa restringe el debate público

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Abogado

Una de las tareas pendientes y que deben ocupar la atención prioritaria de los próximos diputados es la actualización de la legislación sobre libertad de expresión.

Extrañamente, el tema de la libertad de expresión, libertad de prensa y en general el papel de los medios de comunicación, no fue un tema en la campaña política.

Los partidos políticos y la prensa generalmente están en tensión, lo cual es normal, e incluso sano en una democracia moderna. Sospechoso sería lo contrario.

Sin embargo, la libertad de prensa debe ser visualizada por el poder político en una dimensión institucional, la democracia en el Estado moderno no se entiende solamente como una forma de expresión del mandato popular, o elecciones periódicas o libres.

Más bien exige que todas las actuaciones de quienes ejercen el poder estén dirigidas a satisfacer un interés general, es decir, a cumplir con el tradicional principio del bien común.

Control ciudadano. Los que temporalmente detenten el poder político deben estar sometidos a la fiscalización y control de todos los ciudadanos. Precisamente, ese control y fiscalización se lleva a cabo –no únicamente, pero sí de una manera muy efectiva– por medio de la realización sin excepción del derecho constitucional a la libertad de expresión.

Solo con la combinación del principio democrático y la libertad de expresión se puede lograr una cultura de transparencia y rendición de cuentas, especialmente de los detentadores del poder político.

La legislación actual aplicable a las libertades de expresión y prensa en nuestro país, así como algunos fallos judiciales, se han convertido en verdaderos frenos que restringen el debate público, afectando importantes principios del Estado democrático, como la participación y la transparencia.

Ejemplos de estas regulaciones anacrónicas son los delitos de injurias y difamación establecidos en los artículos 145 y 146 del Código Penal de 1970.

Esos delitos no satisfacen el principio de utilización del derecho penal como último recurso, con una formulación legislativa vaga e imprecisa y de dudoso cumplimiento del principio de legalidad.

No consideran circunstancias especiales, por ejemplo, los casos en que medie un interés público, o se trate de informaciones y opiniones sobre funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en asuntos de interés público, lo mismo que publicaciones erradas pero sin mala intención.

Equipara a las personas privadas con las de carácter público. No reconoce la diferenciación entre la publicación de la opinión y la publicación de hechos. Las opiniones no pueden ser consideradas ni verdaderas ni falsas, por lo que no pueden estar sometidas al parámetro de la verdad.

Una crítica especial merecería la formulación de la prueba de la verdad del artículo 149 del Código Penal, en donde se invierte el principio constitucional de presunción de inocencia.

Se encuentra pendiente aún la discusión sobre la despenalización de las lesiones al honor cuando las expresiones y publicaciones estén referidas a asuntos de interés público.

Otro ejemplo de anacronismo legislativo es el recién derogado artículo 7 de la Ley de Imprenta de 1902, aplicable a las llamadas injurias por la prensa, que establecía incluso una pena más grave que las contempladas en el Código Penal.

Se mantuvo erróneamente la pena de arresto equiparándola a la pena de prisión vía jurisprudencia, sin que esta pena privativa de libertad cumpliera ninguna finalidad. Esto resultaba inaceptable en un Estado de derecho, en donde toda pena, en especial la pena de prisión, debe cumplir una finalidad.

Afortunadamente, algunos fallos de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se han encargado de establecer puntos de referencia indispensables con interpretacionescorrectas y claras para el ejercicio de estos importantes derechos fundamentales.

Proyectos paralizados. Pese a la existencia en el Congreso de diferentes proyectos de ley sobre libertad de expresión y prensa, no se ha avanzado en este tema porque estos proyectos de ley han sido vistos como “leyes de prensa” que crean privilegios especiales para la prensa y los periodistas.

Quizás lo correcto sería promover, por lo menos, reformas legislativas puntuales y parciales a cada problema concreto pero sobre todo entender la libertad de expresión como un derecho humano de todos los ciudadanos y no exclusivo de los periodistas.

La situación legislativa actual daña el prestigio democrático y de respeto a los derechos humanos que tan merecidamente tiene nuestro país. A diferencia de los avances en materia de libertad de expresión y prensa en otras naciones de la región, como Uruguay, El Salvador, México y, más recientemente, Argentina, como consecuencia de su última condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esperemos que en Costa Rica no tengamos que recibir otra condena internacional para hacer las modificaciones legislativas necesarias.

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