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Costa Rica, Miércoles 24 de febrero de 2010

/OPINIÓN

EDITORIAL

Defensa de la libertad

 Sin que nadie se lo pidiera, un abogado acudió a la Sala IV para defender el derecho de todos a recibir información

 Con demasiada frecuencia, la lucha por la libertad de expresión se representa como un mero juego de intereses individuales

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La Sala Constitucional condenó a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) por negarse a acreditar a los periodistas que el diario La Teja asignó para informar sobre el primer partido entre Costa Rica y Uruguay. La condena incluye la obligación de pagar los daños causados.

En vísperas del partido, La Teja informó sobre una caricatura difundida por Internet donde los jugadores nacionales aparecían con rostros caninos. En represalia, la Fedefútbol rechazó la acreditación de los periodistas sin detenerse a considerar la lesión causada a las libertades de expresión y prensa.

En la Fedefútbol impera un pobre concepto de esas libertades. La exclusión de los periodistas de La Teja sería prueba suficiente, pero los federativos fueron más allá en la demostración de su menosprecio por derechos tan elementales: condicionaron la acreditación a una disculpa y a la publicación de una nota favorable a la Selección Nacional, es decir, pretendieron dictarle al diario el tono y contenido de sus informaciones.

Pocas veces se ha visto semejante atropello. El diario asumió una posición de principio y renunció a la acreditación. Sus periodistas informaron sobre el partido desde las graderías, sin las facilidades otorgadas a la prensa acreditada. El fallo de la Sala no podía ser de otra manera, pero es una nueva contribución de los magistrados al imperio de los derechos humanos en el país.

Lo extraordinario del caso no descansa en la condena de la arbitrariedad, sino en la gestación del recurso de amparo que motivó la resolución de la Sala. No fue La Teja quien acudió ante los magistrados, sino un abogado molesto por la arbitrariedad. El Lic. Yashin Castrillo decidió, por su cuenta, plantear el recurso para defender el derecho del medio a informar sobre un tema de claro interés público, pero, también, para exigir su derecho a recibir la información.

Ese segundo aspecto constituye la característica más notable del caso. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, de alcances universales, y no un privilegio de los periodistas y los medios. Incluye las facultades de recabar, difundir y recibir informaciones, ideas y opiniones. Negarle a un individuo o grupo las facultades de recabar y difundir informaciones es negarle a la colectividad el derecho a recibirlas, pero este aspecto de la libertad de expresión no siempre se destaca. Es una paradoja, porque quizá sea el aspecto más importante.

Con demasiada frecuencia, la lucha por la libertad de expresión se representa como un conflicto entre quien aspira a publicar y quienes, en cada caso, pretenden suprimir la difusión, sean funcionarios del Estado o particulares. Esa perspectiva produce la apariencia de un mero juego de intereses individuales, escaso de repercusiones colectivas.

La actuación del Lic. Castrillo, como simple lector y ciudadano, es un hermoso trazo delineado para completar el cuadro, porque pone de relieve la importante dimensión institucional y colectiva de la libertad de expresión. Las tres facultades constitutivas de esa libertad son partes indivisibles de un solo derecho humano fundamental. En ese sentido todas, incluyendo la de recibir, constituyen derechos individuales. Sin embargo, la facultad de recibir es la que mejor expresa la dimensión colectiva e institucional de ese derecho humano fundamental.

Es cierto, el Lic. Castrillo acudió a la Sala IV en salvaguarda de su derecho individual a recibir información, pero al hacerlo defendió la más importante repercusión colectiva de la libertad de expresión. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera y eso merece reconocimiento, porque enseña que la defensa de la libertad es responsabilidad de cada ciudadano.

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