LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR. 1999

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

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ARTÍCULO 20.- Programas especializados

El Estado impulsará la formulación de programas educativos de pregrado y posgrado en Geriatría y Gerontología en todos los niveles de atención en salud, así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal técnico profesional. Serán impartidos en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes u otros centros hospitalarios especializados.

El Consejo Nacional de Educación velará porque las universidades incluyan la Geriatría en sus currículos de Medicina y la Gerontología en las demás carreras pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales. Serán impartidas en un centro hospitalario especializado en esas áreas.

ARTÍCULO 21.- Modificación de programas

En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, el Estado incentivará la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento.

ARTÍCULO 22.- Programas culturales

Por medio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Estado promoverá programas que generen espacios para estimular el desarrollo de las potencialidades y capacidades intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas de las personas adultas mayores. Contarán con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, la comunidad organizada y los gobiernos locales.

ARTÍCULO 23.- Acceso a carreras universitarias

Las universidades permitirán el acceso a sus carreras formales a las personas adultas mayores que deseen ingresar, y les facilitará los trámites administrativos.

ARTÍCULO 24.- Facilidades de estudio

Las universidades deberán informar a la población en general sobre las facilidades de estudio que ofrecen a las personas adultas mayores.

ARTÍCULO 25.- Igualdad de oportunidades

El Instituto Nacional de Aprendizaje y los demás centros públicos de capacitación otorgarán, a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios brindados por ellos.

CAPÍTULO IV

VIVIENDA

ARTÍCULO 26.- Financiamiento

El Ministerio de Vivienda deberá elaborar normas especiales que permitan la adjudicación expedita de bonos familiares de la vivienda a la población adulta mayor que los requiera.

ARTÍCULO 27.- Derecho a vivienda digna

Las personas adultas mayores tendrán derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Se les proveerán las facilidades de financiamiento para la adquisición o remodelación de las viviendas, así como todos los beneficios que las instituciones públicas ofrezcan a sus administrados.

ARTÍCULO 28.- Previsiones especiales

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y las municipalidades exigirán que los planos de construcción de los establecimientos públicos, comerciales, de servicio o entretenimiento prevean los requerimientos de construcción adecuados para las personas adultas mayores, de acuerdo con las recomendaciones fijadas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

ARTÍCULO 29.- Viviendas de interés social

En los proyectos de vivienda de interés social se dará igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia.

ARTÍCULO 30.- Deberes del Banco Hipotecario de la Vivienda

El Banco Hipotecario de la Vivienda deberá promover la adjudicación del derecho de uso y habitación de viviendas a favor de las personas adultas mayores que carezcan de ellas. La regulación de este derecho será responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, según las recomendaciones del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

CAPÍTULO V

TRABAJO

ARTÍCULO 31.- Oportunidades laborales

A todas las personas adultas mayores deberá brindárseles la oportunidad de realizar actividades que les generen recursos financieros. Para lograrlo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá:

a) Propiciar la organización de las personas adultas mayores en grupos productivos de diferente orden.

b) Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos.

c) Asesorar a las personas adultas mayores para que puedan tener acceso a fuentes blandas de financiamiento. Se dará preferencia a las que otorgan cooperaciones financieras no reembolsables.

d) Organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo.

e) Impulsar programas de preparación para la jubilación en los centros de trabajo públicos y privados.

TÍTULO IV

ÓRGANO RECTOR

CAPÍTULO I

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

 

ARTÍCULO 32.- Creación

Créase el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, como órgano de desconcentración máxima, adscrito a la Presidencia de la República.

ARTÍCULO 33.- Personalidad jurídica instrumental

El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental para cumplir con los fines y las funciones establecidos en los artículos 34 y 35.

ARTÍCULO 34.- Fines

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor tendrá los siguientes fines:

a) Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la persona adulta mayor en las acciones para su desarrollo.

b) Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a ellas.

c) Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones mantengan su poder adquisitivo, para que cubran las necesidades básicas de sus beneficiarios.

d) Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores referidos en esta ley y en el ordenamiento jurídico en general.

ARTÍCULO 35.- Funciones

Serán funciones del Consejo:

a) Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.

b) Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados por las instituciones públicas o privadas.

c) Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan servicios a personas adultas mayores y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley.

d) Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios relativos a la atención integral de las personas adultas mayores y velar por ellos.

e) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de acreditación e instar a la concesión de acreditaciones o recomendar el retiro de la habilitación respectiva.

f) Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los programas y servicios de atención a las personas adultas mayores, ejecutados por las instituciones con los aportes económicos del Estado, y velar porque estos recursos se empleen conforme a su destino.

g) Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos destinados a los programas y servicios para las personas adultas mayores.

h) Llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores, así como de las personas a quienes la Caja Costarricense de Seguro Social haya expedido el carné de identificación correspondiente.

i) Promover la creación de establecimientos para atender a las personas adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de las que se encuentren en riesgo social.

j) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento.

k) Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente los objetivos de este Consejo.

l) Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

m) Las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo de las actividades en pro del bienestar, el desarrollo y la protección del sector de la sociedad mayor de 65 años.

n) Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas adultas mayores.

ARTÍCULO 36.- Suministro de información

Las instituciones públicas estarán obligadas a suministrar la información requerida por el Consejo para cumplir sus fines.

Las entidades privadas deberán suministrar la información solicitada por el Consejo sobre el uso de los fondos públicos recibidos.

La negativa o el retraso injustificado de brindar la información requerida por el Consejo, se considerará falta grave por parte del funcionario responsable.

ARTÍCULO 37.- Junta Rectora

Una Junta Rectora dirigirá el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Presidente de la República o su representante, quien la presidirá.

b) El Ministro o el Viceministro de Salud.

c) El Ministro o el Viceministro de Educación Pública.

d) El Ministro o el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social.

e) El Presidente Ejecutivo de la Junta de Protección Social de San José.

f) El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social.

g) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

h) Un representante de las universidades estatales, electo por el Consejo Nacional de Rectores.

i) Un representante de la Asociación Gerontológica Costarricense.

j) Un representante de las asociaciones de pensionados.

k) Un representante de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano.

Los representantes de las organizaciones privadas serán designados por las respectivas Juntas Directivas; se nombrarán por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos consecutivamente por una sola vez.

ARTÍCULO 38.- Impedimentos

No podrán ser miembros de la Junta Rectora del Consejo:

a) Quienes estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

b) Quienes hayan sido declarados en estado de insolvencia o concurso civil.

c) Quienes, en los últimos diez años, hayan sido condenados mediante sentencia firme por cometer un delito doloso.

ARTÍCULO 39.- Incompatibilidad de cargos

El cargo de miembro de la Junta Rectora será incompatible con el de empleado del Consejo.

ARTÍCULO 40.- Causales de remoción

Los miembros de la Junta Rectora podrán ser removidos de sus cargos únicamente por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando falten a cuatro sesiones consecutivas o diez alternas, por causas injustificadas a juicio de la Junta Rectora.

b) Por conflicto de intereses entre las funciones del cargo y otras actividades que desarrollen. Esta causal de remoción procederá cuando existan pruebas fehacientes de los hechos.

c) Cuando incurran en responsabilidad por actos u operaciones ilegales.

De dictarse auto de prisión preventiva y enjuiciamiento contra un miembro de la Junta Rectora, este quedará suspendido en sus funciones hasta que el proceso judicial concluya y, en caso de que se dicte sentencia firme, será sustituido por el suplente.

ARTÍCULO 41.- Miembros suplentes

De entre las ternas presentadas por las instituciones, se elegirá a dos miembros suplentes para los casos en que por causas de remoción uno de los miembros propietarios no pueda ejercer sus funciones por un período determinado.

ARTÍCULO 42.- Funciones del Presidente

El Presidente de la Junta Rectora desempeñará las siguientes funciones:

a) Representar a la Junta Rectora judicial y extrajudicialmente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.

b) Presidir las sesiones de la Junta.

c) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.

d) Firmar las actas aprobadas.

e) Designar a los miembros de las comisiones de trabajo, cuya creación apruebe la Junta.

f) Someter a la aprobación de la Junta el nombramiento del personal del Consejo.

g) Presentar a la Junta Rectora un informe anual de las labores del Consejo.

h) Firmar, junto con el Director Ejecutivo, los cheques de las cuentas aprobadas por la Junta y la planilla del personal administrativo.

i) Las demás funciones que le asigne el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 43.- Funciones del Vicepresidente

La Junta Rectora nombrará de su seno un Vicepresidente cuyas funciones serán:

a) Ejercer las funciones del Presidente, en sus ausencias temporales.

b) Las demás que le asigne el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 44.- Sesiones

La Junta Rectora sesionará ordinariamente dos veces al mes y, extraordinariamente, cuando lo soliciten por escrito cuatro de sus miembros o el Presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo.

ARTÍCULO 45.- Quórum

Seis miembros conformarán el quórum para sesionar y tomarán los acuerdos por mayoría simple de los votos presentes. En caso de empate, el Presidente de la Junta Rectora tendrá derecho a doble voto.

CAPÍTULO II

DIRECTOR EJECUTIVO

ARTÍCULO 46.- Designación y remoción

Para designar y remover al Director Ejecutivo serán necesarios al menos seis votos de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

ARTÍCULO 47.- Nombramiento

La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo de nombramiento y remoción libres de la Junta Rectora, quien deberá poseer, como mínimo, el grado académico de licenciatura así como conocimientos y experiencia en materia de envejecimiento y administración.

ARTÍCULO 48.- Funciones

Serán funciones del Director Ejecutivo:

a) Velar por la correcta administración, dirección y control de las actividades del Consejo.

b) Representar al Consejo cuando se le designe por mandato expreso, para tal función.

c) Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta Rectora.

d) Sugerir el nombramiento y la remoción del personal técnico y administrativo del Consejo.

e) Firmar, junto con el Presidente de la Junta Rectora, los cheques de las cuentas aprobadas por la Junta y la planilla del personal administrativo.

ARTÍCULO 49.- Deberes

Serán deberes del Director Ejecutivo:

a) Asistir a las reuniones de la Junta Rectora, con derecho a voz pero sin voto. No obstante, la Junta podrá sesionar sin su presencia cuando lo estime conveniente.

b) Presentarle a la Junta Rectora, para su aprobación, el plan anual de actividades y presupuesto del Consejo.

c) Entregarle a la Junta Rectora el informe anual de labores.

d) Otros deberes que la Junta Rectora le asigne.

ARTÍCULO 50.- Personal

La Dirección Ejecutiva deberá contar con el personal técnico y administrativo que le permita el desempeño óptimo de sus labores.

CAPÍTULO III

FINANCIAMIENTO

ARTÍCULO 51.- Financiamiento de programas y servicios

Para la ejecución de programas específicos desarrollados por ministerios e instituciones dedicados a la atención de la persona adulta mayor, el Consejo estará autorizado para gestionar fondos ante organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

CAPÍTULO IV

ACREDITACIÓN

ARTÍCULO 52.- Sujeción a disposiciones

Quedarán sujetas a las disposiciones de este capítulo las personas físicas o jurídicas, de derecho público y privado, que desarrollen programas y ofrezcan servicios a las personas adultas mayores.

ARTÍCULO 53.- Normas de acreditación

Corresponderá al Consejo velar por la aplicación de las normas técnicas de acreditación para establecimientos o programas que atiendan a personas adultas mayores. Tales normas serán promulgadas mediante reglamentos técnicos.

ARTÍCULO 54.- Acreditación de personas

Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que pretendan brindar servicios de atención a las personas adultas mayores, deberán acreditarse ante el Ministerio de Salud, conforme a la Ley General de Salud y sus reformas, como requisito previo para que el Consejo pueda cumplir sus funciones, autorizar el financiamiento parcial o total con recursos económicos del Estado y para que el Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otorgarles el carácter de bienestar social a tales programas.

ARTÍCULO 55.- Registro

Para cumplir las disposiciones anteriores, el Consejo llevará un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores.

ARTÍCULO 56.- Donaciones

Autorízase a las instituciones estatales para que efectúen donaciones en beneficio de los asilos, los hogares y las instituciones dedicadas a la atención de los ancianos.

TÍTULO V

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

 

ARTÍCULO 57.- Medidas de protección

Para prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los procedimientos ordenados en la Ley contra la violencia doméstica, No. 7586, de 10 de abril de 1996. Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los representantes de las instituciones públicas y privadas encargadas de los programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos.

CAPÍTULO II

SANCIONES PENALES

ARTÍCULO 58.- Agresión física

Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra una persona adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad.

ARTÍCULO 59.- Agresión sexual

Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien acose sexualmente a una persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas o ademanes grotescos o mortificantes.

La pena será de tres a seis meses de prisión cuando el acoso sexual consista en tocamientos inmorales o actos de exhibicionismo.

ARTÍCULO 60.- Agresión psicológica

Será sancionado con prisión de uno a seis meses quien, por cualquier medio, ejerza presión psicológica destinada a degradar o manipular los comportamientos y las creencias de una persona adulta mayor, cuando de esto resulte perjuicio para su salud psicológica.

ARTÍCULO 61.- Explotación de personas adultas mayores

Será reprimido con prisión de uno a dos años, quien, abusando de su situación de poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos.

Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio comprenderá la nulidad de lo actuado.

ARTÍCULO 62.- Inhabilitación especial

Además de la causal de indignidad, el complemento de la pena de un delito de agresión, en cualquiera de sus modalidades, contra una persona adulta mayor, comprenderá una inhabilitación especial, por un período igual al de la indignidad, para constituir o dirigir centros de atención a personas adultas mayores o laborar en ellos. Por estos hechos, la condena de quien labore en tales centros se considerará falta laboral grave y acarreará el despido, sin responsabilidad patronal.

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