Informe de la Defensoría de los Habitantes:

F. Dirección de Niñez y Adolescencia

La Dirección de Niñez y Adolescencia se estableció formalmente como una Dirección de Defensa desde abril de 1998. Con esta iniciativa la Defensoría de los Habitantes retomó lo que históricamente se había creado en 1987 como "Defensoría de la Infancia" (Decreto N∫ 17733-J) y reafirmó el compromiso de "protección especial, social y jurídica" con este sector de la población, tal y como lo establece nuestro ordenamiento jurídico.

La Defensoría ve con suma satisfacción que en la "Vigésima Tercera Sesión del Comité Mundial de los Derechos del Niño (Ginebra)", celebrada el 14 de enero del 2000, al considerar el segundo informe periódico de Costa Rica en sus sesiones 595 y 596, en las observaciones concluyentes sobre los progresos alcanzados por el Estado Parte, señala:

"El establecimiento de una Dirección de Niñez y Adolescencia, dentro de la Defensoría de los habitantes, es considerado una medida positiva en consonancia con la recomendación del Comité (CRC/C/15/Add. 11, para. 11). En ese sentido el Comité también recibe con beneplácito que la Defensoría de los Habitantes haya establecido un Foro Permanente para la Evaluación de la implementación del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que participa la sociedad Civil".

Comprender y sobre todo aceptar, que los niños y niñas poseen una realidad y necesidades, así como derechos propios que trascienden el marco familiar, no es un asunto sencillo en la sociedad actual. La creación de una Dirección de Niñez y Adolescencia no es sino parte de un proceso de reconocimiento paulatino que se gesta a partir del siglo XX, de que la misma inocencia y vulnerabilidad de los niños y niñas hace necesaria una respuesta específica -adicional- de la sociedad, tanto legislativa como práctica, que tenga en cuenta sus especiales necesidades y circunstancias vitales.

Dos razones de orden jurídico justifican la existencia de derechos humanos específicos de la niñez. En primer término la consideración de que la Declaración de los Derechos Humanos se define como: "Los derechos básicos inalienables de todo hombre, mujer y niño por el hecho mismo de existir." En segundo lugar, el hecho de que el artículo 25 de dicha Declaración señala que: "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales."

De esta forma queda establecido el principio universal de "protección especial y promocional", el cual obliga a un trato de singular cuidado con la infancia, en función de su vulnerabilidad y de que sus necesidades específicas son mayores, así como la garantía y promoción para que los niños, niñas y adolescentes disfruten efectivamente de esos derechos.

Este principio universal es el pilar fundamental sobre el que se sostiene la especificidad de la atención, protección, defensa y restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia, dando lugar a la existencia de instancias especializadas de aplicabilidad y exigibilidad de los derechos de este período de la vida humana.

Una Dirección de Niñez y Adolescencia dentro del marco de acciones de la Defensoría de los Habitantes, no solamente viene a reivindicar los espacios que se habían abierto en el pasado, sino también inspira una de las tradiciones más honrosas de la historia, cual es hacer que prevalezca la prioridad y el interés superior de la niñez y la adolescencia sobre cualquier otro interés. Reconocer la especificidad de la niñez y la adolescencia como sujetos sociales de derechos, también significa abrir los espacios especializados necesarios para que hagan exigibles sus derechos. Esto sólo es posible si se crean instancias propias que puedan reconocer, captar y difundir sus necesidades, anhelos y aspiraciones.

La Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes constituye un elemento importante, un factor para perfeccionar los elementos de que dispone el país en la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al igual que las otras Direcciones de Defensa de la Institución, se trata de una instancia ágil, sin complicados procedimientos que está fundamentalmente al servicio de las personas menores de edad y de sus intereses. Debe velar porque la actuación de la Administración, las autoridades y la colectividad en general, se ajuste al respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Sin duda alguna las necesidades y capacidades de la niñez y la adolescencia están en constante evolución a lo largo de todo su proceso de desarrollo, siendo esta una fase importante de la vida por derecho propio. No obstante, no tienen capacidad para influir sobre las decisiones que toman los adultos y que les afectan directa y profundamente.

Somos un país eminentemente joven. El 43% de la población está constituida por niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la experiencia acumulada en estos años de labores, se puede afirmar que en nuestro país existen y persisten diversas formas intolerables de violencia contra los niños y niñas que son una violación a sus derechos. Esta situación a menudo no es visualizada como tal, en un mundo adultocéntrico donde desde el diseño arquitectónico de los hogares, pasando por la planificación urbana, hasta las relaciones interpersonales, tienen como centro y eje primordial las necesidades de los adultos.

En efecto, la sociedad es violatoria en diversas dimensiones. Cuando por su organización, permite la existencia de condiciones de pobreza que impiden la satisfacción de las necesidades mínimas. El Estado es agresor cuando no dota de los recursos necesarios para el desarrollo y aplicación de las políticas públicas, o cuando permite la exposición de los niños a un "bombardeo" incesante de mensajes violentos en los medios de comunicación. Las instituciones, las escuelas, los hospitales, las guarderías que tienen a su cargo niños y niñas, son abusivas cuando sus normas disciplinarias lesionan la integridad física o psicológica de éstos o sus recursos técnicos o materiales son insuficientes. Igualmente la familia también es violatoria de diversas formas, a veces sutiles e imperceptible a los sentidos, a veces con lesiones físicas y psicológicas que perduran para toda la vida.

En realidad muchas son las condiciones y razones que llevan a los adultos a castigar o tratar injustamente los asuntos de los niños y niñas. Lo que sí parece ser un común denominador es la incapacidad de verlos como seres humanos con derechos propios.

Funciona a menudo el niño como defensa del adulto, quien lo utiliza para reducir sus ansiedades, cuando no para vender productos, para suscitar falsas caridades, para proyectar sus propios fracasos o insatisfacciones, para vender noticias, en fin, son múltiples los "usos sociales de la infancia", donde la niñez es cosa, es producto, es proyección o factor de compensación emocional de los adultos.

Es así como, contrario a lo que se podría pensar, la historia de los derechos de los niños y niñas, es decir, la concepción de éstos ya no como simples objetos de protección, sino como sujetos de derechos, es muy reciente.

Dichosamente para el nuevo milenio se cuenta con las bases jurídicas necesarias y un creciente reconocimiento de que la misma inocencia y vulnerabilidad de los niños y niñas hace necesaria una respuesta específica adicional de la sociedad, tanto en el ámbito normativo como práctico, que tenga como interés superior sus especiales necesidades y circunstancias vitales.

Así, la relación de la infancia resulta reformulada en dos sentidos: En primer lugar se rechaza la vieja idea según la cual la infancia pertenece a un mundo "natural" de relaciones privadas no reguladas por el derecho. Dicho de otra manera los niños y niñas dejan de ser "sólo cosa" de los padres. En segundo lugar se invierte la relación según la cual establece a la niñez y adolescencia como objetos del derecho, es decir de tutela y represión, para considerarlos como sujetos activos y protagónicos de sus derechos. Se pasa así de la tutela paternalista y autoritaria a la garantía de derechos, de la compasión-represión, a la ciudadanía de la infancia.

Hacer que se escuche la voz de los niños, niñas y adolescentes debe ser una de las razones más importantes para la existencia de un área de niñez y adolescencia específica dentro de la Defensoría de los Habitantes.

El trabajo realizado por esta Dirección en el tercer año de labores resulta de particular importancia por la labor sustantiva desplegada en temas tales como: La explotación sexual comercial, el control estatal en la nutrición adecuada (deficiencia de vitamina A), la protección de la imagen y la privacidad, la discriminación y deficiencias en la atención de las personas recién nacidas, la igualdad en la participación en el sistema escolar, el financiamiento de las instituciones privadas de protección, los niños y niñas en "riesgo social" y la protección jurídica y social de los niños y niñas abusados, entre otros temas. Asimismo se prosiguió con la tarea de seguimiento y promoción del Código de la Niñez y Adolescencia, la exigibilidad de los derechos desde las instancias comunales y la promoción, difusión de los intereses y derechos de la niñez y adolescencia.

Todos estos temas se subsumen en dos grandes áreas de trabajo:

  • Defensa: Recepción y procesamiento de consultas, denuncias y quejas.

  • Promoción: Capacitación y difusión, seguimiento y exigibilidad de los intereses y derechos de la niñez y la adolescencia.

  • Con el fin visualizar con mayor claridad y de forma global las acciones realizadas por esta Dirección en el segundo año de labores, se detallan algunos datos de importancia:

  • Se evacuaron y resolvieron 1, 425 consultas telefónicas o personales.

  • Se tramitaron 75 quejas sobre acciones u omisiones de la Administración que se presume son violatorias de derechos.
  • Se elaboraron y editaron 25,235 ejemplares de material educativo para la promoción y difusión de derechos, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 8,000 folletos sobre los "Derechos de las Personas Adolescentes Trabajadoras" y "Derecho a la Educación"; 10,000 ejemplares adaptados a la población adolescente sobre "Explotación Sexual Comercial" y "Derechos de la Niñez y la Adolescencia"; 7,000 ejemplares del "Código de la Niñez y la Adolescencia" y la "Ley de Explotación Sexual Comercial contra Personas Menores de Edad" y 235 "Manuales de búsqueda activa" para la detección y referencia de situaciones violatorias de derechos en el nivel local.

  • En el marco del Proyecto "Red Nacional para la Detección y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Inserta en el Trabajo", se han realizado 48 actividades de sensibilización y seguimiento con las veinticinco Juntas de la Niñez y Adolescencia en todo el territorio nacional sobre los temas de Explotación Sexual, Derecho a la Educación y Explotación Laboral, además de diversas actividades en el nivel nacional como parte de la estrategia de difusión. En estos talleres se capacitó a 1,225 miembros de las juntas, funcionarios públicos, líderes comunales, adolescentes y estudiantes universitarios, entre otros.

  • Se realizaron 10 capacitaciones sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia a funcionarios públicos de los Sectores de Salud, Educación y Trabajo y Seguridad Social, con un total de 275 participantes.

  • Se realizaron diversas actividades de promoción y difusión que incluyen: Dos actividades masivas de difusión sobre el informe de la Defensoría de los Habitantes en Materia de Niñez y Adolescencia (1999-2000), con la partición de Adolescentes, funcionarios y público en general. Se participó en 16 actividades de comisiones tales como: Explotación Sexual Comercial, Comité Directivo Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Comisión para la Prevención y Atención del Maltrato Infantil, Consejo de la Niñez y Adolescencia. Se dictaron 18 conferencias sobre diversos tópicos de la Niñez y Adolescencia. Se asistió como participantes a 11 talleres y seminarios y en 11 foros.

  • Se atendieron 79 actividades de prensa, que se distribuyen en 43 de prensa escrita, 17 de radio y 19 de televisión.

En relación con la forma en como se lleva a cabo la labor de defensa en la Dirección de Niñez y Adolescencia, se expone lo siguiente:

1. Acciones de defensa: recepción de consultas y quejas

En la labor de defensa, la Dirección de Niñez y Adolescencia recibe de forma directa o por medio de la Dirección de Admisibilidad una serie de denuncias, consultas o quejas atinentes a diversos aspectos que se refieren a las necesidades, intereses y derechos de la niñez y Adolescencia.

a. Las consultas

Estas se refieren al mecanismo más informal y de atención inmediata con que cuenta la Defensoría. En lo fundamental las consultas se refieren a demandas de orientación en la tramitación de eventuales situaciones violatorias al ordenamiento jurídico, a apreciaciones sobre las condiciones de la niñez y adolescencia, clarificación sobre la legislación nacional, recolección de información, y a menudo como una forma de escucha ante situaciones de crisis personal o familiar. Estas son realizadas por niños, niñas y adolescentes, funcionarios públicos, padres y madres instituciones privadas y adultos en general.

Algunas de estas consultas se refieren a situaciones en las que si no se realiza una acción inmediata se podría concretar una violación a los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, por lo que se tramitan de forma inmediata a través de gestiones informales. Cuando se ha concretado la eventual violación de derechos o no prospera la gestión informal se abre el procedimiento formal de la queja.

En algunos casos las gestiones informales implican un cierto grado de complejidad tales como inspecciones, y otras se resuelven por vía telefónica o mediante una nota. Es digno de señalar que este es un mecanismo expedito mediante el cual los asuntos, de forma mayoritaria, se resuelven en términos satisfactorios para el habitante.

Durante el período comprendido entre el 1∫ de mayo del 2000 al 15 de febrero del 2001, se evacuaron 1,425 consultas por vía telefónica o personalmente. Los temas de consulta al igual que en años anteriores se refieren en lo fundamental a lo siguiente:

 

  • Código de la Niñez y Adolescencia

  • Guarda, crianza y educación de los hijos. Régimen de visitas
  • Abuso físico psicológico y sexual a niños y niñas
  • Orientación sobre servicios institucionales (Pani, CCSS, Imas, etc.)
  • Adecuaciones curriculares
  • Manejo de la disciplina en el hogar y la escuela
  • Funciones de los Gobiernos estudiantiles, derechos en el sistema escolar.
  • Cobro de cuotas "voluntarias" en centros educativos

Una mención especial merece el tema de las cuotas voluntarias. Al igual que en años anteriores, durante las fechas de matrícula se reciben en la Defensoría gran cantidad de denuncias de padres y madres de familia relativas al cobro de "cuotas voluntarias" en escuelas y colegios públicos del país y cuya cancelación resulta ser requisito obligatorio para la matrícula de sus hijos. En esta ocasión tan sólo en el mes de diciembre se recibieron 50 consultas y se estudió cuáles de éstas pasarían a ser denuncias.

En relación con este asunto la Defensoría ha recomendado al Ministerio de Educación Pública emitir las directrices necesarias para que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas se abstengan de cobrar las cuotas voluntarias durante los períodos de prematrícula y matrícula. Sin embargo, esta recomendación lamentablemente no ha sido acogida.

Al respecto, el Ministro de Educación discrepa de la recomendación de la Defensoría, al entender ésta como: "consistente en instruir a los centros educativos que se abstengan de recibir inclusive las cuotas voluntarias" y fundamenta su discrepancia en que "las cuotas cuyo pago voluntariamente se solicita a los padres de familia, no sólo tienen una larga tradición sino que, desempeñan una ayuda importantísima para la satisfacción de las múltiples necesidades de nuestros centros educativos". Además indica que "no es atendible el argumento de que, por ciertos casos aislados que pudieron haberse dado en el pasado, hemos de castigar a todos los centros educativos y privarlos de esa ayuda tan importante que va en beneficio de los propios educandos" (Oficio DM-4041-99, 01 de noviembre de 1999).

Sin embargo, como bien se puede constatar en la recomendación de la Defensoría, esta nunca ha sostenido que se deba prohibir a las Juntas Administrativas solicitar contribuciones voluntarias a los padres y madres de familia, sino que se abstengan de hacerlo durante la época de matrícula.

Se ha aclarado también, en varias oportunidades, que en la Defensoría hay plena conciencia de que estas contribuciones son indispensables para hacer frente a las obligaciones que forzosamente adquieren cada año los centros educativos para garantizar el buen funcionamiento de la institución, pues los montos transferidos por del Estado son insuficientes para afrontarlas. Además se ha expresado la importancia de la participación ciudadana y de la aplicación del principio de solidaridad en materia de educación.

También se ha señalado que tanto las Juntas de Educación como las Administrativas y los Patronatos Escolares están facultados por el ordenamiento jurídico para solicitar contribuciones voluntarias a los padres de familia o encargados y realizar otras actividades tendientes a recaudar los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, no se puede ignorar que esta facultad ha servido, no en pocas ocasiones, para cometer abusos que en algunos casos se traducen en condicionamientos de la matrícula de aquellos estudiantes cuyos padres se niegan o están en imposibilidad de cancelar dichas contribuciones.

De manera que la recomendación en cuestión obedece fundamentalmente a que a pesar de que la Sala Constitucional (Votos N∫ 902-95 y 1753-95) y esta Defensoría se han pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de la naturaleza absolutamente voluntaria de toda contribución que se solicite, y de las directrices que se han dictado en ese Ministerio en el mismo sentido, el asunto de las cuotas se ha convertido en un fenómeno o problema persistente y se continúan presentando año tras año quejas por parte de padres y madres angustiados y molestos porque se les exige el pago de las "cuotas voluntarias" como requisito para la matrícula de sus hijos o hijas.

En este sentido hemos sostenido que la práctica de solicitar a los padres y madres de familia la contribución voluntaria en la misma circular donde se les informa sobre los requisitos de matrícula, crea confusión pues no queda claro si realmente se trata de un requisito de matrícula o no. Se ha señalado que el solo hecho de consignar como requisito de matrícula la presentación del recibo cancelado de la contribución voluntaria, constituye una violación del precepto constitucional que establece la gratuidad de la educación preescolar, general básica y diversificada en Costa Rica, pues implica la voluntad real de exigir ese dinero como aporte ineludible para la matrícula (Artículo 78 de la Constitución Política).

Las quejas evidencian que en realidad dichas contribuciones no son voluntarias pues se les exige a los padres de familia la presentación de los recibos de cancelación correspondientes (por sumas que oscilan entre los ¢ 1,000 y ¢ 7,000) y si no lo hacen la matrícula de sus hijos es objeto de condicionamientos.

En este mismo sentido se orienta el Código de la Niñez y la Adolescencia al establecer que "el acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho fundamental. La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo constituirá una violación del Derecho e importará responsabilidad de la autoridad competente"

Dada la persistencia del problema, la Institución ha programado, además, una serie de actividades dirigidas a minimizar las situaciones violatorias para lo cual ha desarrollado entre otras un calendario de visitas in situ a distintas escuelas y colegios durante los períodos de matrícula, como mecanismo de verificación y monitoreo del proceso. De las inspecciones ha podido verificar que en la mayoría de los casos las contribuciones voluntarias se imponen como requisito obligatorio de matrícula.

En igual sentido los directores de distintos centros educativos han manifestado que el aporte que reciben del Ministerio de Educación resulta insuficiente y representa, en algunos casos, apenas el 25% del total de las obligaciones reales que debe afrontar la Institución a lo largo del curso lectivo. Indican que el cobro de las contribuciones se constituye en un mecanismo indispensable para sufragar los gastos administrativos y de adquisición de algunos materiales mínimos necesarios para el buen funcionamiento de la institución (pago de guardas, compra de tiza, borradores, papelería y otros materiales, mantenimiento de equipo e infraestructura). Al respecto, se pudo efectivamente constatar las precarias condiciones de infraestructura en que se encuentran algunos centros educativos: falta de pintura, déficit de pupitres, carencia de zonas verdes o espacios de recreación adecuados, falta de recursos para sufragar el salario de un guarda que cuide la infraestructura y equipo de cómputo, entre otras. Lo anterior es preocupante, máxime si se toma en cuenta que la escuela es, después de la familia, la principal responsable de la educación de los niños y niñas y, por lo tanto, debe ofrecer un ambiente pedagógicamente propicio y las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje.

También se han realizado comunicados de prensa, volantes, notas preventivas a las instituciones denunciadas, entre otros.

En relación con este asunto la Defensoría reitera su recomendación al Ministerio de Educación Pública para que se emita una directriz a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas en el sentido de que dichas cuotas o contribuciones voluntarias sean cobradas en fechas que no coincidan con el periodo de prematrícula o matrícula.

b. Quejas

Existen tanto en el ámbito nacional como internacional diferentes tipologías específicas para clasificar y agrupar los derechos de la niñez y la adolescencia. A partir de 1998, con la creación de la Dirección de Niñez y Adolescencia y ante la necesidad de tener mayor claridad sobre la situación de los derechos de la población infantil y adolescente de acuerdo con las quejas tramitadas, la Defensoría de los Habitantes se dio a la tarea de hacer una clasificación de derechos a partir de las necesidades de las personas menores de 18 años, aglutinando los derechos en cinco ejes temáticos que agrupan las principales dimensiones en que se desenvuelve la vida de estas personas, desde su concepción hasta su mayoría de edad.

Esa clasificación de derechos por eje temático, que se incluyó por primera vez en el informe del período 1998-1999, se deriva de una filosofía de derechos humanos de la niñez y adolescencia que integra la dimensión psicosocial y la dimensión jurídica que, además, permite ubicar el hecho violatorio derivado de la actuación u omisión de las instituciones de la Administración Pública, responsables de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.

Esta tipología está organizada en ejes temáticos, los cuales a su vez, se dividen en subgrupos de derechos de acuerdo con su especificidad, y que son:

DESARROLLO HUMANO

  1. Supervivencia: derecho a la salud y a la atención especializada.
  2. Crecimiento intelectual: derecho a la educación, la cultura, el juego, descanso, recreación y esparcimiento.

DEFENSA Y PROTECCIÓN

  1. Defensa, Protección y Vulnerabilidad: derecho a recibir protección ante situaciones de riesgo.
  2. Rehabilitación, Recuperación y Reinserción Social: derecho a la restitución de derechos.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA VIDA FAMILIAR

  1. Niñez y Adolescencia en la Vida Familiar: derecho a la protección y cuidados necesarios para su bienestar y desarrollo pleno.
  2. Niñez y Adolescencia Separada de la Familia: medidas de protección para su bienestar y desarrollo pleno.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA COMUNIDAD

  1. Niñez y adolescencia en la Comunidad: derecho a que la comunidad garantice su bienestar y seguridad.
  2. Responsabilidad del Estado: garantizar de forma plena los derechos.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COMO CIUDADANOS

  1. Nacionalidad
  2. Bienestar y Seguridad Social
  3. Participación

Con respecto de las quejas recibidas y de acuerdo con la tipología de violación de derechos señalada, entre los meses de mayo 2000 y febrero 2001, la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes de la República tramitó 77 expedientes referidos a quejas individuales sobre presuntos hechos que violentan los derechos de la población infantil y adolescente por parte de la Administración Pública.

La siguiente distribución porcentual permite observar las quejas tramitadas por eje temático según el hecho violatorio:

  1. El 43% de expedientes tramitados corresponde a quejas por "hechos violatorios" que se derivan de las acciones u omisiones del sector público que atentan contra la consecución de un pleno desarrollo humano de la niñez y la adolescencia. De éstos el conjunto de necesidades y derechos relacionados con el "crecimiento intelectual" son los que más se denuncian. Este bloque de derechos está vinculado específicamente con la educación, requisito indispensable para garantizar el desarrollo integral del ser humano.
  2. Se destacan como hechos violatorios denunciados, la discriminación y la falta de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales por incumplimiento u omisiones en la aplicación de las adecuaciones curriculares. Otros hechos se relacionan con la calidad de la educación y la violación al debido proceso (Expedientes N∞ 09281-26-2000, 09373-26-2000, 09506-26-2000, 09604-26-2000, 09759-26-2000, 09890-26-2000, 09946-26-2000, 10219-26-2000, 10425-26-2000 entre otros). También se señala como hecho violatorio del desarrollo humano y referido a la supervivencia, no garantizar tratamiento médico oportunamente (Expediente N∞09491-26-2000).

Un ejemplo de tales situaciones son las siguientes:

  • "A su hijo no le aplica la adecuación curricular, ni le brinda la ayuda necesaria para que salga adelante. La Directora de la Escuela no le resuelve nada, le recomienda que pague a una maestra aparte, además le indica que su hijo "no encaja en el grupo ni en la Escuela". (Expediente N∞09281-26-2000)

  • "...existe un informe de la Psicóloga del Hospital... que recomienda que a su hijo se le aplique adecuación curricular, el cual es ratificado por otro informe emitido por la Asesora de Educación Especial de la Dirección Regional. Esa adecuación se le ha aplicado a su hijo durante tres años, este año cambió la maestra y la directora de la escuela, quienes se han negado a brindar al niño el apoyo educativo que requiere, además le informaron que "este año las cosas han cambiado y que dicha adecuación no se le va a aplicar." (Expediente N∞09890-26-2000)

  • "El Hospital... no le ha suministrado a su hija el tratamiento hormonal que requiere para su desarrollo, la niña tiene diagnóstico de déficit en hormona de crecimiento. Los días pasan y no se inicia el tratamiento que le permitirá a su hija llevar una vida casi normal." (Expediente N∞ 09491-26-2000)

  1. Una tercera parte de las quejas (31%) son atinentes al proceso de defensa y protección de la niñez y la adolescencia ante situaciones de vulnerabilidad física, psicológica y social, por ser víctimas de abuso o explotación. En este rubro se denuncia a la Administración porque "docentes hostigan y maltratan a estudiantes", por "inacción de las instituciones en la protección y la defensa de las personas menores de edad que enfrentan situaciones de vulnerabilidad física, emocional, sexual y social". Expedientes N∞ 09399-26-2000, 09398-26-2000, 09433-26-2000, 10079-26-2000, 10156-26-2000, 09336-26-2000, 09392-26-2000, 09473-26-2000, 10184-26-2000 entre otros)

Las denuncias que ejemplifican los hechos violatorios correspondientes a este eje temático son las siguientes:

  • "... maltrato verbal y físico perpetrado por docente contra estudiantes, los insulta y los llama "mongolos", además los empuja y jala bruscamente." (Expediente N∞ 09399-26-2000)

  • "Adolescente que se encuentra en un albergue del PANI enfrenta constante peligro, debido a que es abusada sexualmente por un sujeto que frecuenta el albergue y al que no le han hecho nada a pesar de que la situación se denunció ante el PANI y ante la fiscalía. La adolescente fue valorada en la Medicatura Forense donde se confirmó el abuso y su embarazo." (Expediente N∞ 09473-26-2000)

  • "El Director de la escuela manda a los alumnos a realizar el aseo de sus aulas: recoger la basura, sacudir, barrer, lavar y escurrir la mecha. Lo cual va más allá de las obligaciones de los niños como estudiantes, pues son funciones propias de conserjes." (Expediente N∞ 10079-26-2000)

  1. El 13% de las quejas recibidas se relacionan con los derechos de la niñez y la adolescencia en la vida familiar. Se refiere a la actuación del sector público que tiende a obstaculizar el contacto de las personas menores de edad con sus progenitores ya sea porque se dictan medidas de protección en un recurso institucional o en familia alternativa o porque no se logra establecer una adecuada comunicación entre los adultos responsables. (Expedientes N∞ 09378-26-2000, N∞09492-26-2000, N∞09499-26-2000, N∞09823-26-2000, N∞09825-26-2000, 10428-26-2000 entre otros).

Como ejemplos de estas denuncias se indican las siguientes:

  • "Su excompañera no le permite ver a su hijo regularmente, el PANI ni los Tribunales de Justicia hacen nada por garantizar que se cumpla el convenio de visitas que firmaron y así garantizar que entre el niño y él, exista contacto." (Expediente N∞09378-26-2000)

  • "El PANI dictó medidas de protección de sus hijos en recurso institucional, ha actuado a partir de la versión del padre de los niños, los recursos familiares que ha presentado los rechazan o no le dan respuesta." (Expediente N∞09492-26-2000)

 

 

  1. El 6% de las quejas se refieren a irregularidades en la actuación de la Administración por:

  • Cobro en la atención médica a una persona menor de edad por un servicio prestado en un Hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Expediente N∞10247-26-2000)

  • Problemas con la administración de centro educativo por manejo de fondos públicos, administración de la "soda", deducción del salario las cuotas de la CCSS y no se reportan a la institución. Se liquidó a funcionarias con dinero de la Junta de Educación. Cancelación de dinero con cheque sin fondos..." (Expediente N∞09676-26-2000)

  • "...su hija presentó en segunda convocatoria un examen de Biología, en el que obtuvo 32 puntos de un total de 51. El examen tenía errores de confección, por lo que acudió a diferentes instancias del Ministerio sin obtener resultados positivos. Por lo tanto remitió la apelación al Despacho del Ministro de Educación, resolviendo en esta instancia, que al examen se le debían hacer cambios, así como variaciones en el puntaje. No obstante el Director del centro educativo ha mal interpretando la resolución dictada..." (Expediente N∞10233-26-2000)

  1. Cabe señalar que en los informes anteriores no se registraron denuncias por hechos violatorios de la administración referentes a la Niñez y Adolescencia como Ciudadanos, mientras que para el período de análisis, se registra que el 4% de las quejas se relacionan fundamentalmente con el ejercicio de la ciudadanía social como sujetos activos y protagónicos de derechos en el ámbito la comunidad y de la sociedad en general. Ejemplos de esta situación:

  • "... utilización de la imagen de una persona menor de edad en un programa de televisión y manipulación para que se brinde testimonio sobre su vida privada." (Expediente N∞ 09289-26-2000)

  • "...la Fuerza Pública envía una copia a ocho medios de comunicación colectiva sobre un parte policial contra una persona menor de edad, a quien se le involucró en la comisión de delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos. En el documento se revelan no sólo sus datos personales sino también se describe una serie de conductas delictivas cometidas por el adolescente, violentando así su derecho a la privacidad e imagen. (Expediente N∞ 09952-26-2000)

  • "Un grupo de estudiantes acudió a la sesión del Concejo Municipal con el fin de presentar una propuesta de proyecto para crear la Sala de la Cultura y el Deporte en la comunidad. Cuando uno de los adolescentes solicitó el uso de la palabra, el Presidente Municipal se lo impidió, llamó a la Policía y desalojó el salón y la sesión del Concejo continuó en forma privada." (Expediente N∞10194-26-2000)

Respecto de esta situación, se reitera la necesidad planteada en el informe anterior, de difundir y promover entre la población infantil y adolescente, así como entre la ciudadanía en general, los derechos de la niñez y la adolescencia en materia de participación en las actividades de la comunidad, de respeto a su opinión, a su imagen, honor y privacidad; de manera que logren accionar y exigir esos derechos cuando les son violentados, por cuanto no se puede defender o denunciar lo que no se conoce.

  1. El 3% de las quejas corresponde a hechos violatorios vinculados con la responsabilidad del Estado, proporción que tiende a mantenerse igual que en los informes anteriores. Por Ejemplo:

  • Retraso en la transferencia de recursos económicos a las Instituciones de Bienestar Social y Guarderías Infantiles por parte del IMAS y del PANI, situación que violenta los derechos de los niños y niñas que requieren del servicio que brindan estas instancias. (Expediente N∞09493-26-2000)

  • Ministerio de Educación Pública se niega a equiparar el título de Bachillerato Internacional (B.I.). con el de Bachillerato en Educación Media según el Reglamento para la Equiparación de los Resultados Obtenidos en Programas de Bachillerato Internacional con el Bachillerato en Enseñanza Media, Decreto N∞26074-MEP, Gaceta N∞113 del 13 de junio de 1997 (Expediente N∞ 09538-26-2000)

Poco más de la mitad de las quejas (53%) atendidas corresponden al Ministerio de Educación Pública. Le siguen en su orden el Patronato Nacional de la Infancia (27%) y la Caja Costarricense de Seguro Social (7%). El Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social y las Municipalidades registran el 3% respectivamente, mientras el Ministerio de Seguridad, Gobernación y Policía, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Justicia y Gracia y Asignaciones Familiares comparten el 1% correspondientemente.

c. Casos paradigmáticos

i. El control estatal frente a la deficiencia de vitamina A en niños y niñas preescolares

  • Introducción (Planteamiento General del Problema)

A lo largo de la década de los 90, el Estado costarricense ha ratificado expresamente su compromiso en torno a la erradicación de los desórdenes y padecimientos relacionados con la deficiencia de vitamina A así como sus consecuencias, incluyendo ceguera. Un primer paso se da en la Cumbre Mundial de la Infancia, en 1990, en la cual los gobernantes de los países participantes -incluido el nuestro- se comprometieron, entre otras cosas, a alcanzar esa meta para el año 2000. Esta voluntad fue posteriormente ratificada mediante el Compromiso de Nariño de 1994, el Acuerdo de Santiago de 1996 y el Acuerdo de Lima de 1998.

También existen otros compromisos, ya no de orden moral sino jurídico, consecuencia directa de tratados y convenios internacionales aprobados por Costa Rica. Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea Legislativa en 1990, convirtiéndose en normativa de la República, con rango constitucional. La citada Convención, establece en su artículo 24 que:

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

(...)

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados ..."

Estas responsabilidades estatales son reafirmadas en la legislación nacional. Así, el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia que entró en vigencia en febrero de 1998, a letra dice:

 

 

"Artículo 4. Políticas estatales.

Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier otra índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.

De conformidad con el régimen de protección especial que la Constitución Política, La Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y las leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones aquí establecidas."

Sobre las "Competencias del Ministerio de Salud" orientadas hacia la garantía del derecho de la población menor de edad a servicios de salud de calidad, el numeral 44 del citado código señala:

"El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad."

Respecto al tema de la vitamina A, en términos de nutrición, ésta es necesaria para la formación y mantenimiento adecuado de tejidos (ojos, piel, huesos, aparato respiratorio y digestivo), así como para el funcionamiento del sistema inmunológico y para el crecimiento, por lo que resulta un componente esencial en la dieta del niño y niña en edad preescolar.

Consecuentemente, la deficiencia de vitamina A podría acarrear alguna o varias de las siguientes enfermedades y padecimientos: Ceguera nocturna y permanente, ausencia de secreción lagrimal, resequedad de la córnea, pérdida definitiva del ojo, pérdida de peso, detención del crecimiento y trastornos de malformación ósea, enfermedades diarréicas, sarampión y otras enfermedades infecciosas, menor resistencia a infecciones y muerte.

  • La Deficiencia de Vitamina A en Costa Rica

Diversas investigaciones y estudios en nutrición, entre los que cabe mencionar el artículo con fecha 3 de setiembre de 1998, intitulado "Universal vs. Targeted Coverege: Vitamin A-Fortified Sugar", de autoría compartida por Omar Dary M., Ph.D del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INAP/PAHO), Ciudad de Guatemala América Central y el International Workshop of Micronutrient Enhancement of Rice for Developing Countries de Stuttgart, Arkansas, coinciden en que la dieta normal en la mayoría de países centroamericanos -entre ellos Costa Rica- es baja en vitamina A, debido al consumo limitado de productos ricos en micronutrientes precursores de retinol, tales como los carotenos, que se encuentran en vegetales y frutas, tales como la zanahoria, espinacas, lechuga, mostaza, calabaza, naranjas, mangos y papaya.

El artículo en cuestión explica que el consumo de vitamina A en la región alcanza apenas el 50% de la dosificación diaria recomendada. Sobre este punto es importante indicar que de conformidad con criterios establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, se considera que la deficiencia de vitamina A se constituye en un problema de salud pública importante cuando el 10% o más de la población preescolar la presenta.

En los años sesenta la deficiencia de este nutriente significó un problema grave de salud pública en Centroamérica. En lo que a Costa Rica concierne, un primer antecedente se encuentra en la Encuesta Nacional de Nutrición del año 1966, cuyos resultados revelaron que el 32% de la población en edad preescolar presentaba una prevalencia de niveles bajos de retinol en el plasma.

A raíz de esta situación, durante la década de los setenta, Honduras, Guatemala y Costa Rica adoptaron programas de fortificación del azúcar con palmitato de retinol como principal mecanismo para controlar la deficiencia de vitamina A. De esta manera la región se convirtió en pionera en la utilización de dicho producto como vehículo de fortificación. Varias fueron las razones que motivaron la utilización del azúcar: en primer término, se trata de un producto autóctono; segundo, dado que no es importado, es relativamente barato y, finalmente, - y se puede decir que es la razón fundamental- es de consumo universal.

En Costa Rica, la fortificación del azúcar con vitamina A pasó a ser programa nacional a partir de 1974, producto de un decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Salud. Los resultados del programa se hicieron sentir casi de inmediato. En tan sólo siete años -a 1981- los casos de deficiencia de vitamina A se redujeron considerablemente, presentándose en apenas el 1,8% de la población preescolar. Paradójicamente, el programa fue suspendido en 1980 una vez alcanzados los resultados deseados, sin haberse adoptado antes ningún programa alternativo de contención que permitiera mantener estas cifras.

Los efectos de esta decisión se evidenciaron en la Encuesta Nacional de Nutrición del año 1996, donde la incidencia de casos de deficiencia de vitamina A en preescolares alcanzó un 8,7%.

Nuevamente el problema es combatido por los medios que otrora dieran tan buenos resultados y en junio de 1998 el Poder Ejecutivo emite el Decreto Ejecutivo N∫ 27021-S, "Reglamento Técnico para la Fortificación con vitamina A del Azúcar Blanco de Plantación para el Consumo Directo", mediante el cual el Ministerio de Salud autorizaba la venta de azúcar no fortificada con vitamina A por el plazo máximo de 12 meses, contados a partir de su publicación de este decreto. Según se señala en los considerandos del citado decreto, la medida se adopta a raíz de los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, que mostraron que la hipovitaminosis A constituye un problema de salud pública en el país.

Sin embargo, casi dos años después de su publicación y vencido el plazo conferido, el Ministerio de Salud emite un nuevo decreto, el N∫ 28482-S, publicado en la Gaceta N∫ 46 del 6 de marzo del 2000, mediante el cual modifica el anterior con la finalidad de autorizar la venta de azúcar no fortificada con vitamina A hasta el dos de febrero del año dos mil dos.

  • La investigación de la Defensoría de los Habitantes y sus resultados

La decisión del Ministerio de Salud motivó a la Defensoría de los Habitantes a iniciar de oficio una investigación sobre la situación de la carencia de vitamina A en niños en edad preescolar.

Mediante oficios número DM-F-00 de 15 de mayo del 2000 y otro fechado 15 de junio de 2000, el Ministerio de Salud, justifica su decisión en que "se consideró oportuno el otorgamiento de la prórroga solicitada por parte de la Liga de Azucareros de la Industria de la Caña de Azúcar (LAICA), dado que un período de 2 años es prudencial para que efectúen las adecuaciones pertinentes y para que la entrada en vigencia de la fortificación sea de una manera efectiva."

Además se agrega: "La prevalencia de niveles bajos de retinol de preescolares detectado mediante la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, fue de tipo moderado al presentarse una cifra de 8.7%, la que no supera el 10%, que es el límite para ser considerado como un problema importante de salud pública".

Finalmente, señala que: " La velocidad de crecimiento del problema de hipovitaminosis A ha sido lenta, ya que en un plazo bastante amplio de 15 años, solamente aumentó 6,9%,Ö"

En reunión sostenida con personeros de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), éstos se refirieron a la experiencia Guatemalteca, país que continuó con su programa de fortificación del azúcar, señalando que para implementar un programa de fortificación similar en Costa Rica, con resultados satisfactorios y de impacto, se requiere de más tiempo para la investigación, pues deben de tomarse en cuenta ciertos aspectos como las diferencias socioculturales en los índices de salud pública entre ambos países.

Explicaron que es preciso determinar si en el caso de nuestro el país la utilización del azúcar es la mejor opción para la fortificación con vitamina A, o por el contrario otros vehículos como los refrescos o consomé, son los más idóneos, tomando en consideración la gravedad del problema y las características y costumbres alimenticias del costarricense. También es necesario analizar la estrategia a seguir, sea por medio de la fortificación universal o una focalizada o parcial. En este sentido, se informó que coordinan esfuerzos con el Ministerio de Salud y con el Programa de Comedores Escolares del Ministerio de Educación Pública para determinar cuál es el vehículo idóneo.

Por otra parte se indicó que en términos económicos la implementación de un programa de fortificación representa para LAICA una erogación anual de $736 millones en compra de vitamina A, más los costos de producción, para un total de $1,200 millones.

A raíz de la justificación del Ministerio de Salud y de las explicaciones de la Liga Agrícola Industrial de la Caña, se consideró importante contar con el criterio técnico de expertos en la materia, por lo que se solicitó la colaboración de la Oficina Panamericana para la Salud, de UNICEF, y de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica.

Entre la información suministrada por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, destaca lo siguiente:

"Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996, se demuestra que , si bien es cierto que a nivel nacional solo hay un 8.7% de niños preescolares con deficiencia de Vitamina A, el 40,1% tiene niveles de retinol en plasma menores de 30 mg/dl lo que es indicativo de carencia "marginal" (OPS,1996).

Esto significa que un porcentaje muy alto de niños menores de 6 años está en una situación de riesgo de presentar deficiencia de esta vitamina, Por otra parte, esta deficiencia marginal puede estar contribuyendo a los altos niveles de prevalencia de anemia (dado el rol de la Vitamina A en el metabolismo del hierro); así como a una menor resistencia a las enfermedades infecciosas entre la población infantil. Por lo tanto se puede concluir que sí hay un problema de salud pública con respecto a la deficiencia de vitamina A (el resaltado es nuestro).

(Ö)

El enriquecimiento del azúcar con Vitamina A es un método que ha demostrado su eficacia para corregir el problema en forma rápida y, por lo tanto, puede resultar en una alternativa recomendable en el corto plazo. Sin embargo, la fortificación de alimentos con nutrientes específicos constituye una medida paliativa y no es la mejor solución en el mediano y largo plazo, sobretodo en un país como Costa Rica, en donde además de los problemas particulares por deficiencias, se han incrementado también la prevalencia de enfermedades crónicas tales como enfermedad cardiovascular y cáncer, en las que se ha comprobado el efecto protector de los antioxidantes.

(Ö)

Por lo tanto, un programa de enriquecimiento del azúcar con Vitamina A, debe ser implementado como una solución temporal, mientras el país organiza programas para el fomento del consumo de vegetales y frutas, que lleven a mejorar los hábitos alimentarios desde la niñez y garanticen el consumo de este nutriente y de otros importantes tanto para evitar las deficiencias de vitaminas, como niveles apropiados de sustancias antioxidantes. Cabe también señalar que ya las Guías Alimentarias para Costa Rica, Han indicado la necesidad de reducir el consumo de azúcar, por su alto aporte de energía sin otros nutrientes (calorías vacías), lo cual también requiere de educación nutricional."

El criterio de UNICEF coincide en gran medida con las observaciones y las conclusiones a las que arriba la Escuela de Nutrición, al señalar que:

"(Ö) A partir de tales criterios y los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de 1996 (Ministerio de salud Pública, Vigilancia Nutricional) -que es la única fuente de información disponible sobre el indicador-, Costa Rica actualmente tiene un leve problema de salud pública respecto a la deficiencia de vitamina A, ya que se estima que 8,7% de la población preescolar (comprendida entre 1 y 6 años) padece de hipovitaminosis A. Hay que destacar, sin embargo que en las zonas rurales el porcentaje es de 9.1% y en las zonas urbanas de 8.5%. Lo que más llama la atención de estos hallazgos es que en 1981 sólo el 1,8% de la población preescolar presentaba niveles bajos de retinol en plasma, es decir, el país entonces se encontraba en una mejor situación, por debajo del límite inferior que indica la existencia de un leve problema de salud pública en hipovitaminosis A.

En el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica se comenta, con base en los diferentes análisis difundidos sobre la Encuesta Nacional de Nutrición, lo siguiente:

"Los especialistas en la deficiencia de vitamina A han llegado a la conclusión de que no existe una situación adecuada en la población preescolar menor de 7 años, ya que 40,1% de ésta presentó niveles de retinol en plasma inferiores a 30ug/dl (MSP-INCIENSA: 1996,28-29). Es decir, 4 de cada 10 niñas y niños están en riesgo de presentar deficiencia de vitamina A y se ven más afectados aquellos de 6 años (47,1%), de 1 año (43,8%) y de 4 años (40,1%). Además, un elevado porcentaje de preescolares (31,4%) presentó carencia "marginal" de vitamina A, lo que implica un alto riesgo de desarrollo de hipovitaminosis A. El Módulo de Consumo Aparente de la Encuesta de Nutrición de 1996 muestra que el 38,3% de los hogares del país tienen un porcentaje de adecuación de la vitamina A inferior al 90%, lo cual se considera crítico. Este valor es del 52,5% de los hogares de la zona rural. (MSP-INCIENSA:1996)".

Por la información al alcance de nuestra oficina, es concluyente que Costa Rica no ha alcanzado aún la meta de eliminar la deficiencia de vitamina A en la niñez menor de 6 años y que es necesario continuar con los esfuerzos dirigidos a la erradicación de este problema que han distinguido al país desde hace más de tres décadas."

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, señaló lo siguiente:

"1. La Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1996, mostró que el 9,1% de los preescolares en la zona rural y el 8,5% en la zona urbana, presentaban niveles séricos deficientes de vitamina A (menos de 20 nanogramos por decilitro). La misma encuesta mostró que el 31,4% de los preescolares tenían concentraciones de retinol entre 20 y 30 nanogramos por decilitro, lo que revela una deficiencia moderada.

2. Con base al informe "Indicadores para determinar la carencia de vitamina A y su aplicación en el seguimiento y evaluación de los programas de intervención" de la Organización mundial de la salud, 1996, se acepta que la deficiencia de vitamina A es considerado como un problema de salud pública cuando el 10% o más de la población preescolar la presenta.

3. Existen varias estrategias para reducir la deficiencia de vitamina A las cuales son: fortificación de alimentos, suplementación con vitamina A y diversificación alimentaria.

a. La fortificación de alimentos consiste en agregar el nutriente (vitamina A) a los productos alimentarios ampliamente consumidos por la población. En los países en desarrollo muchos alimentos se han fortificado con vitamina A, entre ellos se puede mencionar los alimentos lácteos (especialmente la leche descremada deshidratada), margarina, aceites comestibles, leche en polvo y el azúcar blanco.

b. La suplementación consiste en la administración de la vitamina A (palmitato de retinol) en cápsulas, periódicamente según la dosis. Esta medida es particularmente recomendable cuando se requieren efectos a corto plazo debido a que la deficiencia en la población es severa y manifestada por signos clínicos como xeroftalmia, queratomalacia y ceguera nocturna.

c. La diversificación alimentaria considera el consumo variado y suficiente de alimentos ricos en vitamina A o con propiedades nutricionales precursoras de vitamina A (mango, papaya, ayote sazón, verduras de hojas de color verde oscuro) lo que implica una fuerte campaña de información y educación nutricional en la población, involucrando acciones de los sectores de salud, educación y agricultura, entre otros.

4. Sería conveniente que el país promoviera y apoyara la aplicación de las estrategias mencionadas a fin de prevenir las deficiencias de vitamina A en la población en general."

De la información suministrada por estas importantes organizaciones e instituciones se desprende que la deficiencia de vitamina A en el país aún no ha adquirido dimensiones de gravedad, como las experimentadas en 1966. Según los parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, la cifra alcanzada indica que se trata de un problema de salud pública leve o moderado. Sin embargo, cabe destacar que al hablar de ese 8,7%, en números reales, nos referimos a más de 35,000 niños y niñas en edad preescolar. Además la misma encuesta también detectó que el 31,4% ( aproximadamente 157,000 niños y niñas) de los preescolares presenta concentraciones de retinol en plasma entre 20-30 ug/dl lo cual indica carencia marginal con el eventual riesgo de padecer hipovitaminosis en un futuro no lejano. Estos datos fueron confirmados por las tres organizaciones consultadas. Es importante rescatar que para la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, estos datos representan un problema de salud pública.

Pero lo lamentable es verificar el retroceso experimentado por el país en relación con los logros obtenidos en el año 1981, los cuales nos acercaban bastante hacia la meta ideal de la erradicación de padecimientos asociados con la deficiencia de vitamina A, situación que debe llevar a reflexionar a las autoridades de Salud.

Por otra parte, analizada la situación a la luz de los compromisos adquiridos y la legislación vigente, tanto nacional como internacional, la decisión del Ministerio de Salud de postergar la atención del problema hasta el año 2002, resulta injustificada. Aún cuando se afirme que "la velocidad de crecimiento del problema de hipovitaminosis A ha sido lenta, ya que en un plazo bastante amplio de 15 años, solamente aumentó 6,9%...", ello no es razón suficiente para que el Estado costarricense omita su responsabilidad respecto a la atención y prevención de enfermedades de las personas menores de edad. Hay que recordar que en su oportunidad, mediante el decreto de 1998, el Ministerio de Salud, incluyó un transitorio, justamente con la finalidad de conceder un tiempo prudencial para que los sectores involucrados realizaran las adecuaciones del caso.

Debe tenerse presente que ya han transcurrido más cuatro años desde que se conoce de la existencia de deficiencia de vitamina A en un sector de la población preescolar, sin que se haya adoptado medida alguna para atender la situación. Lo anterior, aunado a las conclusiones a las que arriban las diversas investigaciones relativas a los hábitos alimenticios de los costarricenses (situación que según señala la Escuela de Nutrición se ha agravado en los últimos años, en virtud del aumento en el costo de alimentos fuente de retinol) y a la tendencia de crecimiento experimentado en los últimos 15 años, hace pensar que en este cuatrienio la problemática podría haber empeorado.

  • Conclusiones y Recomendaciones

La Defensoría de los Habitantes considera que son muchos los beneficios que un programa de fortificación podría traer a la salud y desarrollo de la niñez costarricense y que no debe esperarse a que el problema se torne grave o de difícil manejo para empezar a actuar. Decenas de miles de niños y niñas que podrían estar sufriendo, o sufrir eventualmente, las secuelas y enfermedades derivadas de la deficiencia de vitamina A -algunas de las cuales son irreversibles; tales como la ceguera nocturna y permanente, la menor resistencia a infecciones y hasta la muerte-, requieren de acciones inmediatas

Claro está, para garantizar resultados positivos en el mediano y largo plazo es fundamental que las medidas adoptadas, a su vez, sean sostenibles. En este sentido esta Defensoría comparte el criterio de la Universidad de Costa Rica que señala que se requiere de la implementación de programas orientados hacia la promoción de una dieta diversificada que incluya alimentos ricos en vitamina A.

En resumen, se requiere de dos tipos de medidas:

1) Una de corto plazo consistente en la administración directa de vitamina A a la población preescolar, mediante productos de consumo masivo, la cual ha demostrado ser un modelo de atención y solución rápida de la problemática.

2) Otra de mediano y largo plazo, relacionada con la promoción de hábitos alimenticios más sanos entre la población, que incluyan el consumo de vegetales y frutas, fuente de micronutrientes precursores de retinol.

En virtud de lo anterior esta Defensoría recomienda al Ministerio de Salud adoptar las medidas administrativas, técnicas, presupuestarias y de cualquier otra índole, así como coordinar esfuerzos con las partes involucradas para atender, a la mayor brevedad, el problema de deficiencia de vitamina A en la población preescolar, ya sea mediante la fortificación del azúcar con palmitato de retinol, o cualquier otro vehículo que la Administración estime apropiado. También considera necesario iniciar una campaña masiva de promoción de una dieta diversificada que incluya alimentos ricos en vitamina A, dirigida a la población en general.

ii. La discriminación en la atención hospitalaria de la persona recién nacida: Caso del Servicio de Neonatología del Hospital México

  • Introducción

En general, son diversas las razones que justifican el reconocimiento del principio universal de promoción y protección especial en favor de la niñez y la adolescencia. No obstante, se pueden resumir en el hecho que se trata de personas que se encuentran en una etapa de la vida donde los cambios en los aspectos físico, emocional e intelectual son una constante, lo cual los ubica en una posición de desventaja y mayor vulnerabilidad, frente a otros sectores de la población. De ahí que sus necesidades sean mayores, además de específicas.

Esta concepción adquiere particular importancia durante las primeras horas después del nacimiento del niño o la niña y hasta cerca de los dos años de edad, cuando el proceso maduracional físico y emocional así como la adquisición de destrezas y conocimientos se miden en horas, días y semanas, y no en años.

Es por lo apuntado anteriormente, que se ha señalado el instante que sigue al nacimiento de todo ser, como el momento más vulnerable de su vida. Se encuentra el ser humano entre los más vulnerables de todas los seres vivos de la naturaleza. Desorientado y sin consciencia de sí, al ser despojado abruptamente de un vientre protector que ha sido el único hábitat que ha conocido, nace ayuno de defensas físicas, psíquicas y culturales. Su sistema inmunológico está apenas en proceso de construcción y afianzamiento y depende, para todos los efectos, en un cien por cien, de su madre. De ahí que la importancia y trascendencia de recibir, en esos momentos, el cuidado y atención en salud de la más alta calidad, así como las condiciones, igualmente imprescindibles, para que se cree una relación de afecto madre-hijo.

Nuestro país a lo largo de su historia se ha caracterizado por haber dado una atención prioritaria y particular a la niñez. En esta cruzada, el tema de la salud (tanto en su aspecto preventivo como de atención) junto con la educación, ha sido de los más sensibles para la inversión social y la generación de políticas públicas dirigidas a este sector de la población, apoyadas en una importante plataforma normativa e institucional.

Es gracias a este esfuerzo acumulado de muchas generaciones que Costa Rica actualmente mantiene, en los campos de salud y educación, indicadores de desarrollo social que son comparables con los de países desarrollados. En el caso particular de la salud, la inversión social contribuyó a una disminución progresiva de la tasa de mortalidad infantil y a un aumento sostenido de la expectativa de vida al nacer, indicadores tradicionales para medir la situación de un país, en esta área.

No obstante, es preciso señalar que a pesar de los avances en lo normativo e institucional continúan manifestándose diversas formas de violencia y tratos discriminatorios contra la niñez, lo cual pone en evidencia que la consciencia o madurez social acerca del tema está rezagada en relación con el marco jurídico. Todavía perduran arraigados patrones culturales y "usos sociales" que llevan al adulto a visualizar a la persona menor de edad como seres inferiores o de menor valía.

Dentro de este contexto, el Estado también transgrede los derechos humanos de la niñez y adolescencia, aunque frecuentemente de manera más sutil, e incluso imperceptible. Una de las formas más comunes de violación de los derechos de las personas menores de edad es la discriminación basada en su vulnerabilidad y en sus limitados poderes de decisión y posibilidades de exigencia, en razón de su edad.

En términos concretos, esa discriminación se manifiesta de diversas maneras, que van desde la relegación de sus necesidades específicas a un segundo plano -y que muchas veces son últimos en recibir la atención y servicios que requieren-, hasta la omisión de cumplir con la obligación de dotar a las instituciones de los recursos necesarios -sean técnicos, materiales, o ambos-, para garantizar que esa atención y servicios sean del más alto nivel posible, máxime cuando de salud se trata, donde el escatimar recursos podría traer consecuencias irreversibles.

Sobre este particular, vale la pena citar las palabras del Profesor Luis Felipe González Flores, plasmadas en la exposición de motivos que redactara con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley para la creación del Patronato Nacional de la Infancia, ante el Congreso el día 8 de mayo de 1929, documento cargado de ideales forjados en una sensibilidad social encomiable y en valores éticos intemporales que mantienen, aún hoy, plena vigencia:

"La filosofía de la historia demuestra que los pueblos más cultos debieron su grandeza a la solicitud con que cuidaban a sus niños, comprendieron que la infancia constituye el capital viviente de una nación, el tesoro de la República. Dondequiera que las persona de cultura superior dirigen los destinos políticos de una nación, concentran sus miradas en la infanciaÖ La decadencia de un pueblo comienza cuando se agotan las posibilidades de su renovación, es decir cuando sus niños son seres biológica y espiritualmente inferiores."

La investigación que nos ocupa giró, precisamente, en torno a la discriminación Estatal y consecuente violación de derechos, contra las personas más jóvenes e indefensas de todas: las recién nacidas, en virtud de las precarias condiciones en que ha operado el Servicio de Neonatología del Hospital México en los últimos diez años.

  • Sobre la normativa nacional e internacional relativa al derecho a la salud de la persona menor de edad.

Como ya se mencionó, Costa Rica cuenta con un Ordenamiento Jurídico que ofrece amplias posibilidades para la generación de políticas públicas destinadas a la protección y promoción de los derechos la niñez y la adolescencia.

En primer término, debemos citar nuestra Carta Fundamental que garantiza una protección especial del Estado, en favor de la "madre y el niño". También hay que mencionar los tratados y convenios internacionales en la materia, aprobados por el país, dentro de los cuales destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Costa Rica en 1990.

Con respecto a la Convención, es importante señalar que constituye la síntesis más elaborada de la Doctrina de la Protección Integral, sustentada en dos principios fundamentales: la concepción de la persona menor de edad como sujeto de derecho y el principio del interés superior; razón por la cual ha servido de guía para la elaboración y revisión de una gran cantidad de normativa, promulgada con posterioridad.

El principio del "Interés Superior" se hace patente de manera especifica en el artículo 3 del citado instrumento, que dispone:

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

(...)

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

En cuanto al tema específico de la salud, el artículo 24 de la Convención, señala:

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de la salud. (...)"

En lo que a legislación nacional se refiere, es imprescindible citar el Código de la Niñez y Adolescencia, que emerge como la culminación del proceso de readecuación normativa iniciado con la aprobación de la Convención. Después de la Convención, el Código es la normativa nacional más exhaustiva e integral en materia de derechos humanos de las personas menores de edad.

Al igual que la Convención, el citado Código, se nutre también de los dos principios rectores arriba explicados. En su numeral 5 hace eco de lo dispuesto en aquella, al referirse al "Interés Superior:

"Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal."

 

 

 

También el artículo 4 del Código a ese principio al señalar que:

"Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

En la formulación y ejecución de las políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación, se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.

(Ö)"

Y sobre el tema específico de la salud, el Código en cuestión señala:

"Artículo 44. Competencias del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, el acceso a los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de la salud de las personas menores de edad.

a) Asegurar la atención integral de este grupo, procurando la participación activa de la familia y la comunidad.

b) Garantizar el acceso a los servicios de atención médica de calidad, especializados en niños y adolescentes.

(...)"

  • El caso del Servicio de Neonatología del Hospital México

La presente investigación se abrió a raíz de una queja interpuesta por un médico del servicio de Neonatología del Hospital México, en la que refería la persistencia, durante casi diez años, de condiciones inadecuadas de atención en el Servicio de Neonatología del Hospital México. Entre los problemas denunciados mencionó el hacinamiento y falta de un espacio adecuado, escasas medidas sanitarias y falta de personal. Situaciones propicias para la proliferación de infecciones intrahospitalarias, riesgos de mala praxis, además de imposibilitar la atención adecuada en caso de emergencia.

También hay abierta una investigación por problemas similares en el Hospital Nacional de las Mujeres "Dr. Adolfo Carit", que se tramita bajo el expediente N∞ 10247-26-2000-QJ y que se encuentra pendiente de resolver.

A raíz de estas quejas, la Defensoría tomó la determinación de ampliar las investigaciones al resto de los Hospitales y Clínicas del país.

Antecedentes:

Para una mejor comprensión de la problemática que vive hoy el Servicio de Neonatología del Hospital México, conviene señalar que a lo largo de su historia ha pasado por distintos momentos y circunstancias, impregnados de grandes carencias y angustias de distinta índole. A continuación se explicarán sucintamente estos antecedentes:

Por un error en el diseño del Hospital, cuando éste abrió sus puertas al público por primera vez, no se contó con un espacio físico destinado para la atención de los pacientes recién nacidos. En virtud de ello, en sus orígenes, el Servicio de Neonatología fue ubicado en el sétimo piso del Hospital México, en un espacio cedido por Cirugía (Tomado de Revista XXV Aniversario Hospital México, edición especial, CCSS).

Allí estuvo por varios años a pesar de que no era el sitio ideal para un Servicio de Recién Nacidos, dado que la Sala de Partos estaba ubicada en el Primer Piso, lo cual dificultaba la atención expedita de situaciones de emergencia que se pudieran presentar allí.

En 1991, a raíz de los trabajos de reforzamiento de la estructura antisísmica del Hospital, el Servicio de Neonatología fue trasladado al primer piso, donde se ubicó en un área improvisada y más pequeña, destinada anteriormente para la recreación de los pacientes. A pesar de las limitaciones propias del reducido espacio, el panorama parecía mejorar ante la garantía de la Dirección del Hospital de que las incomodidades no serían por más cinco meses, tiempo que se tomaría la construcción del nuevo espacio que se consideró albergaría, en forma permanente, el Servicio.

Transcurrieron más de 9 años desde entonces y el Servicio de Neonatología del Hospital México sigue ocupando ese espacio que incumple con las condiciones mínimas para prestar un servicio adecuado a los recién nacidos-as, con el consecuente riesgo de contaminación e infecciones intrahospitalarias para éstos y el prematuro e, incluso, el personal del Servicio.

También preocupó hasta hace poco el hecho de que solamente un médico atendía en guardia todas las áreas del servicio, después de las 15:00 horas, de lunes a viernes, cuando las normas de acreditación señalan que en cuidados intermedios e intensivos debe haber un neonatólogo por cada 10 y 6 camas respectivamente las 24 horas del día y uno más para servicios generales también las 24 horas. Se señala que el problema era que de día, hasta las 15:00 horas 6 médicos atendían todos las áreas del Servicio de Neonatología sean: Alojamiento Conjunto, Cuidados Intensivos e Intermedios Neonatales y Salón General. Sin embargo, después de esa hora solamente quedaba un médico de guardia para atender todas esas áreas, más las llamadas de emergencia de Sala de Partos. Ese único médico estaba a cargo de atender, en ocasiones, a más de 80 pacientes, en diferentes condiciones.

Según expresaron en su oportunidad los propios funcionarios encargados del Servicio, "...Estas condiciones laborales están redundando en una mala atención médica por cuanto el volumen de trabajo es grande, se retrasa el egreso de los pacientes con sus madres, provocando el caos en el Servicio de Obstetricia que están deseando que sus pacientes se egresen prontamente. Estos pacientes generalmente se dejan de último para su valoración por cuanto son niños de cuidados mínimos están con su madre y por lo tanto se dejan para luego de haber valorado a pacientes de cuidado alto e intermedio y de la atención prioritaria en sala de partos.

Este estado de cosas traen como consecuencia las siguientes situaciones:

  1. Malestar en los padres de familia por cuanto la madre tiene egreso pero el neonato no, estando el recién nacido con la madre.

  1. Las madres en muchas ocasiones no quieren egresar soas (sic), se quedan hasta que le autoricen el egreso a su niño. Esto redunda en aumento de la estancia de la madre en Obstetricia, provocando plétora y hacinamiento.

  1. El personal de Obstetricia se indispone y hay roces inconvenientes entre los funcionarios. Igualmente el personal de Neonatología se indispone por cuanto no se pasa visita en el salón general para la valoración de egreso y porque hay mucha presión de los padres.

  1. Los médicos de la sala de partos en muchas ocasiones tiene que postergar las cirugías por cuanto el neonatólogo no puede estar presente.

  1. La "ligereza" de valorar a los pacientes por la premura del tiempo hace que el neonatólogo esté expuesto a mala praxis.

  1. El agotamiento físico y mental del neonatólogo es enorme e injusto por el trabajo excesivo.

  1. La calidad de atención no puede ser la mejor en estas condiciones.

(Ö)"

A lo largo de estos años, la delicada situación del Servicio ha sido denunciada innumerables veces por el propio personal, ante todas las instancias administrativas del Hospital México y de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin lograr una respuesta o acciones efectivas para solucionar los problemas apuntados.

  • Criterio de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Hospital México.

Como parte del proceso de investigación, se solicitó a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social un informe para que se pronunciaran sobre los hechos denunciados.

Mediante informe presentado por la Dirección General del Hospital México, mediante oficio número DMHM-1055-2000 de fecha 23 de junio del 2000, se señaló que:

"Si bien es cierto el Servicio de Neonatología en este momento pasa por un grave problema de hacinamiento por falta de espacio físico, el cual trae como consecuencia una falta de espacio adecuado, sobrecarga de volumen de pacientes, no lo es el hecho de (sic) no se haya logrado una respuesta efectiva por parte de las instancias administrativas del Hospital y la Caja Costarricense del Seguro Social como se demuestra en la nota No. DMHM-0375-2000, de fecha 07 de marzo de 2000 en la que el entonces Director de ese Nosocomio Dr. Mario Coto López, le informa al Presidente de la Junta de Salud Sr. Tobías Bolaños que con fecha 06 de marzo del 2000 queda totalmente habilitado el espacio físico y para ello se logra el traslado de la Unidad de Informática, de la Unidad de Relaciones Obrero Patronales y Hemodiálisis así como de algunos cubículos del primer piso con el fin de que se inicie la ampliación del Servicio de Neonatología por parte de la Empresa Carrez S.A. misma a la que se le había adjudicado dicha construcción en el concurso ni (sic) LR-99-089, sin embargo no se inicia la construcción en el plazo establecido por haberse declarado la insubsistencia de la adjudicación arriba mencionada a la Empresa Carrez en Junta Directiva en Sesión 7434, en su artículo 9 celebrada con fecha 24 de abril del 2000, recayendo la nueva adjudicación a la Empresa Navarro y Aviléz, la que en este momento se encuentran en los últimos trámites administrativos. El proyecto consta de un área de 425 m2 con un costo de C 51.812.044,20 y su construcción iniciará en un plazo menor a 40 días.

Respecto a la falta de recurso humano esta Dirección Médica ha tomado las medidas necesarias para reforzar el personal de guardias con asistentes especialistas en Neonatología como se demuestra en las notas DMHM-0345-2000 en la que el Dr. Mario Coto López autoriza el reforzamiento de guardias de los días sábado, domingos y feriados a partir del 15 de marzo del año en curso, y en la nota No DMHM-0950-2000 el suscrito en calidad de Director a.i. de este Hospital también autorizó un nuevo reforzamiento de guardias solicitado por el Servicio de Neonatología dándole una vigencia del 15 de julio del 2000 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Sobre las medidas sanitarias que se denuncian han sido debidamente coordinadas con la Jefatura de Aseo de este centro hospitalario.

En respuesta al punto en el que se solicita indicar sobre cualquier trámite adicional que se pudiera relacionar con el presente asunto le adjuntamos la nota DMH0947-2000 de fecha 16 de junio del 2000 en la que se solicita al Dr. Carlos Torres Soto, Jefe del Servicio de Neonatología el proceder con el trámite de compra de a-) Diez Bombas infusión Medicamentos, b-) Seis cámaras humidificadoras, c-) Seis soportes y d-) Seis analizadores de oxígeno, esto con el fin de dar mejor atención a nuestros pequeños pacientes y mejorar el equipo con el que cuenta el Servicio de Neonatos.

También el Servicio de Neonatología recibió en el mes de junio del 2000 del Proyecto España, equipo médico con un costo de $ 168.210 (3 incubadoras abiertas para cuidados intensivos, 2 incubadoras gabinete, 1 incubadora transporte, 2 incubadoras transportables, 6 lámparas fototerapia, 9 monitores para adultos y neonatos no invasivos).

Como punto final esperamos que con la ampliación del Servicio de Neonatología se logre disminuir las proliferaciones de infecciones intrahospitalarias, los riesgos de mala praxis, así como dar la atención adecuada a los casos de emergencia a los que hace mención en su oficio."

  • Inspección de la Defensoría y situaciones verificadas.

En agosto del 2000 funcionarios de la Defensoría se apersonaron al Hospital México con la finalidad de verificar la información suministrada por las autoridades del Hospital, así como para realizar una inspección ocular del Servicio de Neonatología.

Al realizar un análisis comparativo de las condiciones en las que opera dicho servicio frente a las Normas de Acreditación de Servicios de Neonatología establecidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, se pudo constatar que el Hospital México incumple (e incumplió durante muchos años y hasta la intervención de esta Defensoría) por lo menos las siguientes normas:

  • En cuanto al Personal

- Norma 4.1.1.3, incisos a), b), c) , que indica que "el Servicio de neonatología debe contar con un neonatólogo o pediatra las 24 horas del día para servicios con cuidados generales; un neonatólogo por cada 10 camas ocupadas las 24 horas en cuidados intermedios y; en cuidados intensivos, un neonatólogo por cada 6 camas ocupadas las 24 horas del día.

La problemática de las guardias que hasta hace poco se solucionó, impidió durante mucho tiempo el cumplimiento de esta norma.

  • Sobre la Planta Física

-Norma 4.1.2.1 El Servicio de Neonatología debe estar contiguo a la sala de partos. En el Hospital México el Servicio está ubicado a unos 20 metros de la sala de partos, cruzando el área de los ascensores.

-4.1.2.1, incisos a) y b) Deben existir superficies asignadas para cada neonato que se atienda: 3,5 m2 en cuidados generales e intermedios y 4,8 m2 en cuidados intensivos. Además el espacio entre incubadoras o basinetas de 1,00 a 1,8 mts. En virtud de las limitaciones de espacio, en ninguna de las áreas del Servicio de Neonatología del Hospital México, se respeta esta disposición; de hecho algunas incubadoras están a menos de 30 cm. una de la otra

- 4.1.2.4 El Servicio de Neonatología debe contar al menos con las siguientes áreas diferenciadas. No existen las siguientes áreas diferenciadas:

          1. Area de circulación restringida para la observación de neonatos sospechosos de estar infectados. No existe.
          2. Area de observación, reanimación y estabilización de neonatos. Actualmente esto se realiza en el salón de pretérmino contiguo a sala de partos
          3. Sala para procedimientos asépticos. Se realizan dentro del área de internamiento.
          4. Estación de enfermería con visibilidad a cada usuario internado. El área actual no permite esa visualización, pues las paredes son de concreto hasta el cielo raso y no la mitad de material transparente como debiera de ser para permitir la visibilidad.
          5. Oficina para uso del personal. El Jefe de Servicio sí tiene una oficina asignada sin embargo está hacinada de materiales, cajas, etc.
          6. Area de preparación de medicamentos. Estos procedimientos se realizan en la misma unidad del paciente.
          7. Area de lavado y desinfección de materiales fuera del área de atención y área de preparación de medicamentos. El espacio actual no lo permite, estos procedimientos se hacen en el mismo lavabo utilizado para el lavado de manos del personal, ubicado en el área de cuidados intensivos.
          8. Cuarto para guardar equipo. No existe un cuarto destinado para tales efectos, de manera que el material y equipo que no cabe dentro del Servicio, se acomoda en la oficina de la Jefatura.
          9. Cuarto para personal de guardia. Está lejos del servicio, cerca de Sala de partos, y debe ser compartido con otros médicos de la sección.
          10. Area privada para lactancia materna. Sí hay, pero es inadecuado por sus dimensiones.
          11. Area para descanso de los padres o encargados del neonato. Actualmente se hace en pasillos o en cuarto de programa madre canguro.
          12. Consultorio para seguimiento de neonatos de alto riesgo, fuera del área de internamiento. No existe.
          13. Area de exploración de pacientes. No existe.

- 4.1.2.5 El área de observación, reanimación y estabilización de neonatos debe contar con tomas de oxígeno, aire comprimido y succión. En el espacio actual no existe sistema de aire comprimido central, sino que el suministro se hace por medio de cilindros, con el inconveniente de que no existe un lugar adecuado para su disposición, además de la dificultad y peligro que implica su acarreo.

- 4.1.2.6 Los pisos y paredes del Servicio de Neonatología deben ser de material lavable. Se pudo observar que las paredes del Servicio no son de material lavable, sino de concreto con pintura de aceite. Debe recordarse que es un espacio adaptado e improvisado.

- 4.1.2.7 Las salas de neonatos deben contar con al menos un lavamanos accionable con el codo, pie o rodilla o automático por cada seis camas. Estos lavamanos deben contar con jabonera con jabón líquido accionable por medio mecánico o automático; cada lavamanos debe contar con medios desechables para el secado de manos. En el Servicio de Neonatología del México, solamente hay un lavamanos para el salón de cuidados intermedios e intensivos y no es accionable con el codo pie o rodilla. Tampoco se cuenta con mecanismos desechables para secado de manos. Además allí mismo se lavan los materiales.

- 4.1.2.10 Las paredes del área de internamiento de neonatos deben tener la mitad superior construidas con material transparente. En el caso que nos ocupa, las paredes del área de internamiento que dividen el salón general del cuidados intermedios e intensivos no tiene la mitad superior de material transparente, sino que son de concreto hasta el cielo raso.

- 4.1.2.11 El Servicio de Neonatología debe contar con un sistema que permita regular la temperatura ambiental del área de internamiento. La temperatura del área debe estar entre 23o y 30o. El Servicio no cuenta con un sistema de regulación de temperatura ambiental, lo cual aunado al hecho de que tiene grandes ventanales que no están polarizados, da como resultado que en ciertas horas la temperaturas sea extremas.

- 4.1.2.12 El Servicio de Neonatología debe contar con un servicio sanitario para uso exclusivo de sus funcionarios. En el caso del Hospital México, el personal de Neonatología no cuenta con un servicio sanitario para su uso exclusivo, sino que debe compartirlo con los servicios aledaños y visitantes.

  • Sobre la Gestión

- 4.1.6.8 El servicio debe asegurar el cumplimiento de las normas de esterilización de equipos e instrumentos que utilice en la atención de los neonatos. Dado que los procedimientos de lavado y desinfección y esterilización de materiales y equipo se realizan en la misma unidad del paciente, resulta prácticamente imposible cumplir con esta disposición.

- 4.1.2.23 El servicio debe asegurar la adecuada manipulación de ropa sucia y limpia, deben contar con un sistema de circulación para este propósito. En virtud de las enormes limitaciones de espacio ha sido imposible diseñar un sistema adecuado de circulación y manipulación de ropa sucia y limpia, de manera que una y otra ingresa y sale por la misma puerta.

  • Conclusiones y Recomendaciones

Concluida la investigación resultó lamentable comprobar que las delicadas y apremiantes situaciones que enfrentan a diario los funcionarios y usuarios del Servicio de Neonatología del Hospital México, que datan desde el tiempo en que éste abrió sus puertas al público, se hayan prolongado hasta el presente, poniendo en jaque la salud y la vida de cientos de miles de niños y niñas que vienen al mundo en ese centro de salud.

En realidad, para quienes laboran en ese servicio, las condiciones actuales son aún más difíciles que en un principio pues han visto como, frente al aumento de demanda basado en el crecimiento demográfico, las condiciones físicas y de recursos del Servicio, lejos de mejorar con el paso del tiempo, han experimentado una franca desmejora (salvo lo relativo a las guardias que fue recientemente atendido por las autoridades del Hospital).

Ciertamente el movimiento de los derechos de la niñez y adolescencia y el paradigma de la protección integral son más recientes a la construcción del Hospital México. Sin embargo, hace ya diez años que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y, casualmente, las notas y documentos varios dirigidos a las Jefaturas correspondientes y a la Dirección del Hospital México solicitando buscar una solución al asunto, tienen casi el mismo tiempo. Todo pareciera indicar que la Convención nunca llegó a las puertas del Hospital México y hoy tanto el Servicio de Neonatología como sus usuarios han sido relegados, cual si fueran ciudadanos de segundo orden.

Sirvan las palabras de aquel ilustre ciudadano y primer presidente del Patronato Nacional de la Infancia, don Luis Felipe González Flores, de respuesta a la interrogante así como para comprender, como bien lo hizo él, que la mejor inversión que puede hacer una nación, es justamente en el resguardo de su mayor tesoro: sus niños y niñas; pero no basada en la egoísta idea de que son el futuro de nuestro país, o porque son potenciales ciudadanos, sino por la firme convicción de que poseen una existencia, necesidades y derechos propios y actuales, aún cuando no puedan expresarlos o ejercerlos por sí mismos.

Si bien se logró constatar que parte de la problemática denunciada fue solventada, gracias a la asignación del personal requerido para las guardias y a la implementación de algunas medidas sanitarias, la presente investigación también permitió determinar que el problema de hacinamiento y carencia de un espacio adecuado para el Servicio de Neonatología persiste. En virtud de lo anterior esta Defensoría recomendó a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Hospital México disponer de inmediato, de un espacio físico adecuado para el Servicio de Neonatología del Hospital, hasta tanto la nueva edificación que lo albergará de manera permanente, no sea una realidad. Además se recomendó informar sobre los avances de dicha construcción.

d. Protección Jurídica a la niñez y la adolescencia víctima de abuso

  1. El abuso y la violencia

Comprender y aceptar que los niños, niñas y adolescentes son personas, con derechos propios, que pueden accionar esos derechos y hacerlos exigibles, como un asunto que trasciende el marco familiar, no es un asunto sencillo para el mundo de los adultos.

La historia de los derechos de la infancia y la adolescencia, es muy reciente. La humanidad ha tenido que esperar mucho para reconocer sus necesidades, derechos e intereses, así como también, para reconocer que estas necesidades, derechos e intereses tienen prioridad absoluta.

Con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989) y del Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), la violación de esos derechos humanos se reconoció como un problema grave, de interés público.

Se condena jurídica y socialmente ñentre otros abusos y atropellos- los castigos corporales, que se continúan realizando como una práctica considerada por razones de obediencia, disciplina, educación y religión, como un hecho normal; sobre todo si son impartidos por familiares o maestros de los niños, niñas y adolescentes.

Se sigue pensando que las personas menores de edad son propiedad privada del padre, madre o adulto responsable, quien muchas veces considera que tiene un derecho ilimitado de autoridad absoluta.

En realidad, existen variadas formas de violencia que violan los derechos de la niñez y la adolescencia, que responden a comportamientos sociales, institucionales, colectivos e individuales. Entre las formas de agresión individual, el actor del abuso es un individuo que ejerce el poder y mantiene el control de la situación, mientras que en las de orden institucional, social y cultural ese poder y control lo ejerce un sector de la colectividad.

La sociedad es agresora cuando por su forma de organización permite que perduren y existan condiciones de extrema pobreza que impiden a la familia satisfacer las necesidades básicas de sus miembros menores de edad.

El Estado es agresor cuando no define políticas orientadas hacia la protección de la infancia y de su familia, ó enfrenta parcialmente el problema, no prioriza la inversión en el área social, o sus normas, legislación y aparatos, introducen una cultura agresora y en nombre de proteger al niño, niña y adolescente, usa conceptos coercitivos y prácticas punitivas que implican violencia contra ellos y ellas.

Las escuelas, hospitales, guarderías y en general las instituciones que tienen que ver con la atención infantil y adolescente pueden ser agresoras si sus formas disciplinarias lesionan la integridad física o psicológica de estas personas, si sus prácticas son rutinarias y despersonalizantes, si sus recursos técnicos o materiales son limitados, si su personal carece de la mística o preparación necesaria, o si el entorno físico es francamente estéril o degradante.

La violencia es una situación estructural donde todas las personas son víctimas, cómplices y denunciantes:

  • Cuando no se escuchan a tiempo las voces de los niños, niñas y adolescentes que cotidianamente son víctimas de abuso.

  • Cuando no se reacciona oportunamente ante el hecho de que para algunos niños, niñas y adolescentes la calle es el espacio que les permite mantenerse con vida.

  • Cuando se actúa con indiferencia ante una sociedad progresivamente deshumanizada, consumista y discriminatoria, que permite la exclusión de oportunidades equitativas para el desarrollo, que comercializa los sentimientos, el cuerpo y la sexualidad; que permite el atropello de los derechos y el irrespeto hacia las personas más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes.

La familia por su parte, agrede a sus miembros, cuando de generación en generación se transmiten prácticas, costumbres y creencias, en donde las formas de relación interpersonal son violentas. Un ejemplo de esto, son las creencias erróneas sobre los patrones de crianza y puesta de límites a los niños, niñas y adolescentes, en donde la agresión y el abuso de autoridad siempre están presentes. Estos modelos de relación dañan y lastiman a los niños y niñas, dejando lesiones que perduran para toda la vida, aún cuando algunas veces esas actitudes de los adultos son muy sutiles e imperceptibles.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación y orientación apropiadas de acuerdo con su proceso de desarrollo y evolución de sus capacidades. Es ésta una obligación primordial de los padres o personas responsables en el ejercicio de una autoridad racional; que está por encima de la responsabilidad de la escuela y de los medios de comunicación, los cuales también son agentes importantes en el proceso de socialización.

  1. El abuso hacia niños, niñas y adolescentes.

El abuso hacia personas menores de edad es una manifestación del adulto que no tiene justificación. Es considerado como de una de las formas más intolerables de violación de los derechos humanos. El abuso es una manifestación que daña y lastima, es el resultado de una relación desigual de poder, en donde la persona adulta ejerce el dominio y el control de toda la situación. El abuso, como ya se señaló, es un asunto prioritario de interés público que afecta a toda la sociedad, el cual debe y puede prevenirse. Existen diferentes formas de abuso:

  1. El abuso físico ocurre cuando una persona que está en una relación de poder con un niño, niña o adolescente, le ocasiona daño no accidental, provocando lesiones internas, externas o ambas. El castigo crónico o severo es una forma de abuso físico, en donde se utiliza la fuerza física contra una persona menor de edad. También constituye abuso físico el daño que se causa, no por el grado de intensidad, sino por la frecuencia con que ocurra el castigo.
  2. El abuso por descuido, negligencia incluye las acciones u omisiones de los padres o personas responsables, quienes tienen bajo su responsabilidad la guarda, crianza y educación de un niño, niña o adolescente, y no satisfacen las necesidades básicas de éstos, teniendo la posibilidad de hacerlo. Este abuso priva ñparcial o totalmente- a la persona de protección, de atención y cuidados necesarios que aseguran un desarrollo pleno.
  3. El abuso emocional comprende toda acción u omisión que lesione la autoestima o el desarrollo potencial de un niño, niña o adolescente. Incluye insultos constantes, no reconocer aciertos, ridiculizar, rechazar, manipular, explotar, comparar, tener expectativas irreales, entre otros. La persona incorpora esos mensajes y los asume como verdades, en particular si son transmitidos por sus padres o personas responsables, menoscabando así el concepto e imagen de sí misma. Problemas en la autoestima hacen a la persona vulnerable a otras formas de abuso, pudiendo llegar a la manifestación de conductas autodestructivas, incluso suicidas.
  4. El abuso sexual constituye todo acto en el que una persona en una relación de poder, involucra a un niño, niña o adolescente en una actividad de contenido sexual que propicia su victimización y en la que el ofensor obtiene gratificación. La relación de poder entendida como la que nace de una diferencia de fuerza, edad, conocimiento o autoridad entre la víctima y el ofensor. La violencia sexual incluye exhibicionismo, acoso sexual, exposición o participación en pornografía, explotación sexual, sexo oral, sodomía, penetración genital o anal con un objeto, violación e incesto.

La población infantil y adolescente que es víctima de cualesquiera de las formas de abuso que se han descrito, debe recibir protección psicosocial por parte del Patronato Nacional de la Infancia, siendo obligación de todo funcionario público y del funcionario privado que preste servicios en centros educativos o de salud, "denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometidos contra personas menores de edad" (Código de la Niñez y Adolescencia art. 49).

De acuerdo con las estadísticas del Patronato Nacional de la Infancia atinentes al período 1999, se reporta un total de 17,316 niños, niñas y adolescentes atendidos durante ese año por diferentes motivos, siendo las situaciones de abuso las causas por las que más de la mitad de esa población (52.36%) debe recibir protección por parte del PANI. Al respecto el siguiente gráfico presenta una distribución porcentual según el tipo de abuso.

Más de la mitad de la población ha sido víctima del incumplimiento de los deberes parentales (54%), dándose un abuso por el descuido o la negligencia de los padres o personas responsables al no garantizar ni atender las necesidades y derechos de los hijos e hijas. El abuso físico y el abuso emocional estuvo presente en el 18% de los niños, niñas y adolescentes atendidos. El 10% -940 personas- ha enfrentado atropellos en la esfera sexual, tanto dentro del ámbito familiar (73%) como fuera de éste (27%).

Otra de las causales objeto de intervención del PANI es la "violencia intrafamiliar", la cual registra que el 10.7% de los niños, niñas y adolescentes enfrentan -directa o indirectamente- dentro del grupo familiar tal situación.

Por otra parte, se dispone de estadísticas sobre población menor de edad atendida por el PANI, hasta el mes de septiembre del 2000, la cual expresa un incremento en los datos digno de mencionar.

Hasta septiembre del 2000 el PANI atendió un total de 17,316 niños, niñas y adolescentes por diferentes causas violatorias a sus derechos. De estos el 52% fue víctima de abuso en sus diferentes manifestaciones, proporción similar al del período anterior, aún cuando no se contabiliza el último trimestre. Significa entonces, que la mayoría de los asuntos que se tratan en esta institución son por abuso. Del total de niños, niñas y adolescentes que han estado sometidos a estos atropellos, el 58% se refiere al abuso por omisión o negligencia, el 18% por abuso físico y el 15.5% corresponde a abuso emocional. El abuso sexual (8%) ocurre la mayoría de las veces dentro del ámbito familiar (69%).

Por "violencia intrafamiliar" se atiende durante ese período el 9% de la población infantil y adolescente, proporción similar al año anterior.

  • Denuncia en la Defensoría de los Habitantes.

La Defensoría de los Habitantes tramita una queja (Expediente N∞09811-26-2000) referente al abuso físico y sexual del que, presuntamente, fueron víctimas varios niños y niñas en un CEN CINAI:

"Un grupo de personas preocupadas por niños y niñas que asisten al Centro de Atención Integral ... , por la situación de abuso físico y sexual que han enfrentado algunos niños y niñas de ese Centro Infantil, por parte de una maestra...

Esta situación fue denunciada ante ... del Ministerio de Salud, en donde se les recomendó interponer la denuncia penal. Por lo que en el mes de septiembre de 1999 se denunció la situación ante la Fiscalía de Hatillo ...

Las autoridades del Ministerio de Salud, después de conocer la denuncia por el presunto abuso, trasladaron a la maestra a otro centro, en donde actualmente desempeña labores. Refieren las denunciantes ... que al parecer existen antecedentes de abuso físico de otros niños y niñas por parte de la misma señora, sin embargo se desconoce si en ese momento el Ministerio investigó la situación."

Esta Defensoría realizó las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Salud, el cual brindó la información requerida. No obstante, por ser un asunto de competencia directa del Patronato Nacional de la Infancia se puso en conocimiento de esa institución la denuncia, para que se procediera según corresponde.

El PANI no sólo es responsable de brindar la atención psicosocial de los niños y niñas presuntamente abusados, sino que también debe intervenir como parte en el proceso judicial que se sigue por el abuso cometido, ya que se vinculan derechos e intereses de personas menores de edad, asegurando así el disfrute pleno de éstos. También debe representar legalmente a los niños, niñas y adolescentes que no se encuentran bajo autoridad parental, ni de tutela, así también a quienes estén bajo una autoridad inhabilitada. (Artículo 4, Incisos k) y L) Ley N∞7648 PANI)

El Código de la Niñez y la Adolescencia reitera esa responsabilidad del PANI, señalando que en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en que se involucre el interés de una persona menor de edad, el Patronato Nacional de la Infancia representará los intereses de esa persona cuando su interés se contraponga con el de quienes ejercen la autoridad parental. En los demás casos, participará como coadyuvante del proceso. (Artículo 111)

En razón de lo anterior, se solicitó a la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia que informara sobre la participación que tienen las Oficinas Locales en relación con el Proceso de Protección Especial en la Vía Jurisdiccional y administrativa donde estén vinculados los derechos e intereses de las personas menores de edad. Además se requirió, de forma específica, el número y tipo de casos que en promedio llevan los/las abogados/as de esa institución de acuerdo con las obligaciones que le define la Ley Orgánica y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo se solicitó señalar si la institución cuenta con los recursos humanos necesarios para cubrir las funciones mencionadas en los puntos anteriores.

El PANI informó al respecto que, como promedio institucional cada abogado tiene a su cargo 387.1 expedientes. El promedio mensual institucional es de 1677.7 expedientes y el promedio mensual por abogado es de 43.0. Además se señala que "la institución no cuenta con el recurso humano ni material necesario para cubrir en forma total las funciones que le compete."

Al respecto se registra la siguiente información:

Promedio institucional de casos

 

Promedio de casos por abogado

Oficina Local:

Promedio:

 

Oficina Local:

Promedio:

San José

363

 

San José

1

Tibás

862

 

Tibás

105

Oeste

149

 

Oeste

79

Este

946

 

Este

376,70

Sur

713,70

 

Sur

449

Desamparados

479

 

Desamparados

1.576,50

Puriscal

1.528

 

Puriscal

612

Aguirre

0

 

Aguirre

15

Pérez Zeledón

230

 

Pérez Zeledón

128

Alajuela

136

 

Alajuela

262,50

San Ramón

816

 

San Ramón

201

Naranjo

246

 

Naranjo

143

Grecia

329

 

Grecia

121

San Carlos

909

 

San Carlos

1.551

Los Chiles

0

 

Los Chiles

21

Heredia

379,50

 

Heredia

185,50

Sarapiquí

242

 

Sarapiquí

87

Cartago

507

 

Cartago

580

Turrialba

56,60

 

Turrialba

129

Puntarenas

147

 

Puntarenas

91

Corredores

482

 

Corredores

308

Golfito

173

 

Golfito

33

Osa

63

 

Osa

45

Santa Cruz

230

 

Santa Cruz

139

Liberia

1.892

 

Liberia

2.164

Limón

103,50

 

Limón

245

Talamanca

117

 

Talamanca

14

Siquirres

209

 

Siquirres

174

Los datos reflejan claramente la imposibilidad del PANI para representar y coadyuvar en sede jurisdiccional, de manera efectiva y oportuna los derechos de las personas menores de edad.

En igual sentido preocupa, que de acuerdo con las consultas y las quejas recibidas y atendidas en la Defensoría, se señale, de forma cada vez mas reiterada, la práctica de que cuando el PANI recibe denuncias de abuso, el asunto se refiere a los tribunales -como corresponde-, pero se omite la responsabilidad no sólo de brindar acompañamiento jurídico ñya mencionado-, sino también la respectiva atención y protección psicosocial. Es decir, la intervención terapéutica y el acompañamiento psicosocial que evite la revictimización en el proceso judicial. Un ejemplo de ello, es la situación de los niños, niñas y adolescentes vinculados con la queja expuesta anteriormente, en donde se puso del conocimiento del PANI el asunto y hasta esta fecha se desconoce, porque no se registra en los documentos que se remiten, las gestiones realizadas para brindar atención psicosocial a esa población, así como el apoyo y orientación a sus familias, máxime tratándose de una situación tan delicada como es el abuso sexual.

Para la Defensoría de los Habitantes resulta inaceptable que no se dote al Patronato Nacional de la Infancia de los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para atender, como corresponde, todos los asuntos relacionados con la representación legal y la coadyuvancia en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales donde estén en juego los derechos de la niñez y adolescencia y que se esté instaurando la práctica de obviar la atención terapéutica y de protección psicosocial en razón de haber derivado el asunto a los Tribunales de Justicia.

  • Conclusiones y recomendaciones

La situación descrita pone en evidencia que en el PANI, y en relación con las denuncias referentes a abuso sexual, existe como práctica institucional, la derivación inmediata a los Tribunales, dejando bajo la responsabilidad de estas instancias la protección y atención ñpsicosocial- de los niños, niñas y adolescentes.

Es claro también, que el PANI tampoco está en capacidad de ejercer la representación o coadyuvancia que corresponde en los procesos jurisdiccionales o administrativos donde se involucran derechos e intereses de personas menores de edad, dejando a la población que le compete atender en estado de desprotección e indefensión.

Esta Defensoría recomienda al Patronato Nacional de la Infancia:

  1. Revisar las políticas y directrices institucionales, atinentes con la atención de denuncias sobre abuso sexual, procurando eliminar toda práctica institucional que limite únicamente a trasladar el asunto a los tribunales, omitiendo la protección psicosocial y la consiguiente restauración de los derechos de la niñez y la adolescencia.
  2. Intervenir como parte y ejercer la coadyuvancia correspondiente en los procesos jurisdiccionales y administrativos cuando se vinculan derechos e intereses de personas menores de edad, asegurando así el disfrute pleno de éstos.
  3. Emprender los esfuerzos y realizar las respectivas diligencias ante las instancias que correspondan, para obtener los recursos requeridos para que su gestión sea efectiva y oportuna, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 de su Ley Orgánica relativo al financiamiento, así como por el Artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por cuanto "... el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las obligaciones" establecidas en el régimen de protección especial.

Los esfuerzos que se emprendan por cambiar la vida y realidad de la niñez y adolescencia que es víctima de abuso, se verán concretados sólo con participación activa de todos los actores de la sociedad, en donde todas las instituciones y personas se sientan responsables y comprometidas con el presente y futuro de la niñez y adolescencia del país.

iii. La atención y protección a la niñez y la adolescencia en condiciones de "riesgo social"

  • Introducción

Sin duda, una flagrante violación de los derechos y de deterioro en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes lo constituye las situaciones de vulnerabilidad psicosocial por abuso físico, emocional, sexual o por negligencia.

Preocupa en especial, aquellos niños y niñas que permanecen cotidianamente en la calle, en razón de la incapacidad protectora de la familia -ya sea porque esta es expulsora o porque la abandona como mecanismo de defensa ante el abuso-, en el caso de que al menos exista una familia; o por otras condiciones socioculturales que impulsan a los jóvenes a asumir estos estilos de vida.

En relación con el trato negligente y abusivo, este se refiere a formas de supervivencia tales como la explotación en actividades de mendicidad por parte de los padres, explotación laboral, explotación sexual, deambulación, conflictos familiares, drogadicción y abandono, entre otros. Condiciones que también reflejan la incapacidad protectora y preventiva del Estado y de las instituciones para apoyar el grupo familiar, o para sustituir sus funciones cuando este grupo es inadecuado.

Frente a esa cotidiana violación de derechos, una tarea impostergable por parte de las instituciones y la sociedad costarricense, es hacer un alto en el camino para emprender acciones concretas y más determinantes que modifiquen, de manera efectiva, las condiciones de vida de esta población. A partir de una evaluación de la situación y de las condiciones de supervivencia frente a la distribución diferencial de oportunidades, se deben generar los mecanismos que permitan garantizar la defensa, restauración y ejercicio de los derechos humanos de este sector de la población.

El análisis y el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes en esta condición, indica que en la búsqueda por sobrevivir ante las condiciones familiares y socioculturales adversas, han desarrollado mecanismos que los alejan aún más de la participación plena, activa y feliz de los bienes de la cultura.

Para muchos niños, niñas y adolescentes salir de la calle, significa superar las consecuencias del afecto no recibido, del abandono experimentado desde temprana edad, de la violencia física, psicológica, institucional y cultural. Significa también, replantearse caminos recorridos y formas de vida interiorizadas, significa superar la "ilusión" de una contradictoria sociedad de consumo, llena de imágenes y propuestas que los inducen a una falsa felicidad donde el hedonismo se ofrece como la alternativa para llenar la soledad de su condición humana; siendo los niños, niñas y adolescentes particularmente vulnerables ante estas propuestas de los adultos.

La permanencia de los niños, niñas y adolescentes en la calle como mecanismo de supervivencia es un problema que persiste en el país y que, sin duda, está relacionado con las condiciones de pobreza. Por ello, las acciones inmediatas en este campo son imprescindibles, sobre todo si se vincula al tema del tiempo, que es distinto cuando se trata de la niñez y en ese sentido el costo de la no-prevención o atención redundará en consecuencias de alto costo para la sociedad.

El tiempo de la niñez, no es el tiempo de los adultos. Conforme nos acercamos al nacimiento, cada minuto, cada hora tiene el equivalente de años de vida en un adulto. No es casual que las teorías psicológicas afirman que los primeros cinco años de vida determinan las bases de la vida de una persona. Por eso en esta materia no se puede esperar y como bien lo ha dicho Gabriela Mistral, los derechos de los niños son ahora.

La pobreza y las condiciones de vulnerabilidad ("riesgo social") no son sólo un fenómeno del orden de lo económico. Por cuanto se reproducen en la consciencia de los niños, niñas y adolescentes, se arraigan en las relaciones interpersonales más estrechas del contexto familiar, se incrustan en la cotidianidad, se perpetúan en una visión del mundo y se instalan como una forma de vida que se transmite de generación en generación.

En ese sentido el enfoque alternativo sobre el tema, a partir de la "Convención de los Derechos del Niño" (1990), que se ha denominado "enfoque de derechos", implica asumir la defensa, restauración y la aplicación efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto significa la definición de políticas públicas específicas y la ejecución de programas también específicos, con una metodología apropiada que llegue, de forma directa y efectiva, a esta población como un derecho y no como una caridad.

  • Denuncia ante la Defensoría de los Habitantes

La condición de vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente los niños, niñas y adolescentes en razón de su permanencia en la calle, se expresa en la forma como sus derechos se ven dramáticamente atropellados, en cómo su potencial se pierde diariamente, cómo paulatinamente son excluidos de los servicios y beneficios de la cultura, cómo se les lesiona ocasionándoles muchas veces daños irreparables y, cómo la acción del Estado resulta ser insuficiente para atender esa realidad y brindar alternativas que permitan rescatar a la niñez y la adolescencia de su permanencia ñpermanente- en la calle. Tal situación es reflejo de una queja interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes (Expediente N∞09563-26-2000):

"... denunció en el PANI y en la Delegación de la Policía de su comunidad, la situación de riesgo en que se encontraba un adolescente... por dedicarse, con el consentimiento de su padre, a vender drogas; actividad que además se acompañaba, de asaltos y agresión hacia otros niños y niñas de la localidad. Según el habitante, estas instituciones no prestaron atención al asunto. En reiteradas ocasiones llamó al 911 y tampoco hicieron nada. Manifiesta su molestia por la gravedad de los hechos ocurridos, debido a que el adolescente fue asesinado. Considera que por omisión del Patronato Nacional de la Infancia al adolescente lo mataron. Llamó al PANI para indagar sobre el nombre del funcionario que en su oportunidad recibió la denuncia, pero no le informaron al respecto."

De acuerdo con la información suministrada por el PANI, "la última intervención institucional se consigna con fecha 24 de junio de 1999, en la cual se plantea la recomendación de archivar el expediente, debido a que" (el adolescente) "había sido ubicado con su madre... y de acuerdo con el estudio social, había superado las circunstancias de riesgo que habían requerido la intervención institucional." Se informó, además, que al habitante que interpuso la denuncia se le brindó orientación para que acudiera a las instancias jurisdiccionales correspondientes, en razón de las presuntas "conductas delictivas" del adolescente.

La denuncia que se interpone ante el PANI es por una "situación de riesgo social" por el consumo de drogas, lo cual es un asunto de responsabilidad directa de esa institución, situación de la que ya el PANI tenía conocimiento.

En este sentido la normativa vigente -Constitución Política, Ley Orgánica del PANI, Código de la Niñez y la Adolescencia- es clara en cuanto a la función de protección especial y promocional que debe asumir el PANI para con los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad psicosocial. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes es lamentable que esa función de protección y defensa psicosocial de una persona menor de edad en particular, se postergue, teniendo consigo consecuencias a veces irreparables.

  • Programas de Protección a la niñez y la adolescencia.

Se conoce que el Patronato Nacional de la Infancia ofrece para la población infantil y adolescente que presenta problemas de adicción a drogas, explotación sexual o que permanece cotidianamente en las calles ("riesgo social"), tres programas -en San José (cantón Central), en Limón centro y en Puntarenas centro- donde se brinda atención.

De acuerdo con información suministrada por el PANI, estos Programas trabajan directamente en la calle o en la comunidad donde se desenvuelve diariamente esta población, procuran establecer un primer contacto, para luego referir a los niños, niñas y adolescentes ñque así lo desean- a los servicios especializados correspondientes, tales como tratamiento para la adicción de estupefacientes, así como con la población víctima de explotación sexual. De acuerdo con las estadísticas que reporta el PANI, durante el año 2000 se brindó atención a 11,010 niños, niñas y adolescentes en dichos programas: el 51% en Limón, un 26% en San José y el 23% en Puntarenas. No obstante los esfuerzos que se realizan, en algunas ocasiones la atención psicosocial de niños, niñas y adolescentes que requieren de una protección más inmediata, quedan desprovistos de ese servicio.

  • Conclusiones y Recomendaciones

La Defensoría de los Habitantes ha expresado en informes anteriores la necesidad de buscar mecanismos para la exigibilidad y aplicación efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia, mediante múltiples mecanismos de movilización social, denuncia y recomendaciones a la Administración. Basados en todo momento en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual operacionaliza la Convención de los Derechos del niño y donde, de forma explícita, señala la responsabilidad de velar por su efectiva aplicación.

Cuando se habla de la urgencia de generar y profundizar políticas específicas, no se hace referencia a políticas focalizadas, sino políticas selectivas, integradas en las políticas públicas universales, las cuales deben tener como eje central a la niñez y adolescencia, como sujetos activos y protagónicos de su ejecución y desarrollo.

En ese sentido, también es importante señalar que las intervenciones que se realicen no se deben limitar a lo técnico o jurídico, sino que deben ir más allá, incluyendo también una visión del mundo que aporta la nueva concepción del "enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia".

De alguna manera la sociedad costarricense tiene también que aprender lo que significa ser un niño, niña o adolescente que permanece cotidianamente en la calle. Es necesario dejar de despersonalizarlos con estadísticas para que se empiece a conocerlos por su nombre y darles alternativas reales de existencia digna.

Se debe revisar también cualquier posición de omnipotencia o de "salvadores de los niños", así como enfrentar los sentimientos de desaliento que llevan a pensar que por la magnitud de los problemas, éstos no tienen solución.

Si bien, los asuntos relacionados con "conductas delictivas" por parte de personas entre 12 y 17 años de edad son competencia del sistema de justicia penal juvenil, la responsabilidad del PANI por mandato legal es brindar protección psicosocial a aquellos que se encuentran en "riesgo social". De ello, la necesidad de revisar las políticas y directrices institucionales que tienden a derivar las denuncias, de manera automática, a otras instancias, dejando de atender situaciones de vulnerabilidad psicosocial que podrían, incluso, ser preventivas a la infracción penal.

iv. Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad: Represión o Atención y Prevención.

  • Planteamiento General del Problema

La explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia es una actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias de una cultura de ejercicio abusivo del poder y violencia frente a quienes, por su condición histórica de subordinación, o bien debido a sus circunstancias de vida, suelen ser más débiles y vulnerables. Se trata de un fenómeno en donde el adulto visualiza a la persona menor de edad como un objeto o producto comerciable (susceptible de ser comprado o vendido) para la satisfacción de sus propios deseos y fantasías.

Diversas investigaciones coinciden al identificar al menos cuatro formas o expresiones de la explotación sexual comercial, a saber: la prostitución infantil, el turismo sexual, la trata de personas menores de edad con fines sexuales y la pornografía infantil, todas producto de una demanda social que favorece la "cosificación" y utilización del cuerpo, la sexualidad, y la personalidad del niño, niña o adolescente.

No se trata de un problema exclusivo de países en desarrollo o de grupos minoritarios, ni de una actividad de trasiego desigual donde los países más pobres proveen a los más ricos de un mercado libre de niños y niñas para su utilización y consumo, aunque es bien conocido que sí se establecen vínculos estrechos entre países en desarrollo y países industrializados.

La explotación sexual comercial no conoce de fronteras ni de clases; existe prácticamente en todos los países del mundo y está presente en todos los estratos sociales y, contrario a lo que comúnmente se cree, también -y principalmente- se asienta y echa raíces en el nivel nacional, porque para dar continuidad a la actividad se requiere de generar en cada país un mercado local con consumidores nacionales, tal y como se desprende de una reciente investigación realizada por el Instituto de Estudios Eticos para el Desarrollo (INEED), de la Universidad Católica de Costa Rica, donde se concluye que la mayoría de los clientes o explotadores en Costa Rica son costarricenses adultos.

Dentro de este contexto, las condiciones de miseria o pobreza -si bien, no sería prudente desechar este aspecto o ubicarlo en un lugar secundario- resultan insuficientes para explicar por si solas las causas de este flagelo. Está demostrado que no todas las víctimas de explotación sexual provienen de familias pobres. Puede tratarse también de personas menores de edad que por distintos motivos se fugan de sus hogares de clase media y que ven en la prostitución el único medio para poder sobrevivir por su cuenta o, sencillamente, para poder adquirir más bienes de consumo.

Si bien se puede señalar a proxenetas y clientes como el eslabón primario de esta compleja cadena, distintas investigaciones realizadas en el país concluyen que se trata de una actividad desarrollada al amparo de redes u organizaciones delictivas altamente especializadas y con soportes tecnológicos de avanzada, en las que participan otros actores. Intermediarios, reclutadores (incluida la familia), taxistas y propietarios de hoteles, son sólo parte de la vasta gama de personas involucradas en las distintas transacciones ilícitas subyacentes, tales como el soborno, la falsificación de documentos, inmigraciones ilegales, para mencionar solamente algunas.

Acerca de las causas por las que las personas menores de edad se ven involucradas en esta actividad, se debe señalar que son variadas y complejas. Van desde la desintegración familiar y la violencia intrafamiliar, así como la apremiante situación económica y de desventaja social en que se encuentran -frente al espejismo de una mejor vida, ofrecida por los proxenetas- hasta el desgaste o distorsión de valores, donde aquellos más sublimes han sucumbido frente al materialismo y al bombardeo incesante de comerciales, transmitidos en los medios de comunicación colectiva, que invitan al consumo desmedido. A todo lo anterior se agregan arraigados patrones culturales y actitudes históricas propios de una sociedad de estructura patriarcal, que ubica a la niñez y a la mujer en un nivel de inferioridad con respecto al varón adulto, quien mira en aquellas personas, un objeto de su posesión.

En todo caso, lo realmente importante es comprender el fenómeno dentro del contexto social en que se desarrolla, para así orientar las acciones requeridas en la dirección correcta y evitar caer en la tentación -como comúnmente sucede- de involucrar prejuicios en la toma de decisiones, y juzgar a la persona menor como quien busca soluciones fáciles a su realidad. Es preciso tener conciencia de que, sin importar las causas que motivaron u obligaron a un niño, niña o adolescente a ser partícipe en este vergonzoso negocio, que lesiona y degrada su cuerpo, capacidades y autoestima, éste, lejos de ser un cómplice, es víctima de personas inescrupulosas que se aprovechan de su circunstancia, vulnerabilidad y necesidades.

  • La situación de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad en Costa Rica.

En el mes de setiembre de 1997, la Defensoría de los Habitantes de la República llamó la atención de las autoridades gubernamentales y de la opinión pública en general, acerca del despojo de derechos de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación sexual. En esa ocasión se habló de la necesidad de adoptar una política nacional para enfrentar el problema y las instituciones participantes asumieron compromisos en ese sentido. También en el Informe Anual de Labores de la Defensoría correspondiente al periodo 1997-98, se dedicó un capítulo al análisis del fenómeno y ha sido retomado de forma sistemática en los informes subsiguientes. Al respecto la Institución ha señalado la necesidad de destinar los recursos necesarios y adoptar todas las medidas administrativas, normativas, y de cualquier otra índole, para combatir el fenómeno.

A partir de los resultados arrojados por investigaciones cualitativas realizadas en el país, se desprende que el 85% de las víctimas de la explotación sexual son mujeres, mientras que el 15% son hombres. También se conoce que el 50% de los menores de edad se inician en la actividad entre los 8 y 12 años y la otra mitad entre los 14 y 16 años. La totalidad de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente presenta antecedentes de violencia intrafamiliar y el 80% han sido víctimas de abuso sexual antes de cumplir los 12 años. Asimismo, se ha comprobado que el 63% ha abandonado la escuela y el 72% son farmacodependientes o han perdido el control en cuanto al consumo de estas sustancias.

La existencia de niños, niñas y adolescentes en estas condiciones y la generalizada ignorancia o indiferencia en torno a esta realidad, demanda sin duda la atención prioritaria de las instituciones públicas, de las familias, las organizaciones civiles y de toda la ciudadanía.

  • La Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Costa Rica.

Desde 1996 un grupo de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales acordaron unir esfuerzos con miras a la acción, prevención y eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad. En 1997 esta iniciativa fue formalmente avalada mediante acuerdo de la Junta Directiva del Patronato Nacional de la Infancia donde se aprueba la constitución de la Comisión Nacional Permanente de Trabajo contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, coordinada originalmente por aquella institución.

Entre las acciones más importantes de la Comisión destacan: la elaboración de un Plan Marco de Acción Nacional, la elaboración de un plan de acción conjunto para la atención de la población en el área metropolitana con la participación de ILPES, PANI, OIT y del Ministerio de Salud y, finalmente la elaboración del proyecto de la Ley contra la Explotación Sexual Comercial de Personas menores de Edad y el posterior apoyo e impulso requeridos para su aprobación en la Asamblea Legislativa.

La Defensoría de los Habitantes - que ha participado en dicha Comisión en cumplimiento de su función de órgano de control de la efectiva aplicación de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de acompañamiento y seguimiento de los procesos que en su seno se gestan-, ha podido constatar el escaso apoyo político y financiero que se ha dado a dicha Comisión. Lo anterior, aunado a las dificultades que existieron en la conducción de los procesos, no ha permitido que se cristalicen muchos de los planes y proyectos planteados.

Como un mecanismo para resolver el problema de la conducción y del apoyo político, en el primer trimestre del año 2000 inicia un proceso de reestructuración de la Comisión, al cabo del cual ésta pasa a ser un órgano del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, bajo la coordinación de una Unidad Ejecutora. Actualmente consta, además, de un componente o Dimensión Política, constituida por funcionarios de alto nivel y jerarcas y de una Dimensión Técnica.

Ciertamente se trata de una medida positiva, desde el punto de vista estratégico, en tanto forma parte del órgano encargado de articular todas las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. No obstante, preocupa el hecho de que la prioridad política que pareciera habérsele dado al tema en la actualidad carezca aún de un apoyo equivalente en lo financiero, aspecto que, precisamente en esta materia, resulta indispensable.

Un claro ejemplo de lo anterior es la aprobación de un Plan de Acción Inmediato, con objetivos y metas de muy corto plazo, proyectado para ser ejecutado en un plazo de tres meses, con los recursos ordinarios de las distintas instituciones involucradas, puesto que aún no existe un Plan Nacional con metas de mediano y largo plazo que contemple además el aspecto presupuestario.

Preocupa en particular la situación financiera del Patronato Nacional de la Infancia, institución a la que, por mandato constitucional, compete la protección especial e integral de las personas menores de edad y sus familias.

A raíz de una investigación llevada a cabo por esta Defensoría en 1999, en relación con la situación financiera del PANI, se conoce que a esa fecha la Institución en cuestión no había recibido ningún monto del 7% que, de conformidad con su Ley Orgánica, le correspondía, del total recaudado del Impuesto sobre la Renta. Por ese concepto, el Patronato dejó de percibir la suma de ¢ 3,875.8 millones en 1998 y de ¢ 5,425.4 en 1999.

Con respecto al 4% del presupuesto de FODESAF (otra fuente de financiamiento según la Ley Orgánica del Patronato), se supo que en 1998 se le giraron al PANI ¢ 1,952 millones, lo cual representa un 3.71% de los ingresos reales del Fondo y no el 4% estipulado por ley.

A partir de los datos suministrados por la propia Institución, se desprende que el PANI ha dejado de percibir durante 1998 y 1999 la totalidad de su fuente de financiamiento correspondiente al 7% del Impuesto sobre la Renta y no ha recibido plenamente lo correspondiente al 4% de FODESAF, contraviniéndose con ello lo que de forma clara establece la ley, en detrimento de la posibilidad de diseñar y ejecutar programas en favor de la niñez y la adolescencia del país.

  • El Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez (Congreso de Estocolmo): un esfuerzo mundial para la búsqueda de soluciones.

Desde la primera mitad de la década de los 90 la comunidad internacional empieza a tener conciencia acerca del creciente problema de la explotación sexual comercial de personas menores de edad e inicia un movimiento mundial de repudio y de búsqueda de soluciones a la situación. En 1996, numeroso dirigentes nacionales e internacionales, representantes de gobiernos, profesionales y activistas, así como organismos gubernamentales y no gubernamentales y medios de comunicación de todo el mundo, se reunieron en Estocolmo, Suecia, en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Menores, donde dicho fenómeno fue concebido atinadamente, como una forma contemporánea de esclavitud que se encuentra en expansión y cuya erradicación compromete la acción concertada de todos los sectores y niveles, local, nacional e internacional.

El trabajo del Congreso se fundamentó en la Convención sobre los Derechos del Niño, utilizando como guía para los análisis y las discusiones, los principios que la sustentan: la concepción de la persona menor de edad como sujeto activo, pleno de derechos y responsabilidades; y el del Interés Superior.

En relación con el principio del Interés Superior, la Convención señala en su artículo 3, lo siguiente:

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

(...)

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

Es importante destacar que la Convención, como normativa integral, reafirma la aplicación de derechos humanos básicos reconocidos a todas las personas en otros tratados internacionales, pero toma en consideración las necesidades específicas de la niñez y de la adolescencia, con lo que pone énfasis en su condición de sujetos de derecho. Además, procura dar contenido y significación real a esa condición, al establecer la obligación de los Estados de destinar los recursos necesarios para el pleno cumplimiento y disfrute de los derechos reconocidos.

En este sentido el numeral 4 del citado instrumento, señala:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional"

Respecto del tema de la explotación sexual de las personas menores de edad, analizado en el Congreso de Estocolmo, el artículo 34 de la Convención, establece:

"Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados partes tomaran, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

  1. La incitación o la coacción para que el niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
  2. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos."

  • La Declaración de Estocolmo y la Agenda de Acción

Siguiendo los lineamientos de la Convención, y de la información derivada de diversas investigaciones, las labores del Congreso se concentraron en tres elementos de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, a saber: la prostitución infantil, el tráfico y venta de niños con fines sexuales y pornografía infantil.

Se definió como objetivo fundamental el de crear mayor conciencia en la comunidad internacional acerca del fenómeno, pero también se trabajó en la formulación de estrategias para combatir esta brutal violación de los derechos y la dignidad de la niñez y adolescencia. Para tales efectos se firmó una Declaración y se elaboró un Plan Marco o Agenda de Acción, con la clara finalidad de erradicar la explotación sexual comercial de las personas menores de edad. En la Declaración, que fue unánimemente aceptada por los distintos delegados, el Congreso hace un llamamiento a todos los Estados, en cooperación con las organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil para:

  • "Conceder una alta prioridad a la acción contra la explotación sexual comercial de los niños y asignar los recursos adecuados para este fin;

  • Promover una cooperación más sólida entre los Estados y todos los sectores sociales para prevenir la participación de los niños en el comercio sexual y reforzar el papel de la familia en la protección de los niños contra la explotación sexual comercial;

  • Promulgar el carácter delictivo de la explotación sexual comercial de los niños, así como otras formas de explotación sexual, y condenar y castigar a todos los delincuentes implicados, ya sean locales o extranjeros, a la vez que se garantiza que las víctimas infantiles de estas prácticas quedan exonerados de toda culpa;

  • Examinar y revisar allí donde sea oportuno, la legislación, las políticas, los programas y las prácticas vigentes con el fin de eliminar la explotación sexual comercial de los niños,

  • Aplicar la legislación, las políticas y los programas para proteger a los niños frente a la explotación sexual comercial y reforzar la comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley;

  • Promover la adopción, implementación, y diseminación de leyes, políticas y programas con el apoyo de los mecanismos pertinentes a nivel local, nacional y regional contra la explotación sexual comercial de los niños;

  • Desarrollar e implementar planes y programas integrales, que incluyan las diferencias de género, para prevenir la explotación sexual comercial de los niños, y proteger y asistir a las víctimas infantiles con el fin de facilitar su recuperación y reintegración dentro de la sociedad;

  • Crear un clima adecuado mediante la educación, la movilización social y las actividades de desarrollo para garantizar que los progenitores y otras personas legalmente responsables puedan cumplir sus derechos, obligaciones y responsabilidades para proteger a los niños frente a la explotación sexual comercial:

  • Movilizar a los políticos y otros aliados relevantes, las comunidades nacionales e internacionales, comprendidas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, para ayudar a los países en la eliminación de la explotación sexual comercial de los niños;

  • Resaltar el papel de la participación popular, comprendida la de los propios niños, en la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de los niños."

Por otra parte, en la Agenda de Acción se propone el abordaje del problema desde cuatro ejes fundamentales, que a continuación se analizarán suscintamente:

  • Coordinación y Cooperación, en el nivel nacional como internacional: Sobre este aspecto, y en el ámbito nacional, se propone el establecimiento de programas de acción tendientes a reducir al máximo el número de personas menores de edad vulnerables a la explotación sexual comercial en cada país, así como contar con indicadores de progreso para el año 2000. También se señala la necesidad de contar, para ese mismo año, con una base de datos con información acerca de los niños, niñas y adolescentes, vulnerables a la explotación sexual comercial, sobre las redes de explotación y, en general, respecto de las circunstancias relacionadas con el fenómeno.

En cuanto al ámbito internacional se propone mejorar la cooperación entre los distintos países y las organizaciones internacionales relacionadas directa o indirectamente con el tema y garantizar la disponibilidad de recursos para la protección de las víctimas.

  • Prevención: En este punto, se pone especial énfasis en el acceso a la educación formal como medio para mejorar las condiciones de vida de las personas menores de edad vulnerables a la explotación sexual comercial. Además propone la implementación de campañas de divulgación, información y comunicación, acerca de los derechos de las personas menores de edad y de legislación contra la explotación sexual comercial, con contenidos de género, dirigidas a la familia, funcionarios públicos, personeros de la industria turística, y sociedad civil en general, con el fin de aumentar la comprensión pública y propiciar actitudes y comportamientos sexuales responsables.

Asimismo señala la urgencia de reformular o reforzar políticas públicas (económicas y sociales) de promoción y apoyo a las personas menores de edad vulnerables a la explotación sexual comercial, a sus familias y comunidades, poniendo particular atención a la reducción de la pobreza.

  • Protección: Se propone reformar o aprobar y aplicar legislación penal, con el fin de establecer la responsabilidad de los distintos sujetos involucrados en el tráfico, pornografía, prostitución y turismo sexual, de personas menores de edad, incluidas las de carácter extraterritorial.

Se señala que los programas nacionales deben diseñarse de manera que las personas menores de edad explotadas sexualmente, sean consideradas como víctimas del flagelo y evitar así que puedan ser castigadas como criminales. Por el contrario deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar el pleno acceso de éstas a servicios de apoyo, en los ámbitos legal, social y de salud, y en particular a refugios seguros donde los niños, niñas y adolescentes que escapan puedan ser protegidos frente a la intimidación y el acoso de los explotadores.

  • Recuperación y Reintegración: Con el fin de lograr la recuperación y reinserción exitosa de la persona menor de edad víctima de explotación sexual, en su familia, comunidad y sociedad, se recomienda proporcionarle a ella como a sus familiares, atención y acompañamiento psicosocial, legal, médica, y cualesquiera otro que requieran, especialmente durante los procesos judiciales para prevenir situaciones de re-victimización de estas personas. Asimismo se propone promover alternativas de vida viables para la víctima como para su familia.

También se señala la necesidad de adoptar medidas para prevenir la estigmatización social de las víctimas de la explotación sexual comercial, y de utilizar la medida de institucionalización de la persona menor de edad como último recurso y por el menor tiempo posible.

  • Participación de los niños, niñas y adolescentes: En consonancia con los principios que sustentan la Convención, se propone la participación de las personas menores de edad, incluidas las víctimas de explotación sexual comercial, para la búsqueda de soluciones y alternativas a la problemática, favoreciendo la constitución de redes de niños, niñas y adolescentes defensores de sus derechos.

  • La Normativa Nacional en relación con el tema de la Explotación Sexual Comercial.

La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por parte del Estado Costarricense en 1990, trajo consigo una serie de compromisos y obligaciones formales frente a la comunidad internacional, pero especialmente frente a los niños, niñas y adolescentes. Entre éstos destaca el de analizar, revisar y adecuar todo el ordenamiento jurídico con el fin de conciliarlo con las nuevas concepciones imperantes y, de ser necesario, aprobar nueva legislación.

Como resultado de este proceso, se aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia, que entró a regir el 6 de febrero de 1998. El Código viene a operacionalizar o contextualizar los principios, preceptos y derechos reconocidos en la Convención, definiendo claramente responsabilidades y encargados de cumplirlas.

También el citado Código adopta como una de sus disposiciones orientadoras, el principio del "Interés Superior" . Así, en su artículo 4 dispone lo siguiente:

"Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad.

En la formulación y ejecución de las políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación, se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población." (Lo resaltado es nuestro).

Por otra parte, los artículos 13 y 19 del mismo cuerpo normativo, desarrollan y delimitan el precepto constitucional que garantiza la protección especial de la niñez, por parte del Estado (ver artículos 51 y 55 de la Constitución Política de la República de Costa Rica), al señalar:

"Artículo 13. Derecho a la Protección Estatal.

La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral. (...)"

 

 

"Artículo 19. Derecho a protección ante Peligro Grave

Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio, auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo con la ley, la asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes."

Finalmente, el artículo 24 establece:

"Artículo 24. Derecho a la Integridad.

Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores."

También es necesario destacar la aprobación, en julio de 1999, de la Ley contra la Explotación Sexual de Personas Menores de Edad, Ley 7899, publicada en la Gaceta No. 159 del 17 de agosto del mismo año, la cual viene a reformar los artículos 156, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 del Código Penal. Con esta nueva ley se da un importante avance en la lucha contra la explotación y agresión sexuales, mediante la reformulación de algunos delitos de agresión sexual, reconceptualizando otros y finalmente, tipificando nuevas conductas antes no contempladas como delito alguno.

A manera de ejemplo, el proyecto consultado mantiene algunos tipos penales que actualmente fueron sustituidos por otros distintos en sus características, como es el caso del Estupro y la Sodomía -en el caso que la víctima sea hombre o mujer, respectivamente-, que fueron desplazados por los de Relaciones Sexuales con Personas Menores de Edad y Relaciones Sexuales Remuneradas con Personas Menores de Edad, con la novedad de que estos delitos pueden darse sin importar si la víctima es de uno u otro sexo.

Con respecto a la violación, se incorpora una nueva conceptualización del delito, con variables y variantes trascendentales como el hecho de que éste se pueda configurar, ya no únicamente por la acción de acceder carnalmente a la víctima, sino también el hacerse acceder, de manera que también aquí se da un rompimiento de los estereotipos de género y actualmente este delito puede ser perpetrado también por una mujer.

De lo anterior, se desprende que Costa Rica cuenta con un andamiaje normativo adecuado para la enfrentar la lucha contra la explotación sexual comercial y la protección de la niñez y adolescencia; no obstante existen en el nivel operativo y práctico serias dificultades para poner en marcha acciones concretas, algunas de las cuales se señalarán a continuación.

  • De la Investigación de Oficio iniciada por la Defensoría.

En los primeros meses del año 2000 se tuvo conocimiento que, por acuerdo del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, se han venido realizando diariamente y en horas de la noche y madrugada, operativos en la ciudad de San José, con la participación del Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones, como un mecanismo para la detección e intervención de situaciones de explotación sexual comercial de personas menores de edad.

En virtud de ello, la Defensoría de los Habitantes de la República, procedió de oficio a la apertura de la presente investigación, relacionada con el fenómeno en cuestión y las respuestas estatales frente al problema. En particular interesaba conocer los pormenores de los operativos, con el fin de verificar eventuales violaciones a los derechos de las personas menores de edad. Así las cosas, se solicitó a las Instituciones involucradas referirse a estos aspectos.

Mediante oficio número PE-1075-2000, CNNA/158-200 de fecha 07 de julio del 2000, la Vicepresidencia del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se refiere al asunto de la siguiente manera:

"(Ö)

B) Que la situación de la violación de los derechos de la niñez y adolescencia mediante la Explotación Sexual Comercial, ha sido de gran preocupación e interés por resolver (sic) y del Consejo quien se ha abocado seriamente a resolver y actuar eficientemente por atender esta problemática. Por tal razón desde las primeras sesiones del año en curso, el tema ha sido tratado seriamente y se han tomado medidas al respecto:

b.1 Se acordó elaborar un Plan de Acción Inmediata de intervención.

b.2 Se reestructuró la antigua Comisión de Trabajo Contra la Explotación Sexual Comercial creada por el PANI y en el marco de las atribuciones del Consejo establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia en el art. 176 se crea una nueva Comisión Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en la que también participen representantes del Poder Judicial y Legislativo así como de los Gobiernos Locales, a fin de poder dar mayor respaldo a las acciones tendientes a la erradicación de esa violación de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.

(...)

b.3 Se constituyó una Unidad Ejecutora para garantizar el seguimiento de las acciones generadas desde la Comisión antes mencionada, actualmente esta prestando sus servicios en el edificio de las oficinas centrales del Patronato Nacional de la Infancia.

Posteriormente, el PANI remite un informe con número de oficio G.T. 540-2000, en el que se señala lo siguiente:

"Ö Los operativos han sido organizados por el Ministerio de Seguridad Pública, con la colaboración del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA y se han venido realizando desde febrero del presente año, de forma ininterrumpida, prácticamente todas las noches. En algunas oportunidades ha participado el Ministerio de salud, la Municipalidad de San José (la Policía Municipal) y la Dirección de Migración y Extranjería.

(Ö)

No obstante, debido a que la labor principal de los operativos ha sido retirar a las personas menores de edad de las calles y entregarlas al PANI, se ha presentado la dificultad de que la labor de la institución se ha empezado a visualizar como de carácter eminentemente represivo.

(Ö)

Otra consecuencia importante del incremento de la tensión entre la población atendida y el equipo de trabajo del PANI, es que la indispensable colaboración que deben prestar las víctimas de la explotación sexual en términos de proporcionar información clave para la denuncia Ö se ha visto interferida, pues parte de las resistencias que la población contra estas acciones es retirar el apoyo y guardar silencio.

(Ö)

La población en explotación sexual requiere un modelo de intervención altamente especializado, sobre todo si se trata de adolescentes. (Ö) la labor técnica debe realizarse por equipos especializados en la calle, junto a las víctimas, para lograr el tránsito hacia las alternativas de protección existentes.

Actualmente hay dos alternativas de protección para la población en explotación sexual: la primera es el Albergue El Cambio, parte del Proyecto del PANI en convenio con el Ejército de Salvación, destinado a la población menor de quince años en explotación sexual. (Ö) La segunda es la Casa Hogar de la Tía Tere, en Roxana de Guápiles, para las mayores de quince años, con quienes es que se hace indispensable iniciar una intervención altamente especializada desde la calle. Las limitaciones principales en ambos casos están relacionados con el transporte de las jóvenes hasta aquel lugar, ya sea la misma noche o a la mañana siguiente de la intervención realizada.

Una dificultad adicional existente es que junto con esta población víctima de la explotación sexual, se ha intervenido durante los mismos operativos en general con la población menor de edad en riesgo social en la vía pública pero que presenta otras características.

Las recomendaciones del PANI, en el caso específico de los operativos, son:

  1. Los operativos deben concentrarse principalmente en el severo control de los adultos involucrados en la red de explotación sexual, iniciando con los posibles clientes que se acercan a los lugares frecuentados por la población en riesgo social, en una campaña de alejamiento de la clientela potencial por medio del control policial. Asimismo, deben monitorearse los lugares, hoteles y demás establecimientos, que contribuyen a la explotación sexual, en aras de recabar prueba y encaminar la denuncia.

  1. La población abordada en la calle debe ser trasladada al edificio del PANI en el que permanecerá una profesional encargada del abordaje técnico y que tomará las decisiones específicas caso por caso sobre el procedimiento a seguir.

  1. Estas acciones deben ser vistas y contempladas como parte del Plan de Combate a la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, aprobado por el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, y a cargo de la Unidad Ejecutor (sic) coordinada por el PANI y apoyada por el IMAS.

  1. Impulsar el Centro de Desintoxicación que permita poner en condiciones físicas idóneas para el abordaje pues en el hospital no la reciben.

  1. Ya que el trabajo con las niñas en explotación sexual se ve contaminado por la población contraventora que no puede ser asumida por el PANI, deben promoverse centros de alta contención por parte del Ministerio de Justicia de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Penal Juvenil.

(Ö)

Las denuncias presentadas por el PANI durante 1999 y 2000, ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, son las siguientes:

Mayo de 1999: cuatro denuncias

Julio de 1999: una denuncia

Agosto de 1999: siete denuncias

Setiembre de 1999: una denuncia

Octubre de 1999: cinco denuncias

Noviembre de 1999: tres denuncias

Febrero del 2000: ocho denuncias

Mayo del 2000: ocho denuncias."

Finalmente, el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, remite oficio 2016-2000, con fecha 24 de julio del 2000, en el que se informa en lo conducente:

"Al respecto la participación de este Ministerio ha sido de apoyo al PANI, ya que dicha institución desarrolla su propio plan de acción en esta materia y nuestra política y acción policial ha estado dirigida a una labor de prevención y de búsqueda de una respuesta integral a la problemática de la explotación sexual. Por esta razón, nuestras fuerzas de policía no han realizado detenciones de menores en los operativos realizados, ya que cuando se ha detectado menores en actividades y zonas catalogadas como sospechosas se ha coordinado con el PANI, con el propósito de que se implemente las acciones correspondientes.

Además, se ha coordinado un arduo trabajo con la Fiscalía de Delitos Sexuales y violencia Intrafamiliar del Ministerio Público y con el O.I.J., tendiente a llevar a los tribunales a ciudadanos nacionales y extranjeros quienes se pueden ver inmiscuidos en actividades tales como corrupción de menores, proxenetismo, falsificación, producción y difusión de material pornográfico, etc. Dicha Fiscalía cuenta con el detalle acerca del número de sujetos y de denuncias planteadas."

  • Conclusiones y Recomendaciones.

Es preciso llamar la atención acerca del hecho que al día de hoy no exista en el país un Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad que establezca y articule objetivos, metas y acciones en el mediano y largo plazo orientadas hacia la erradicación de la problemática. Ciertamente existe un Plan de Acción Inmediata (aprobado en sesión ordinaria No. 5 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia del 05 de abril de 2000), no obstante carece de una visión integral y de largo plazo. Se trata más bien de una propuesta de líneas de acción para ser ejecutadas en un período de tres meses, mientras la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual elabora, aprueba y busca recursos para el Plan de Acción Nacional, tal y como se señala en el documento "Propuesta de Plan de Acción de Intervención Inmediata contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes", en su página 4, apartado III. Alcances.

Las acciones desplegadas hasta el momento por las autoridades involucradas en los operativos nocturnos, se enmarcan dentro del Plan de Acción antes dicho, y responden a una estrategia utilizada para neutralizar las presiones internacionales y mejorar la imagen del país, según consta en el acta de la sesión ordinaria del Consejo arriba citada.

Originalmente los operativos fueron concebidos como un mecanismo para la detección e intervención de situaciones de explotación sexual. No obstante, el hecho que se trate de acciones desarticuladas de una política estatal clara, con objetivos en el mediano y largo plazo, ha incidido para que esa primera intención se desvirtuara con el paso del tiempo, y se tornara en una especie de operativo destinado a recoger indistintamente, a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la calle y se presumen en "riesgo social": explotación sexual, problemas de drogadicción, situaciones de deambulación y mendicidad, entre otras. Esta situación ha provocado la dispersión de los esfuerzos orientados a la atención especializada de la población en explotación sexual comercial.

La falta de definición en el objetivo de los operativos, se visualiza aún con mayor claridad en los informes del Patronato Nacional de la Infancia y del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, al entrar en contradicción acerca de cual institución es la encargada de coordinar las acciones. Lo que preocupa es que una confusión de esta naturaleza no es una cuestión puramente operativa, sino que resulta esencial para definir el enfoque que se le quiere dar a las acciones, sean represivas o, por el contrario, de protección, prevención y atención psico sociales. Además, en la inspección "in situ" realizada por esta Defensoría, se pudo verificar que no se han destinado recursos específicos para los operativos y funcionan casi en un 100% gracias al esfuerzo de personal voluntario del Patronato Nacional de la Infancia, no necesariamente capacitado para la atención de situaciones de contención en crisis o especializados en trabajo en la calle.

Todo lo anterior hace suponer que la solución al problema de la Explotación Sexual Comercial de personas menores de edad en el país, se ha cifrado, casi exclusivamente, en retirar de la vista pública a las víctimas: niñas, niños y adolescentes explotados.

Se debe tener presente que cualquier abordaje de la problemática debe partir de la convicción que la participación de la persona menor de edad en esta actividad ha de verse como la de víctima, tanto de sus propias circunstancias como de sujetos inescrupulosos que se aprovechan de esta situación, y es justamente contra éstos que se debe aplicar todo el peso de la ley.

Así las cosas, las acciones deben ir orientadas, por un lado hacia la represión severa del adulto explotador (proxeneta, taxista, usuario, propietario de hoteles, etc.) y de las redes delictivas en las que se desenvuelve, y por otro de apoyo, atención y protección de la víctima menor de edad, sin dejar de lado los indispensables programas de prevención.

Preocupa el hecho de que en los operativos se haya venido incrementando el uso de la fuerza para ingresar a las víctimas en los vehículos y alternativas de protección -tal y como pudo apreciarlo esta Defensoría en la inspección antes referida-, en tanto no se visualiza una acción igualmente firme en contra de los-as explotadores-as.

Dentro de este contexto, la participación del PANI resta legitimidad y credibilidad a su accionar frente a las víctimas, al visualizarlo más con una figura represiva que como un aliado. Sin lugar a dudas, esta percepción obstaculiza su función primordial que es la de protección, realizando un abordaje técnico -tanto psicosocial como legal- con miras a revertir y mejores las condiciones de vida de estas personas,

Igualmente preocupan otros resultados apuntados por el Patronato, tales como: la generación de sentimientos de desconfianza "que impide la colaboración de las presuntas víctimas en términos de proporcionar datos para interponer las denuncias..." correspondientes; así como que la "intervención represiva ha provocado el que esta población se traslade a lugares con mayores dificultades de acceso e intervención policial.

Por lo demás, la situación descrita, aunada al hecho que los beneficios para las personas menores de edad explotadas son inciertos, torna las acciones en arbitrarias y revictimizantes.

Frente a este panorama, es preciso evitar a toda costa, la utilización indiscriminada de la medida de internamiento obligatorio de la persona menor de edad, la cual, más bien, debe ser aplicada como excepción y último recurso. Debe favorecerse, por el contrario, la implementación de medidas o de modelos de intervención más técnicos que incluyan una labor de concienciación y persuasión y que prevean la participación activa de la víctima en la creación de nuevas expectativas.

Ciertamente habrá casos en donde, debido a las circunstancias, no quede más remedio que aplicar la medida en cuestión aún en contra de la voluntad de la persona menor de edad -especialmente cuando ésta presenta además problemas de consumo de sustancias adictivas-. No obstante, primero se debe contar con albergues altamente especializados en intervención integral, con normas claras y eficientes de intervención y contención en crisis. Según informa el PANI, en la actualidad, solamente existe en el país una opción de protección para la población adolescente que podría reunir estas características, con el inconveniente de que se encuentra fuera de la capital que es donde se realizan los operativos, lo cual redunda en un desarraigo para las personas adolescentes. En segundo término, nunca debe ser visto como un fin en sí misma, sino como parte de un proceso integral que permita a las niñas, niños y adolescentes la elaboración de un proyecto de vida alternativo real. En función de lo anterior, urge el diseño de un Plan Nacional que trascienda lo político para convertirse en una política de Estado, con objetivos y metas en el corto, mediano y largo plazo, que potencie todas las fuerzas de la sociedad y finalmente que cuente con recursos suficientes para ponerlo en marcha.

Sobre todo, es preciso comprender que la realidad del fenómeno de la Explotación Sexual no es sólo lo visible y lo que eventualmente detectan las autoridades policiales con la práctica de los "operativos" para recoger a esta población de las calles, sino que se trata de un flagelo perpetrado contra la niñez y adolescencia del país, por lo que ningún sector de la sociedad puede desentenderse de su cuota de responsabilidad. Lo realmente importante es prevenir que en un futuro más personas menores de edad se involucren en la actividad o que aquellas que ya han sido rescatadas reiteren en la práctica

En este sentido, la Defensoría recomienda al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia:

  1. Promover la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la erradicación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Dicho Plan debe considerar las directrices trazadas en la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción paralelo, así como los elementos básicos de la programación social tales como la definición de las acciones de corto mediano y largo plazo, responsables, mecanismos de evaluación, entre otros.
  2. Que con el fin de operacionalizar y hacer efectivo dicho plan, se garantice la dotación de recursos financieros de todas las acciones definidas.
  3. Que se asuma como política general:

  1. Que las acciones represivas se dirijan de manera exclusiva en contra del adulto explotador y las redes especializadas.

  1. Que se privilegien las acciones de protección y prevención en favor de las víctimas.

  1. Que las medidas de internamiento obligatorio se apliquen como un recurso extraordinario, una vez agotadas las vías del diálogo y del convencimiento. En todos los casos la medida ha de aplicarse por el menor tiempo posible y siempre acompañada de otras acciones dirigidas a ofrecer las condiciones reales para la construcción de un proyecto de vida alternativo.

Asimismo recomienda al Patronato Nacional de la Infancia:

  1. Que en relación con los operativos se apliquen las recomendaciones emitidas por la Gerencia Técnica de esa institución en el informe realizado mediante el oficio GT-2000-A, y que haga valer estas recomendaciones ante el Consejo de la Niñez y Adolescencia.
  2. Que se realicen esfuerzos adicionales dotar de recursos a programas nuevos, o a aquellos existentes que se dirigen a la protección y restauración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. Especial mención merecen los esfuerzos que se realicen con metodología de abordaje en la calle o lugares donde permanecen las personas menores de edad y la posibilidad de ofrecerles una propuesta real y digna para la construcción de un proyecto de vida alternativo que no implique la institucionalización.

Finalmente se recomienda al Ministerio de Seguridad Pública:

  1. Que se valore la creación de un cuerpo policial especializado en materia de personas menores de edad que asuma funciones específicas en lo que se refiere a explotación sexual. Este cuerpo debe poner su énfasis en la protección de las personas menores de edad en coordinación con el PANI y desarrollar además de las acciones preventivas propias de la policía administrativa, funciones de "persecución" de los adultos prostituyentes.
  2. Que las acciones policiales que involucren personas menores de edad, se realicen con agentes calificados y entrenados en la materia específica.

v. El financiamiento de las instituciones privadas de atención a la niñez

  • Planteamiento del problema.

Proteger y atender las necesidades y los derechos de toda la población infantil y adolescente que habita en el país es una obligación fundamental del Estado Costarricense, por medio del Patronato Nacional de la Infancia, institución responsable de asegurar el bienestar, seguridad e integridad de este sector de la población, así como de brindar apoyo a su grupo familiar.

Para cumplir con ese cometido el Estado debe dotar al Patronato Nacional de la Infancia de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines. No obstante, tal y como lo ha venido señalando la Defensoría en informes de labores anteriores, los recursos ñhumanos y económicos- que se disponen para proteger y atender las necesidades y derechos de la niñez y la adolescencia son insuficientes. Esta situación también se transfiere a las instituciones no gubernamentales que coadyuvan en la función del Estado de proteger y atender la población menor de edad que se encuentra temporalmente privada de su medio familiar, o bien, que requiere del cuidado y atención cotidiana mientras sus madres, padres o personas responsables trabajan.

Estas instituciones requieren para su funcionamiento del apoyo económico, asesoría técnica y acompañamiento estatal en la atención directa a la población menor de edad que admite. Tal es el caso de las Instituciones de Bienestar Social (IBS) que son alternativas de protección con atención diurna (centros de atención infantil o guarderías, comedores, jardines infantiles y hogares escuela) para niños y niñas hasta la edad de 12 años, donde se procura garantizar el derecho a recibir atención integral que promueva un pleno desarrollo, mientras sus padres, madres o personas responsables trabajan o así lo requieran.

A estas IBS, el Estado (FODESAF) les ha venido proporcionando una subvención mensual que les permite financiar los servicios que se prestan en forma directa a los niños y niñas, tales como la alimentación y el pago del personal de atención. La administración de esos recursos económicos, así como la supervisión técnica y el seguimiento, estuvo bajo la responsabilidad del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hasta enero del 2000. A partir del segundo semestre del año 2000, esa función se le trasladó al PANI por ser la institución del Estado que debe velar por la protección de las personas menores de edad. No obstante, en razón del trámite burocrático de la Administración, los recursos económicos no se transfirieron en las fechas esperadas, ocasionando un retraso hasta de tres meses, lo que aunado a la incertidumbre y ausencia de información afectó de forma directa la calidad del servicio que recibían los niños y niñas. Pero sobre todo, puso en evidencia las dificultades de la Administración de dar una respuesta oportuna y adecuada y la necesidad de crear mejores mecanismos de coordinación y comunicación entre ésta y las organizaciones privadas de protección y atención a la niñez y adolescencia.

  • Situación Nacional.

El PANI al tener bajo su responsabilidad la protección, garantía, defensa y restitución de los derechos de las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad psicosocial (riesgo social), ha impulsado la creación de un Sistema Nacional de Alternativas de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes, que procura integrar todas las modalidades que existen bajo un modelo de intervención en común. Este Sistema integra las siguientes modalidades:

  1. Alternativas de protección tradicionales con internamiento temporal ñpúblicas y privadas- por enfrentar la niñez y la adolescencia situaciones de vulnerabilidad física, emocional, sexual y social. Dentro de estas opciones están los centros, los albergues, las aldeas y las residencias juveniles, existen entre todas 76 instituciones, en donde se brindó protección a 9,977 niños, niñas y adolescentes durante el año 2000. Para atender las necesidades de esta población, el Estado aporta el 50% del presupuesto que cubre el pago de los servicios que recibe de manera directa, tales como alimentación, personal de atención y otros.
  2. Para la población infantil y adolescente que presenta problemas de adicción a drogas, explotación sexual o que permanece permanentemente en las calles ("riesgo social"), existen tres programas -en San José (cantón Central), en Limón centro y en Puntarenas centro- responsables de brindar atención, estableciendo contacto en la calle o en la comunidad donde cotidianamente se desenvuelve la niñez y la adolescencia. A partir de lo cual, se hace una derivación al servicio que se requiera para la atención correspondiente. Durante el año 2000 se atendieron 11,010 personas menores de edad en esos programas: 51% en Limón, 26% en San José y 23% en Puntarenas.

    A la población que se atiende con problemas de adicción se le ofrece la alternativa de protección con internamiento para tratamiento especializado. Durante el año 2000 se brindó tratamiento especializado a 1,411 adolescentes. Para atender las necesidades de esta población en particular y por la especificidad de la problemática que se trata, el Estado (PANI) aporta entre el 65% y el 75% de los recursos económicos para contratar servicios profesionales, brindando además, mayor supervisión y exigencia en el cumplimiento de los procesos.

  3. Alternativas de protección con atención diurna. Se ofrece el servicio a niños y niñas que pertenecen a grupos familiares económicamente vulnerables o a familias con un solo progenitor, entre otras características, por cuanto los requerimientos para hacer uso de estos servicios varían según zona geográfica. De esta modalidad existen, hasta la fecha, 46 instituciones dentro de las cuales se ubican los centros de atención infantil (guarderías), los comedores, jardines infantiles y hogares escuela. Durante el segundo semestre del año 2000 se prestó servicio a una población aproximada de 22,600 niños y niñas.
  4. Alternativas de protección familiar, las que corresponden a hogares de acogimiento familiar en donde puede existir vínculo consanguíneo o no, los cuales constituyen una opción para que los niños, niñas y adolescentes alcancen "un desarrollo integral" y logren construir su propio proyecto de vida.

Mensualmente el PANI subvenciona -en promedio- 600 hogares de acogimiento familiar, donde se protegen -en promedio- a 1,200 niños, niñas y adolescentes. El aporte mensual del Estado por niño/a a esos grupos familiares es de 15,000 colones, no obstante cuando se presenta alguna discapacidad el aporte es superior (30,000 colones) en virtud de la atención y las oportunidades que se debe brindar a esta población. En la mayoría de estos hogares existe un vínculo familiar-afectivo con los niños, niñas y adolescentes, son familias de escasos recursos que requieren de un aporte económico que les permita satisfacer las necesidades de esa población.

También existe alrededor de 600 hogares de acogimiento familiar, a los que el Estado no les brinda ayuda económica y cuya población infantil y adolescente es similar -en número- al promedio mensual anterior (1,200).

El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en materia de niñez, adolescencia y familia y según su Ley Orgánica N∞7648 está "autorizado para transferir fondos, con cargo a su presupuesto, a organismos públicos, privados y personas físicas, con la autorización de la Contraloría General de la República. Estos recursos serán utilizados exclusivamente para implementar y ejecutar programas en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia." Con esto se pretendió que el PANI como ente rector fuera el mecanismo de financiamiento de las instituciones privadas de protección o de apoyo a la familia. Este proceso implica una reorganización institucional y de los recursos financieros.

  • Denuncia ante la Defensoría de los Habitantes

Con fundamento en las funciones y atribuciones que le confiere al PANI tanto la Constitución Política, su Ley Orgánica, así como el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como ente rector del sector social, trasladó al Patronato Nacional de la Infancia (oficio número DMT 0144-2000 del 14/02/2000) la supervisión y la asesoría técnica de 46 programas o alternativas de protección con atención diurna de niños y niñas, así como la administración de los recursos provenientes de FODESAF que financian algunos servicios que prestan esas organizaciones, las cuales eran responsabilidad del Instituto Mixto de Ayuda Social.

Tal disposición generó en la Administración problemas en su gestión ñtanto en el IMAS como en el PANI- lo que derivó en un retraso considerable en el tiempo establecido para realizar la transferencia de los recursos económicos con los que cada organización debía cancelar los compromisos adquiridos correspondientes a la alimentación y al pago de salarios del personal de atención directa, entre otros.

Por tal razón, en la Defensoría de los Habitantes se recibió una queja interpuesta por los representantes de algunas asociaciones, centros infantiles y guarderías, en la que manifestaron su disconformidad por la actuación del Instituto Mixto de Ayuda Social y del Patronato Nacional de la Infancia: (Expediente N∞ 09493-26-2000). Textualmente dice:

"...En el mes de enero 2000 el IMAS comunicó que a partir de este año el financiamiento pasaría a manos del PANI, debido a las características de la población que se atiende, razón por la que se firmó un convenio con el IMAS únicamente por un período de seis meses y a partir del segundo semestre no se les girarían más recursos. Al consultar en el PANI sobre este asunto, alegaron desconocimiento total sobre el traslado de los recursos económicos. Hasta esta fecha ninguna de las dos instituciones les ha definido o informado sobre la situación financiera de los próximos seis meses."

El retraso en la transferencia de los fondos provocó serios problemas en el servicio y atención brindada. Las organizaciones se vieron obligadas a realizar modificaciones sustanciales en la dieta diaria de los niños y niñas, teniendo que reducir el suministro de alimentos básicos tales como carne, huevos, leche. Al no poder asumir el pago de salarios, el personal de atención directa renunció a sus labores dejando, en algunas ocasiones, descubierto el servicio. Además, se enfrentaron problemas con las empresas proveedoras debido a que, al no cancelar las facturas pendientes, no brindaban más suministros.

Para los representantes de las IBS la comunicación y la coordinación que estableció el IMAS, previo al traslado de los recursos económicos al PANI, fueron insuficientes dado que no tenían claridad del proceso, desconocían los requerimientos, así como los términos de la nueva cooperación, siendo que, ni siquiera en el PANI les informaban del asunto, ya que ni ellos contaban con toda la información.

Por su parte, el IMAS que hasta el mes de junio del 2000 tenía bajo su responsabilidad la supervisión técnica y la administración de los recursos económicos de las IBS, demoró la firma del convenio de cooperación del primer semestre 2000 y la consecuente transferencia de fondos. Esta situación interfirió en el funcionamiento general de las IBS y, en particular, en la atención directa que se brinda a los niños y niñas.

A estas organizaciones asiste población infantil que, en su mayoría, proviene de hogares de escasos recursos económicos, siendo la madre la única responsable del grupo familiar, quien en múltiples ocasiones no cuenta con un trabajo estable ni salario fijo, por lo que se aporta una cuota simbólica por el servicio que se ofrece; de tal forma que la organización no puede asegurar con ese presupuesto que los niños y niñas reciban un servicio de calidad.

Por otra parte, esta Defensoría a través de la investigación de la queja interpuesta, no logró comprobar que el PANI al tener conocimiento -mediante oficio número DMT 0144-2000, febrero 2000- de la responsabilidad que se le delegaba, procediera a girar directrices y emprendiera acciones técnico-administrativas para asumir tal función en el tiempo establecido, tomando así las previsiones necesarias para no afectar la atención cotidiana de los niños y niñas que se benefician de los servicios que prestan las IBS. Situación que se confirma cuando estas organizaciones dejan de percibir el aporte estatal durante los meses de julio a septiembre, lo que afectó directamente la atención de los niños y niñas.

Se requirió de reuniones y conversaciones previas con la Administración en los que la Defensoría participó directamente a solicitud de las organizaciones, para que se efectuara el traslado de los fondos a las IBS y garantizar así que los niños y niñas recibieran un servicio de calidad. Para ese momento era prioridad para el PANI realizar un estudio para conocer las condiciones y características de cada programa, así como la población infantil beneficiaria y posteriormente hacer la acreditación por parte de la Secretaría Técnica de Protección del PANI. Asimismo consideró necesario determinar los compromisos presupuestarios con cada organización para la asignación de los recursos. Luego, el PANI realizó el diagnóstico mediante la contratación de servicios especializados, dado que no cuenta con el recurso humano suficiente.

Además - según argumenta el personal de la institución -, asumir el seguimiento y supervisión técnica, así como la administración de los recursos - hasta esta fecha, 46 alternativas de protección con atención diurna que atienden aproximadamente a 22,600 niños y niñas -, significa disponer del recurso humano suficiente que permita asegurar que el servicio sea de calidad, que el modelo de atención responda con las exigencias técnicas estipuladas, y que se haga una correcta utilización de los recursos económicos.

Sin embargo estas medidas no se tomaron con las previsiones del caso, provocando los inconvenientes y desatención señalados.

  • Conclusiones y recomendaciones

A partir de los hechos comprobados por esta Defensoría en la queja interpuesta, se plantearon las siguientes recomendaciones:

  1. "Al Instituto Mixto de Ayuda Social que continúe "asesorando y apoyando al personal del PANI para que asuma, de manera efectiva, la administración de los recursos económicos que se transfieren a las Instituciones de Bienestar Social."
  2. Al Patronato Nacional de la Infancia, en virtud de que la transferencia de recursos económicos a las Instituciones de Bienestar Social (IBS) se realiza bajo la modalidad de "mes vencido", adoptar las medidas administrativas necesarias para que los gastos correspondientes al mes de diciembre 2000 se puedan cubrir en el tiempo debido, sin perjuicio del pago de aguinaldo del personal. Realizar las gestiones necesarias para que la firma del Convenio PANI/IBS, período 2001 se efectúe antes de finalizar el año 2000, con el propósito de garantizar que la transferencia de los fondos se hará en el tiempo debido, evitando así interferencias en el servicio que deben recibir los niños y niñas beneficiarios del servicio. Emprender -a la brevedad posible- las respectivas acciones técnico-administrativas para garantizar que el monto mensual por niño/niña que se transfiera a las IBS permita brindar un servicio de calidad a la población infantil. Definir y establecer eficientes y efectivos mecanismos de comunicación, coordinación y cooperación con las Instituciones de Bienestar Social de atención a la niñez. "

Ambas instituciones han acatando parcialmente las recomendaciones antes señaladas. No obstante, están por definirse algunas acciones de orden administrativo, como el monto mensual por asignar.

Cabe destacar que ante cualquier asunto donde se traten necesidades, derechos e intereses de las personas menores de edad, la Administración debe tener presente que garantizar el interés superior de éstas es prioritario. Por tanto, es obligación del Estado y de sus instituciones adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, siendo el Patronato Nacional de la Infancia la entidad responsable de velar por la protección de los derechos e intereses de la población infantil y adolescente.

Esta Defensoría considera "bastante acertada" la directriz emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de transferir al Patronato Nacional de la Infancia la responsabilidad del seguimiento y supervisión técnica, así como la administración de los recursos de FODESAF que financian los servicios que prestan las IBS a la niñez que habita en el país. Con esta tarea que asume el PANI, se procuran concertar todas las alternativas de protección de la niñez y la adolescencia que existen en el país, bajo un marco conceptual y metodológico homogéneo y sistemático, además de buscar mayores controles en la ejecución presupuestaria, haciendo un uso más racional, eficiente y oportuno de los recursos. De ello se desprende la necesidad que dotar al Patronato Nacional de la Infancia de todos los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines, máxime que para el Estado costarricense los niños, niñas y adolescentes deben ser siempre "una prioridad".

Con el fin de evitar este tipo de inconvenientes y mejorar la calidad del servicio a este sector de la población, es necesario que se reglamente la relación entre el PANI y las organizaciones privadas y que éstas estén integradas en la toma de decisiones de forma más efectiva y directa, en la medida que son parte activa del Sistema Nacional de Protección que se viene impulsando. En ese sentido, es importante la constitución de una Secretaría Técnica de Protección con representantes de las Organizaciones Privadas.

vi. La protección de la imagen y la privacidad de la persona menor de edad

  • Introducción al tema.

Una de las garantías fundamentales que plantea el "modelo de justicia" penal para personas menores de edad es el de la confidencialidad, en el entendido que "terceras personas ajenas a la relación jurídico procesal, no tienen acceso al proceso penalÖ" como tal, así como tampoco a las diligencias previas a éste; a diferencia del de adultos que es, en esencia y por principio, público. De este principio deriva, entre otras cosas, la prohibición de revelar la identidad de una persona menor de edad presuntamente involucrada en hechos delictivos.

La idea de incorporar disposiciones especiales para la protección de la imagen e identidad de la persona menor de edad responde al hecho que se trata de personas inmersas en un particular proceso de desarrollo biológico, psicológico y social, que los ubica en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la opinión pública y a la difamación -con los efectos adversos que ello conlleva para su honor y buen nombre-, especialmente en aquellas situaciones donde ésta sea sobreseída.

Paradójicamente, esta misma condición es la que hace posible que esta población también sea más susceptible a la modificación de conductas, por lo que tiene mayores posibilidades de éxito en su rehabilitación o resocialización.

Visto así, ese trato diferenciado, lejos de ser una debilidad o permisividad del modelo, se constituye en elemento necesario para impedir que el proceso de reinserción social se vea amenazado por el estigma o etiquetamiento social de la persona menor de edad como "delincuente".

En todo caso, una de las finalidades de la legislación penal juvenil es justamente la de procurar que a la par de la sanción de la conducta desviada, se garantice también la formación integral de ese grupo social, así como su reinserción en la familia y en la sociedad. No obstante, es preciso aclarar que se trata de una materia respecto de la cual aún existen muchas resistencias de distintos sectores de la sociedad, basadas en la distorsionada concepción que maneja el común de la gente sobre los orígenes causa y tratamiento de la delincuencia, aunado a la incomprensión de los adultos acerca de las necesidades especiales de esa población.

  • Sobre la normativa nacional e internacional vigente que recoge y regula el Principio de Confidencialidad (protección de la identidad, imagen y privacidad de la persona menor de edad en conflicto con la Ley)

El principio de confidencialidad, arriba señalado, no se ha limitado al desarrollo o análisis doctrinal, sino que ha sido incorporado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en legislaciones posteriores a aquella, promulgadas en varios países europeos y latinoamericanos que siguen el "modelo de justicia" como forma de intervención Estatal frente a las acciones típicas y antijurídicas de las personas adolescentes.

Con respecto a la Convención, valga decir que recoge "muchos de los principios fundamentales de las Reglas Mínimas Uniformes para la Administración de Justicia de Menores de 1985 -instrumento no vinculante-Ö", también conocidas como las "Reglas de Beijing", dándoles mayor consistencia, solidez y valor práctico, al conferirles carácter vinculante.

Acerca de la administración de la justicia, y en particular, al derecho al resguardo de la identidad, imagen y privacidad de la persona menor de edad en conflicto con la ley, la Convención dispone:

"40.1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

(Ö)

b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

(Ö)

VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento."

En el contexto nacional, la Ley de Justicia Penal Juvenil, dedica el Capítulo II a los "Derechos y Garantías Fundamentales" que asisten a la persona menor de edad sometida a un proceso penal. El artículo 10, hace referencia a estas garantías, de forma general, señalando lo siguiente:

"Desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que les correspondan por su condición especial. (...)". La negrita es nuestra.

Posteriormente esta ley desarrolla cada uno de esos derechos y garantías, incluidos el de privacidad y de confidencialidad, que son los que interesan para el caso que nos ocupa y que, para facilitar el análisis, seguidamente se transcriben:

"Artículo 20.- Derecho a la Privacidad

Los menores de edad tendrán derecho a que se les respeten su vida privada y la de su familia. Consecuentemente, se prohíbe divulgar la identidad de un menor de edad sometido a proceso."

"Artículo 21.- Principio de confidencialidad.

Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por menores sometidos a esta ley. En todo momento, deberá respetarse la identidad y la imagen del menor de edad.

(...)"

La protección de los elementos de la personalidad del niño, niña y adolescente trasciende incluso el ámbito de lo penal y es incorporado en otras legislaciones nacionales relativas a la niñez y la adolescencia, sustentadas también en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la doctrina de la protección integral.

Tal es el caso del el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual reconoce el derecho de las personas menores de edad a "la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores", "a no ser objeto de injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; (...)", así como al resguardo de su honor y reputación.

Pero, también el mismo cuerpo normativo regula la esfera penal, al señalar:

"Artículo 27. Derecho a la imagen.

Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan sean de carácter delictivo de contravención o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad.

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal que permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de seguridad pública."

  • El caso de Monteverde

En los primeros días del mes de setiembre del 2000, varios medios de comunicación colectiva dieron a conocer los hechos acaecidos en Monteverde, que involucraban a miembros de un comando policial denominado "Grupo Especial de Operaciones Acercamiento, Vigilancia y Seguridad", de la Dirección Regional Pacífico Central de la Fuerza Pública, quienes supuestamente incurrieron en abusos de autoridad contra algunos turistas y vecinos de la comunidad.

Un medio de comunicación en particular denunció públicamente la presunta violación del derecho a la imagen, a la privacidad y a la confidencialidad de una persona menor de edad por parte del cuerpo policial arriba señalado.

Según refiere el artículo periodístico, ocho medios de comunicación colectiva recibieron copia de un Acta de Decomiso o Secuestro levantada el 24 de agosto del 2000 por miembros de la Fuerza Pública de la Región Pacífico Central, donde se involucra a un adolescente en la comisión de delitos relacionados con la Ley de Psicotrópicos, y donde consta su nombre, apellidos y lugar de residencia.

Además, a dicho parte se adjuntó una nota suscrita por el Señor Intendente de Policía y Jefe del cuerpo policial en cuestión, en donde se describe una serie de conductas delictivas del joven, cuya identidad vuelve a revelar. Dicha nota se envía a los medios con el fin de ser publicada para efectos de aclaratoria y derecho de respuesta. El medio de comunicación publica la nota, pero omite los nombres y demás datos que pudieran servir para identificar a las personas menores de edad involucradas.

La Defensoría de los Habitantes tuvo acceso a una copia del citado documento, junto con la respuesta firmada por el Intendente de Policía de la Sexta Región, Sr. Alvaro Vargas Picado, donde en efecto consta en la parte superior de los mismos, que fueron enviados desde un fax de la Delegación de la Región Pacífico Central de la Fuerza Pública.

A raíz de tan delicada situación, la Defensoría inicia de oficio una investigación con el objeto de verificar si en efecto existió alguna responsabilidad del Ministerio Seguridad Pública.

En un primer informe, presentado por el señor Ministro, mediante oficio número 2356-2000 DM, con fecha 18 de setiembre del 2000, se indica que "desde el martes 29 de agosto se giraron las instrucciones respectivas a la licenciada Astrid Rodríguez Rodríguez, Jefe del Departamento Legal Disciplinario con la finalidad de investigar las acciones realizadas por estos policías y determinar la eventualidad de posibles responsabilidades.

Además agrega que solicitó "ampliar la investigación en relación con estos hechos porque existe una Circular con fecha 27 de enero, 1999, en el (sic) cual el Director de la Fuerza Pública, Comisario Walter Navarro Romero, comunicaba la prohibición de formar grupos especiales de investigación, de apoyo, de reacción o de cualquier otro que no obtuvieren el visto bueno de la Dirección General de la Fuerza Pública. Esta investigación tomará en consideración quien fue el responsable de autorizar las labores de este grupo especial, quién aprobó sus operativos, el número de acciones realizadas a la fecha y sus resultados, así como desde cuando funciona, con la finalidad de determinar los responsables de transgredir una prohibición expresa y autorizar la operación de este grupo.

Concluye señalando que en relación con "Öla supuesta violación del derecho a la imagen, a la privacidad y a la confidencialidad llevado a cabo por policías de la Delegación de Puntarenas, se le solicitó al Comisionado Raúl Quesada Galagarza, Jefe de la Sexta Comandancia Regional, Ö que se refiriera a este asunto. Asimismo, se le pidió a la licenciada Astrid Rodríguez Ö que amplíe la investigación de los hechos e introduzca estos nuevos elementos", e informa que "como parte de las investigaciones se suspendió por el término de un mes al intendente de Policía Alvaro Vargas Picado, Jefe de este grupo especial hasta tanto se determine su posible responsabilidad.

En un informe presentado posteriormente por el Comisionado Raúl Quesada G., éste reitera lo informado por el Sr. Ministro, y agrega que "en forma concomitante el Ministerio Público de Puntarenas a través del O.I.J. también abrió una causa para determinar las responsabilidades penales que puedan existir."

  • Conclusiones y Recomendaciones

Sobre este caso en particular, debe señalarse que aunque el Ministerio de Seguridad Pública inició los procedimientos y diligencias administrativas requeridas para sentar las responsabilidades del caso, se pudo concluir que existe desconocimiento por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública acerca de los derechos y garantías especiales que asisten a las personas menores de edad en materia Penal Juvenil, específicamente en cuanto al resguardo de su identidad, honor, imagen y privacidad, como elementos esenciales de su personalidad, situación que redunda en acciones arbitrarias y violatorias de derechos fundamentales de esta población, como las mencionadas en el caso que nos ocupa.

En virtud de lo anterior esta Defensoría recomendó al Ministerio de Seguridad Públlica girar instrucciones a las distintas delegaciones de la Fuerza Pública del país para que se abstengan de difundir o dar a conocer el nombre, apellidos, domicilio o cualquier otro dato que permita identificar a una persona menor de edad que se presume está en conflicto con la ley o que pudiere lesionarle en su honor y reputación. Asimismo recomendó programar cursos de capacitación sobre derechos de niñez y adolescencia, dirigidos a los funcionarios de las distintas delegaciones de la Fuerza Pública, donde se trate el tema del resguardo de los elementos de la personalidad de esta población.

Según consta mediante oficio número 2810-2000, fechado 20 de noviembre del 2000, suscrito por el Ministro de Seguridad Pública ambas recomendaciones han sido acogidas.

2. Acciones de Promoción y Difusión

a. La exigibilidad de los derechos de la niñez y adolescencia. La participación comunitaria

i. Proyecto Red Nacional para la Detección y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente inserta en el Trabajo

A pesar de los avances en la conciencia colectiva respecto a la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes trabajadores, así como aquellos a quienes se les ha despojado el derecho a la educación o son explotados sexualmente, lo que se traduce en la generación de diversos esfuerzos nacionales, aún la población costarricense se muestra desconocedora de la ley, pero sobre todo, poco comprometida con la propuesta de acciones y renuente a la denuncia de situaciones violatorias de derechos.

El reducido número de denuncias presentadas en las diferentes instancias vinculadas con relación al trabajo infantil, deserción del sistema educativo o explotación sexual comercial, es en gran medida el reflejo de la falta de involucramiento por parte de la población, el desconocimiento generalizado de la ley y los procedimientos de protección, así como de un limitado manejo por parte de los mismos funcionarios públicos que no escapan a esta situación general.

Desde junio de 1999, la Defensoría de los Habitantes firmó un acuerdo con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) para la ejecución del Proyecto "Red Nacional para la Detección y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente", por medio del cual se buscó contribuir con la eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de la persona adolescente trabajadora en veinticinco comunidades del país, mediante la capacitación en la temática y la conformación de una red para la detección de esta población y la referencia de situaciones violatorias de sus derechos. Se pretendió con ello impulsar la movilización comunitaria para mejorar la capacidad de detección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran realizando trabajos peligrosos o nocivos para su desarrollo armónico e integral, con el fin de darle una respuesta a esta población, de acuerdo con las obligaciones y políticas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este Proyecto finalizó en Octubre del 2000.

La cobertura del proyecto abarcó veinticinco comunidades en las que existen Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia en todo el territorio nacional:

San José

Alajuela

Heredia

Guanacaste

Curridabat

Alajuela

Heredia

Liberia

Tibás

Naranjo

Sarapiquí

Santa Cruz

Goicoechea

Grecia

   

Alajuelita

San Ramón

Puntarenas

Limón

Desamparados

San Carlos

Puntarenas

Limón

Santa Ana

 

Golfito

Siquirres

Puriscal

Cartago

Corredores

 

Pérez Zeledón

Cartago

Coto Brus

 
 

Turrialba

   

Como objetivos específicos figuraron los siguientes:

  1. Informar, sensibilizar y capacitar a funcionarios públicos y otras personas involucradas en la protección de la niñez y adolescencia de la comunidad en los siguientes temas:

  1. Nueva Concepción de Niñez y Adolescencia.
  2. Derecho a la educación, disciplina y convivencia educativa.
  3. Prohibición laboral de las personas menores de 15 años y régimen especial de protección a la adolescencia mayor de 15 años y menor de 18 años.
  4. Explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes.

  1. Impulsar en las comunidades la aplicación de un modelo de detección y referencia comunitaria de personas menores de edad en situación de trabajo infantil, explotación sexual, deserción o ausencia del sistema educativo, con la finalidad de propiciar la reincorporación en la educación y brindar soluciones concretas de acuerdo con las responsabilidades institucionales y colectivas previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
  2. Propiciar la ejecución de programas de acción con niños y niñas en situación de riesgo por trabajo infantil, e identificar las posibles instituciones ejecutoras del nivel local.

Para alcanzar ese propósito se desarrolló un proceso de sensibilización y capacitación en estas temáticas y, paralelamente, se trabajó en la elaboración, validación y aplicación de un modelo de detección y referencia de la población menor de edad trabajadora, que se encuentra en situación de trabajo infantil, de explotación laboral, sexual y de deserción del sistema educativo.

La finalidad central es la reincorporación en el sistema escolar y brindar soluciones prácticas a la problemática del trabajo infantil. Se procuró que las instituciones públicas y privadas del nivel local una vez lograda la identificación de la población en estas condiciones proporcionaran un acceso directo, así como atención sostenida de niños, niñas y adolescentes trabajadores en situación de explotación y de riesgo.

Como eje central de la estrategia se buscó que la Red de Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia cumplieran un doble papel, tanto como participantes directos, así como impulsores y movilizadores comunitarios. Esto con la finalidad de activarlas como grupos que lideren procesos locales en la movilización comunal, así como en la ejecución de acciones que encuentren soluciones locales.

De estas organizaciones depende en gran medida el éxito de las acciones, dado que son un actor clave en la convocatoria de los distintos grupos y sectores de la comunidad, así como la sostenibilidad y seguimiento de las mismas. Se esperaría que lideren el proceso de exigir las acciones de atención y protección de derechos en el nivel local.

Principales Resultados:

  • Como parte del proceso de capacitación y sensibilización, se elaboró una serie de materiales educativos dirigido a población adulta y adolescente. Se produjo una serie de cuatro folletos adaptado a la población adolescente, la cual representa un total de 18,000 impresos, cuyos temas específicos son la protección a la persona adolescente trabajadora y la prohibición del trabajo infantil (folleto 1), derecho a la educación y deserción del sistema educativo (folleto 2), explotación sexual a personas menores de edad (folleto 3), así como también una versión adaptada del Código de la Niñez y la Adolescencia (folleto 4). Igualmente se imprimieron 7,000 ejemplares de la Ley contra Explotación Sexual Comercial de las Personas Menores de Edad y del Código de la Niñez y la Adolescencia para su distribución en las comunidades. También se elaboró una serie de boletines informativos, dirigidos a las redes comunitarias.

  • Se sensibilizó e informó de forma directa sobre el Proyecto a más de 300 personas con liderazgo o responsabilidad institucional para su ejecución en el ámbito nacional en las 25 comunidades.

  • 25 comunidades de las 7 provincias del país recibieron capacitación y material educativo, proceso orientado a la conformación de redes comunitarias. Se contó con la participación de un total de 869 personas.

  • Se realizaron actividades de seguimiento en las 19 comunidades, con una participación global de 448 personas. Se logró con ello consolidar altos niveles de coordinación que visualizan posibles redes locales.

  • Se realizó un diagnóstico de las 25 comunidades en relación con el proceso de movilización local, lográndose determinar que un total de 18 comunidades muestran un alto nivel de acercamiento a lo que se podría percibir como una "Red Comunitaria Consolidada. En nueve comunidades queda establecida una Comisión de Seguimiento (o grupo de apoyo a la sostenibilidad de la red comunitaria), y en tres comunidades más se vislumbra una alta posibilidad de que se establezca en futuras reuniones. En ese mismo sentido se elaboró un listado de las instituciones y grupos de base comunitaria, lo cual constituye un insumo importante para los esfuerzos comunales dirigidos a la coordinación interinstitucional.

  • Desde las redes comunitarias se logró determinar e impulsar un total de 27 proyectos concretos, cuya ejecución se planifica desde las mismas redes comunitarias, o desde las Juntas.

  • En todo el proceso los miembros de las redes comunitarias fueron concienciados respecto a la necesidad de denunciar la mala actuación del sector público cuando afecta a las personas menores de edad. Esto ha posibilitado una serie de denuncias que desde las redes comunitarias se presentan en la Defensoría de los Habitantes, estableciéndose un importante vínculo entre esta institución y las comunidades.

  • Ha sido igualmente importante el nivel de coordinación interinstitucional alcanzado entre las instituciones y la comunidad, lo que ha permitido brindar respuestas a las personas menores de edad detectadas.

  • Como resultado del proceso generado en las veinticinco comunidades a lo largo de un año, se produce un instrumento que sintetiza la estrategia a seguir para alcanzar la identificación y atención de personas menores de edad insertas en el trabajo, que han desertado del sistema educativo o en explotación sexual comercial. Este Modelo de Detección y Referencia denominado "Búsqueda Activa" se imprimió en una cantidad de 235 ejemplares los cuales fueron distribuidos estratégicamente en las comunidades, así como en las instituciones.

  • Sin lugar a dudas el principal aporte de este proceso de apoyo y acompañamiento a la movilización comunitaria radica en el concurso de las instituciones y los diferentes grupos organizadas en acciones articuladas y armoniosas en busca de una mejor calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en sus comunidades. Hasta que las comunidades no se organicen y exijan a las instituciones que apoyen sus gestiones en la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente inserto en el trabajo, los esfuerzos individuales seguirán demostrando ser fuentes de frustración.

Se han visualizado importantes cambios desde el momento de iniciado el Proyecto, denotando un nivel de impacto importante. Dentro de los indicadores más importantes identificados a partir de la ejecución del Proyecto se pueden destacar:

  • Un mayor compromiso por parte de los sectores populares, donde líderes comunales, representantes institucionales e incluso el sector adolescente han participado activamente en la búsqueda de soluciones a la problemática de trabajo infantil en sus comunidades.

  • El proyecto ha permitido que algunos líderes comprometidos con el tema de niñez y adolescencia, que habían optado por abandonar sus actividades de colaboración voluntaria, se reintegraran con una perspectiva más positiva, y a la vez demandante frente a las instancias estatales.

  • El tema de trabajo infantil empieza a ser prioridad en la agenda de diversas instancias involucradas en el tema de niñez y adolescencia, en donde se han girado presupuestos y desarrollado acciones tanto para el apoyo del Proyecto, como para la promoción al nivel local de políticas y proyectos.

  • Las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia se lograron fortalecer ellas mismas en dicho proceso. Incluso el Patronato Nacional de la Infancia ha incrementado el número de personal técnico para darles seguimiento, respondiendo a la necesidad de tonificar y reforzar el liderazgo de estos grupos en las comunidades.

  • En algunas comunidades la organización comunitaria se ha fortalecido a partir de las acciones generadas desde el Proyecto. En la mayoría de comunidades el efecto ha sido el de iniciar una organización interinstitucional, debido a que los diferentes sectores no se habían mostrado comprometidos a trabajar en un sistema articulado. A partir de las actividades generadas desde el Proyecto, con una convocatoria hecha desde la Defensoría de los Habitantes, algunos sectores han empezado a responder involucrándose directamente en la propuesta y ejecución de soluciones.

  • Muchos de los participantes que antes de las capacitaciones demostraban una percepción del trabajo infantil como no dañino para el desarrollo sino que formativo y necesario, empiezan a tener un cambio de actitud comprenden las consecuencias negativas que éste puede tener.

  • La conformación de las redes en las comunidades como una práctica de organización se visualiza como una buena opción, en donde se armoniza la participación de las instituciones y la sociedad civil; se evidencia además un compromiso con las acciones desarrolladas desde la red. En varias comunidades se han programado reuniones de seguimiento desde la red misma, sin necesidad de una mediación de la Defensoría de los Habitantes.

  • En algunas comunidades se informa que Directores de colegios y escuelas están reportando casos de trabajo infantil y deserción del sistema educativo, buscando soluciones concretas. Esto se da incluso antes de haber implementado el Manual de Detección y Referencia, lo cual denota una importante movilización comunitaria a partir de necesidades reales.

  • La no denuncia por parte de los pobladores de las diferentes comunidades ha sido un común denominador identificado en los discursos de los y las participantes. El no querer involucrarse, y preferir que otros asuman el activismo, son patrones que se han visto superados en las personas capacitadas, quienes comprenden la importancia de proteger a las personas menores de edad en riesgo y la obligación de los funcionarios públicos a denunciar según lo establece el Código de Niñez y Adolescencia.

b. Verificación del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia (Código de la Niñez y adolescencia)

i. Foro Permanente de Seguimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia

En el proceso de búsqueda de formas efectivas de cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) un elemento fundamental lo constituye la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la garantía, protección y desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, actores que van desde la familia y la comunidad hasta el Estado y sus instituciones. El CNA plantea claramente la responsabilidad de cada uno de esos actores sociales, los mecanismos de coordinación y establece los lineamientos para la efectiva aplicación.

Es por ello que la Defensoría de los Habitantes en atención a la obligación que le confiere el artículo 7∫ del CNA, desde el mes de agosto de 1998 convocó a todas las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema para integrar un Foro Permanente de Seguimiento al Cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Como se ha mencionado en informes anteriores, el Foro pretende ser un espacio de seguimiento a la aplicación del CNA; no busca evaluar el desempeño institucional, ni evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en general. No diseña diagnósticos de la situación de la niñez y adolescencia, aunque forme parte de esos diagnósticos. Pretende ser un instrumento de retroalimentación señalando avances, limitaciones, brindando las recomendaciones correspondientes, además de difundir y promover el CNA entre las diferentes instituciones y las comunidades.

El Foro tiene como objetivos los siguientes:

  1. Difundir las responsabilidades que le define el Código de la Niñez y la Adolescencia al Estado y sus instituciones, a la familia, a la comunidad y a la niñez y a la adolescencia como ciudadanos.
  2. Facilitar la coordinación y la cooperación que promueva la ejecución de acciones para el cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia.
  3. Retroalimentar al Sistema Nacional de Protección, a las instituciones públicas y a las organizaciones no gubernamentales e informar a la niñez y la adolescencia y a los adultos en general, sobre los avances en el cumplimiento del Código.
  4. La Defensoría de los Habitantes con el aporte de las diferentes instituciones y organizaciones vela por el cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El Foro ha tenido como base un "Mapeo de Responsabilidades Institucionales" realizado por la Defensoría de los Habitantes con base en una tipología de las necesidades de la niñez y la adolescencia y los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia. En ese sentido se pretende tener como eje las necesidades de la niñez y la adolescencia para ordenar los derechos que las protegen, y desde los derechos valorar cómo se garantizan o no por parte de las instituciones responsables, en término de esas necesidades.

Es importe resaltar que la Defensoría ha señalado que a pesar de la fuerza vinculante de las normas legales y convencionales y su capacidad programática, también es cierto que para que éstas sean efectivas en el contexto de un cambio de paradigma son necesarias otras acciones. En ese sentido se requiere en primer término la voluntad política necesaria para que se tomen las medidas presupuestarias, administrativas y de funcionamiento que permitan institucionalizar el nuevo modelo y concepción de niñez y adolescencia establecido en el nuevo CNA.

Durante el período 2000 y dentro del marco del Foro Permanente de Seguimiento al Cumplimiento del CNA se realizaron las siguientes actividades:

  1. Sesionar una vez por mes con el fin de dar seguimiento a los procesos institucionales y facilitar la coordinación de acciones referidas al Código y su efectiva difusión y aplicación.
  2. Apoyar el trabajo que realizan las instituciones en materia de aplicación del CNA.
  3. Se presentó ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el II Informe de Cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia, se difundió entre los medios de comunicación y se incluyó en la página WEB de la Defensoría de los Habitantes.
  4. Se elaboró un Sistema Nacional de Indicadores del Código de la Niñez y la Adolescencia. Cada institución definió los indicadores que incorporó en su sistema interno, a partir de los cuales se suministrará la información correspondiente a cada informe anual de cumplimiento del CNA el cual permite mejorar los sistemas de seguimiento y la comparación de los datos anualmente.
  5. Se realizaron dos actividades del nivel local, dirigidas a conocer la opinión de los y las Adolescentes sobre el Código y el desempeño de las instituciones y el grado de aplicación en el nivel regional. Durante el período mayo ñ diciembre 2000, se visitaron dos comunidades:

  • Puntarenas: Con la colaboración la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, se realizó -en Centro Regional de Puntarenas- un taller en el que participaron cerca de 50 personas, entre ellas estudiantes de centros educativos de la zona, representantes de las instituciones y miembros de la comunidad en general. En esta actividad se expuso el trabajo y la experiencia obtenida por las instituciones en el proceso de implementación del CNA, los avances y limitaciones enfrentadas. Del evento se desprende que, en el nivel local existe un avance importante sobre el conocimiento del Código, sobre su aplicación y exigibilidad. Por tanto, se reitera ñcomo se señaló en el informe anterior- la importancia de que las instituciones del nivel central mantengan una estrecha coordinación, acompañamiento y asesoría en el proceso para el fortalecimiento de acciones.

  • Limón: Con el apoyo de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección Regional del MEP en Limón, se realizó un taller de capacitación sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia. Actividad que merece especial atención por la población a la cual estuvo dirigida: estudiantes de diferentes centros educativos de las zonas rurales, tales como Colegio Técnico Profesional de Siquirres, Colegio Técnico Profesional Valle de la Estrella, Colegio Técnico Profesional de Bataan, Colegio Técnico Profesional de Talamanca, Liceo Académico del Cairo y Colegio Académico La Alegría. También asistieron representantes de las instituciones que integran el Foro, así como representantes de las instituciones de la localidad. El objetivo del taller fue "Determinar mecanismos de exigibilidad de derechos de la niñez y la adolescencia entre estudiantes de centros educativos de la provincia de Limón."

Entre las exposiciones se trató el enfoque de Niñez y Adolescencia, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el derecho de las Personas Adolescentes Trabajadoras, el derecho a la Educación, explotación sexual con fines comerciales.

Entre las observaciones y recomendaciones que se derivan de la participación de los adolescentes se destacan:

  1. En el tema de Explotación Sexual con Fines Comerciales las siguientes:

    • Trabajar con los padres de familia para que puedan tratar con sus hijos/hijas el tema de la sexualidad con más naturalidad y no como algo oculto -sin vergüenza, miedos o temores-
    • Educar al adolescente sobre la sexualidad, pues no tiene suficiente conocimiento al respecto. Es necesario que la sexualidad se vea con más naturalidad.
    • En los centros educativos se preste más atención a los estudiantes, cuando se dan cambios en su comportamiento.
    • El PANI y las instituciones encargadas coordinen charlas en las comunidades para informar y educar a la población sobre el tema.
    • Las instituciones responsables de la niñez y la adolescencia coordinen con los medios de información para educar a la población sobre el tema.

Además se recomendó lo siguiente:

    • Brindar seguimiento a los planes, programas y proyectos en educación sexual y abuso a personas menores de edad.
    • Las instituciones responsables de la niñez y la adolescencia trabajen con la familia para que exista mayor comunicación y diálogo entre padres e hijos.

  1. En el tema de Deserción Escolar se mencionan las siguientes causas:

    • Embarazo en adolescente.
    • Se falla en la calidad de la educación, malas bases en la enseñanza.
    • No existe comunicación y apoyo para los estudiantes por parte de los profesores.
    • Se aplican acciones correctivas sin el debido proceso, el estudiante no participa, no se le escucha ni se toma en cuenta su opinión.
    • Se discrimina a las personas con discapacidad, faltan oportunidades y apoyo para que se mantengan en el sistema educativo.
    • Los padres de familia o encargados no participan en el proceso educativo.
    • Falla la responsabilidad que tienen los padres, los docentes y los estudiantes respectivamente.

Se recomendó:

    • Fomentar en los centros educativos el diálogo y la comunicación entre el personal docente, estudiantes y padres de familia.
    • El PANI, IMAS y MEP coordinen para que oriente y apoye ñsocial, psicológico, legal y económicamente- a los padres o encargados para que se garantice el derecho a la educación de los hijos/hijas.

  1. En el tema de Derechos de las Personas Adolescentes Trabajadoras se recomendó:

    • Solicitar a las Municipalidades para que cumplan con el censo que señala el Código.
    • El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantenga un registro de personas menores de edad que trabajan.
    • El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social difunda y promueva los derechos y responsabilidades de las personas adolescentes trabajadoras.
    • Se coordine con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Patronato Nacional de la Infancia y con el Ministerio de Educación Pública para que las personas adolescentes que trabajan no deserten del sistema educativo.

La actividad fue de la satisfacción para el Foro, dada la participación, el interés, la capacidad de respuesta y el nivel de criticidad de los y las adolescentes que participaron.

Las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que integran el Foro Permanente de Seguimiento al Cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia son las siguientes:

  1. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
  2. Ministerio de Salud
  3. Ministerio de Seguridad Pública
  4. Ministerio de Educación Pública (MEP)
  5. Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (MCJD)
  6. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
  7. Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
  8. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
  9. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
  10. Instituto Nacional de Seguros (INS)
  11. Instituto Nacional para las Mujeres (INAMU)
  12. Municipalidad de San José (MSJ)
  13. Registro Civil (TSE)
  14. Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia. Universidad Nacional
  15. Defensa de los Niños Internacional, C.R. (DNI)
  16. Fundación PANIAMOR
  17. Coordinadora Costarricense de ONG para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (COSECODENI)

 

c. Promoción, capacitación y Difusión de los intereses y derechos de la niñez y adolescencia

Como parte del quehacer fundamental de la Dirección de Niñez y Adolescencia se encuentran las tareas de promoción, capacitación y difusión en materia de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia. Esto adquiere particular importancia en razón de que los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de los adultos, no tienen las mismas posibilidades de conocer y dar a conocer sus derechos. De ahí que un principio fundamental en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia sea la obligación de asumir una función promocional de las necesidades y derechos de la niñez y adolescencia con el fin de facilitar su efectiva aplicación y exigibilidad.

Aunado a ello es importante recordar que el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas, es decir como sujetos sociales de derechos, recién se inició hace once años con la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989). Es así como a partir de los compromisos adquiridos en la Convención, se realiza en el país un proceso de readecuación de toda la legislación en materia de niñez y adolescencia, lo que hace que ésta aún sea poco conocida. Todo ello ha implicado esfuerzos adicionales tanto en lo que se refiere a la superación de representaciones sociales, prácticas y actitudes existentes, como en la difusión de la nueva legislación. La Defensoría de los Habitantes ha desarrollado esfuerzos significativos que se expresan en las actividades que se señalan a continuación.

i. Promoción y difusión del Código de la Niñez y Adolescencia y derechos fundamentales de esta población

Para el 2000 las actividades de Promoción y Difusión de la Dirección de Niñez y Adolescencia giraron en torno al Código de la Niñez y Adolescencia y derechos fundamentales de esa población en materias como explotación sexual comercial, explotación laboral y deserción escolar.

Los talleres de capacitación y charlas sobre el Código de la Niñez y adolescencia fueron impartidos específicamente a funcionarios del sector Salud, Educación, e INA. En total se realizaron 10 actividades con un total de 274 participantes.

Por su parte en el marco del proyecto "Red Nacional para la detección y erradicación del trabajo infantil y protección de la persona adolescente" del convenio IPEC/DHR del cual se informó en el apartado de los mecanismos de exigibilidad con participación comunitaria, se realizaron 48 actividades de promoción y difusión con una total de 1,225 participantes. Además se elaboró material de apoyo en un total de 25,235 ejemplares.

Todas estas actividades suman un total final de 58 actividades de capacitación y 1,429 participantes en todo el territorio nacional.

ii. Otras actividades de promoción y difusión de derechos

Además de los talleres de capacitación impartidos a funcionarios públicos, y el impulso al proceso de movilización social en torno a la explotación sexual, la explotación laboral y la deserción escolar, la Dirección de Niñez y Adolescencia realizó 165 actividades de diversa índole, manteniendo siempre como norte las funciones de defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas menores de edad, propias de la Institución.

Entre estas actividades se destaca el contacto permanente que se mantiene con los medios de comunicación colectiva. En este período se realizaron 80 actividades que se distribuyen en 43 de prensa escrita, 17 de radio y 19 de televisión, como un mecanismo alternativo y de refuerzo a la labor de promoción y difusión de derechos, dado el impacto y proyección que tiene frente a la opinión pública.

Se realizaron diversas actividades de promoción y difusión que incluyen: Dos actividades masivas de difusión sobre el informe de la Defensoría de los Habitantes en Materia de Niñez y Adolescencia (1999-2000), con la partición de Adolescentes, funcionarios y público en general.

Se participó en 16 actividades de comisiones tales como: Explotación Sexual Comercial, Comité Directivo Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Comisión para la Prevención y Atención del Maltrato Infantil, Consejo de la Niñez y Adolescencia.

Se dictaron 18 conferencias sobre diversos tópicos de la Niñez y Adolescencia, se asistió como participante a 11 talleres y seminarios y a 11 foros.

Las acciones de promoción y difusión incluyen además la atención personal al habitante, particularmente a estudiantes en busca de información acerca de la labor de la Defensoría en relación con diversos temas y problemáticas de la niñez y adolescencia.



© 2001. LA NACION S.A. El contenido de Nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com