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RESUMEN:
Fue presentado por los directores de medios de comunicación en la Oficina de Iniciativa Popular del Congreso, el lunes 23 julio del 2001. Es un proyecto de ley que procura fortalecer y ampliar la libertad de expresión y prensa en el país.
Se trata de una iniciativa en la cual se plantean varias reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y al Código Civil, que permitirán, según los proponentes, modernizar la legislación aplicable en esos campos.

Proyecto de ley

Ley de libertad de expresión y prensa

Exposición de motivos

La legislación aplicable a las libertades de expresión y prensa en Costa Rica, así como su desarrollo jurisprudencial, colocan al país en una situación de lamentable atraso en relación con las normativas imperantes en las democracias más avanzadas.

Esa situación daña el prestigio democrático de nuestra nación, bien ganado en tantas otras materias, y restringe el derecho de los costarricenses a informarse e informar. Y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "…es posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre."

Lo que se requiere no es eliminar los límites que el honor fija a la libertad de expresión y prensa, sino señalar que ambos valores o derechos se limitan recíprocamente y su equilibrio debe tomar en cuenta circunstancias diversas, en particular, los casos en que media interés público y —de forma general-- la función indispensable que la libertad de expresión desempeña en la dinámica de la democracia. Así, la responsabilidad del informador debe surgir cuando no medie interés público y cuando actúe con manifiesta mala fe.

También cabe señalar que el derecho de réplica, incluido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (11 de octubre de 1989) estableció un mecanismo sencillo, expedito y eficaz (el amparo) para que cualquier ciudadano rectifique informaciones "inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio". De este modo, y aunque a veces ha sido esgrimido como mecanismo de presión contra la prensa, ha garantizado legalmente lo que era una práctica bastante generalizada en los medios de comunicación más responsables del país: abrir su tiempo y espacio al debate, la discrepancia y las aclaraciones.

Los fallos de la Sala IV se han encargado, a lo largo del tiempo, de fijar puntos de referencia más claros para el ejercicio de esta figura.

Por sus características procesales y la rapidez de resolución, el derecho de réplica es un instrumento eficaz para tutelar el derecho al honor o el buen nombre; además, hace más compatible esa tutela con un clima de discusión pública intenso y sano, como necesita cualquier democracia.

Para calibrar el rezago de Costa Rica en cuanto a la legislación aplicable a la prensa, basta comparar su actual situación con la de Argentina, cuyo Código Penal inspiró la legislación vigente en nuestro país. Argentina dejó atrás las normas que nuestro Código Penal conserva y promulgó la legislación más abierta y avanzada de América Latina.

Otra muestra del anacronismo es la supervivencia de la Ley de Imprenta de 1902, al amparo de la cual, no hace mucho, se cometía el exceso de condenar penalmente a los directores de medios sin examinar su participación en la comisión del delito y mucho menos su intencionalidad. Se aplicó así la responsabilidad objetiva en lo penal, a la usanza del Medioevo, hasta el año 1988.

Mientras muchas democracias de avanzada abrazan el principio de que los posibles abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa no son materia del derecho penal, en nuestro país rige una legislación restrictiva, de índole penal, que limita con fuerza la posibilidad de difundir informaciones, ideas y opiniones.

La despenalización de las faltas cometidas en el ejercicio de estas libertades fundamentales tiene una larga tradición en el derecho anglosajón, que se pronuncia por la reparación civil del daño. Eso sí, aun la responsabilidad civil sólo surge cuando la conducta reprochada se aparta de normas muy claras sobre la exclusión de toda responsabilidad, al amparo del interés público, la ausencia de dolo y otras causas de justificación.

El principio se extiende ahora a países que siguen otras tradiciones jurídicas, y no es casualidad que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos recomendara la despenalización cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa le consultó un proyecto de ley que pretendía introducir reformas en la materia. En forma idéntica se ha expresado la Relatoría especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, el atraso de nuestro país es tal que, antes de plantear el profundo debate de la despenalización y las garantías que aún en el ámbito civil deben otorgarse a las libertades de expresión y prensa, urge una reforma sencilla que incorpore a los procesos penales normas mínimas y casi universalmente aceptadas en el mundo democrático para garantizar la amplitud del debate público y el examen minucioso de los asuntos de interés general.

Muchas de esas normas asoman en la legislación vigente, pero no están definidas con claridad y su evolución jurisprudencial las ha vaciado de funcionalidad.

Por eso, esta propuesta de ley replantea esos principios de manera que el texto de la ley ayude a una recta interpretación jurisprudencial en beneficio de las libertades de expresión y prensa, cuyos límites se fijan cuidadosamente en virtud de su significado para la democracia.

Por las mismas razones, conviene evitar la tentación de redactar una ley de prensa cuando muchos de los problemas existentes pueden ser corregidos por vía de la reforma. Las leyes específicas de prensa tienden a introducir más restricciones de las que eliminan y, por su naturaleza, crean regímenes especiales distanciados del meollo del tema. No se trata de crear privilegios o estatutos especiales para la prensa como institución o los periodistas como profesionales, sino de ampliar el ejercicio de un derecho humano fundamental a todos los ciudadanos. Las normas resultantes deben ser aplicables a los periodistas y a cuantos utilicen los medios de comunicación, sin que importe cuán esporádicamente lo hagan.

Sólo así adquirirán plena vigencia las garantías del artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En fin, como señala el autor estadounidense Paul K. McMasters, citado por el constitucionalista costarricense Dr. Rubén Hernández Valle: "Libertad e independencia para la prensa no son un privilegio especial para los periodistas. Es una protección especial para el pueblo".

En virtud de las anteriores consideraciones se plantean las reformas a un limitado grupo de artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil, que a continuación se explican:

Reforma al artículo 149 del Código Penal

La norma vigente sobre la prueba de la verdad contenida en este artículo opera, en la práctica, como una inversión del principio constitucional de presunción de inocencia. En efecto, a tenor de este artículo, los acusados de cometer delitos contra el honor son culpables hasta que demuestren lo contrario. Reiterada jurisprudencia nacional deja en claro que lejos de constituir una eximente de responsabilidad, la prueba de la verdad se ha convertido en una inadmisible inversión de la carga de la prueba.

En la práctica judicial, la prueba de la verdad (o la falta de esa prueba) ha tomado precedente sobre toda otra causa válida de exclusión del delito o justificación, como el interés público y la ausencia de dolo, aunque el artículo vigente hace clara referencia al "puro deseo de ofender" o "espíritu de maledicencia".

Por otro lado, el interés público aparece en el artículo vigente como condición para que sea admisible la prueba de la verdad y no como un elemento independiente que ayude a configurar la ausencia de "animus injuriandi" (deseo de ofender).

En los ordenamientos modernos, la prueba de la verdad coexiste con otras causas de exclusión del delito o justificación, como la defensa de un "interés legítimo" en la legislación alemana o el "derecho de crónica" en la italiana, además del cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. La virtud de estas causas de exclusión del delito o justificación independientes es que, aun en presencia de un error o ante la imposibilidad de probar la verdad, la conducta del informador puede ser considerada justificada o no constitutiva de delito.

Es común en las democracias que la prensa denuncie los actos de corrupción cuando comienzan a aflorar y no pueden ser probados a plenitud. También ocurre que un informador posea plena prueba de su dicho al momento de la publicación, pero cuando enfrenta la causa por injurias o calumnias, el documento ha desaparecido o el testigo ocular varía su declaración, recibe amenazas, deja el país o muere. Así se cae en el injusto supuesto de que una conducta totalmente ajustada a derecho resulta punible por causas fortuitas.

Por otra parte, los ordenamientos modernos dan a la verdad un trato bien distinto. Aceptan que las pruebas, revestidas de la certeza necesaria en el procedimiento penal, no siempre pueden ser exigidas al periodista sin menoscabo de la libertad de expresión y su útil función democrática.

Esos ordenamientos también reconocen que el informador puede equivocarse o desconocer la falsedad del hecho divulgado porque confió en documentos o fuentes con historial de fiabilidad o posiciones de relevancia.

En España, por ejemplo, reiterada jurisprudencia exige, solamente, la "veracidad ex ante" (es decir, al momento de realizarse la publicación), basada en el cumplimiento de la diligencia debida, que permite al informador una creencia racionalmente fundada en la veracidad de la información, aunque luego no resulte verdadera. El Tribunal Constitucional español ha sido aún más explícito al manifestar: "De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio".

En Italia, se ha hablado de la "verosimilitud" para extender la protección del derecho de crónica a quien informe de un hecho que luego resulte falso. A su vez, en Estados Unidos, la célebre sentencia del caso Sullivan vs. New York Times declaró, en 1964, que la amplitud del debate democrático exige tolerar un grado de falsedad cuando no sea mal intencionada.

Pero en la práctica costarricense ocurre que a falta de prueba de la verdad, la consideración del dolo o la existencia del interés público pierden toda relevancia en estrados judiciales. Pese a la doctrina casi unánime de que estos delitos sólo son punibles a título de dolo directo, como se entiende el "animus injuriandi".

Este desafortunado desarrollo práctico de la norma vigente hace indispensable adoptar una redacción que asigne la carga de la prueba a quien le corresponde según la disposición constitucional y los principios generales recogidos por la doctrina del Derecho Penal. También es importante que la normativa recoja, como causas independientes de justificación o exclusión del delito, la existencia de interés público y la ausencia de "animus injuriandi" o dolo.

Reforma al artículo 151 del Código Penal

Precisamente, este artículo, de restringida aplicación en nuestros tribunales por las razones citadas, recoge como causas de justificación independientes el interés público, el ejercicio de un deber, el ejercicio de un derecho o de la crítica.

La redacción propuesta en esta reforma sólo aclara que en presencia de estas causas de justificación, no hay punibilidad ni conducta ilícita, y define con mayor amplitud las materias objeto de la norma para que las causas de justificación operen donde hay interés público.

La inexistencia del ilícito, en este caso, es de suma importancia para excluir consecuencias civiles igualmente lesivas para la libertad de expresión.

De esta forma, es de esperar que el artículo reformado cumpla la útil función asignada a la "defensa de un interés legítimo" en la legislación alemana.

"La función que la defensa de intereses legítimos tiene en el derecho alemán es distinta, y de primerísima importancia para el periodista; entra en juego cuando la prueba de la veracidad de la imputación injuriosa no se puede hacer, no porque no es admitida sino por la falta de medios probatorios idóneos o, inclusive, porque la imputación injuriosa simplemente es falsa", dice el Dr. Kurt Madlener, del Instituto Max Planck de Derecho Penal, en un interesante artículo que contrasta la legislación alemana con la costarricense.

Reforma al artículo 152 del Código Penal

La norma vigente se contrapone, frontalmente, al principio de reproducción fiel aceptado en las legislaciones modernas. Este principio exime de responsabilidad a quien sólo preste los medios materiales necesarios para difundir el mensaje que a posteriori resulte antijurídico, o a quien sólo reproduzca, en el marco de una información u opinión sobre temas de interés público, el dicho de terceros.

El prestigioso constitucionalista Rubén Hernández Valle explica el problema y la solución adoptada por los tribunales españoles en los siguientes términos: "También hay que hacer alusión a la denominada doctrina del reportaje neutral, que es aplicable a aquellos casos en que un medio de comunicación se limita a dar cuenta de declaraciones o afirmaciones de terceros, que resultan ser atentatorias contra los derechos al honor y a la intimidad. En estos casos, el Tribunal Constitucional español ha entendido que el deber de diligencia se cumple "con la constatación de la verdad del hecho de la declaración ", pero no se extiende en principio a la constatación de veracidad de lo declarado pues tal responsabilidad sólo sería exigible, por lo general, al autor de la declaración".

En ausencia del reconocimiento de esos principios, ninguna otra norma de nuestro ordenamiento jurídico es responsable de tantos casos de censura previa. Los medios de comunicación se debaten entre el cumplimiento de la ley, que desplaza hacia ellos la responsabilidad por los delitos contra el honor surgidos de manifestaciones de terceros, y la garantía constitucional que prohíbe la censura previa.

La norma también se contrapone a la lógica de los fueros especiales otorgados a funcionarios públicos para garantizar la amplitud del debate democrático. Vale señalar que, en este momento, las amplias garantías de expresión otorgadas a los diputados en el Plenario no cumplen función alguna de cara a la ciudadanía, pues la norma de comentario impide que las manifestaciones de los legisladores trasciendan el recinto del Congreso.

Los costarricenses tampoco son libres de manifestarse mediante espacios pagados en la prensa nacional sin que un censor, obligado por ley, haga una revisión previa y un juicio sumario del potencial difamatorio o injurioso de sus expresiones.

Reforma al artículo 307 del Código Penal

El desacato es la más desacreditada limitación a la libertad de expresión de cuantas sobreviven en los ordenamientos jurídicos menos avanzados del mundo democrático.

La institución, de fuerte raigambre autocrática, otorga el odioso privilegio de un fuero especial a los funcionarios públicos, cuando la doctrina moderna más bien aconseja que el rango del escrutinio a quienes ejercen cargos públicos sea más amplio que el permitido sobre el ciudadano común.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que las leyes destinadas a proteger el honor de los funcionarios públicos en sus actuaciones oficiales les otorgan una injustificada protección, que no se concede a los demás miembros de la sociedad.

La norma vigente tipifica dos conductas distintas: la que confiere al funcionario público un régimen de excepción frente a posibles ofensas, y la que le brinda una protección ampliada ante las amenazas.

Este último elemento parece razonable y debe ser el único contenido del tipo penal. Se eliminaría así la excepción vigente a favor de quienes sirven al público.

Reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal

El secreto profesional otorgado por nuestra legislación a quienes ejercen actividades que les permiten conocer secretos y datos confidenciales debe ampliarse a los periodistas, para garantizar el derecho a recabar e investigar informaciones.

No se trata, como se ha mal interpretado, de un derecho que exime al periodista de la obligación de fundamentar sus informaciones. Se trata del derecho a reservarse el origen de los datos utilizados en esas informaciones y garantizar a las fuentes que no sufrirán las consecuencias de su publicación.

El uso de fuentes no identificadas en el periodismo sólo es admisible cuando se cumplen condiciones, como el peligro grave e inminente para la persona que ofrece la información y la imposibilidad de atribuirla a otra fuente documental o personal que pueda ser identificada. Aun en esos casos, el uso de la fuente no identificada sólo subraya y agrava la responsabilidad del periodista si lo publicado resulta reprochable para el Derecho Penal.

Reforma al artículo 380 del Código Procesal Penal

Esta norma otorga un plazo angustioso de cinco días para contestar querellas por delitos contra el honor, oponer excepciones, ofrecer pruebas, recusar a los funcionarios judiciales, si procede, e impugnar la acción civil resarcitoria, oponiéndole excepciones y ofreciendo pruebas.

Los litigios en esta materia generalmente tratan asuntos complejos; llevan aparejada la necesidad de recabar pruebas dispersas y hacer un cuidadoso análisis de la querella y la publicación que le da origen. El perentorio plazo fijado por la norma vigente arriesga crear indefensión e introduce un importante desequilibrio en favor del querellante. Éste goza de un plazo de prescripción de dos años para promover la acusación, mientras el querellado tiene cinco días para defenderse.

La ampliación del plazo a 15 días, propuesta en esta reforma, garantiza la defensa del querellado y es conforme con el artículo 8, inciso c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pide garantizar al inculpado el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, pues reconoce a toda persona el derecho de ser oído "dentro de un plazo razonable…".

Reforma al artículo 31 del Código Procesal Penal

El nuevo Código Procesal Penal reformó las reglas de la prescripción aplicables a los delitos contra el honor. Hasta ese momento, las reglas incorporadas al Código Penal establecían un plazo de un año para la extinción de la acción penal y la pena. Hoy, a tenor del artículo 31 inciso b) del Código Procesal Penal, el plazo se amplió a dos años, que se interrumpen con la presentación de la querella, a partir de la cual corre un nuevo plazo de un año.

El plazo general de dos años fijado para las contravenciones y los delitos que no tienen pena privativa de libertad no contempla, como excepción, el caso de los delitos de prensa.

Empero, el trato diferenciado es totalmente justificable. En el caso del periodismo, la amenaza del proceso judicial, que en sí mismo implica fuertes erogaciones y la inversión de tiempo, amén de las reservas necesarias para enfrentar el posible resultado adverso, se presta para ejercer presiones sobre la labor informativa; especialmente cuando los querellados son medios de comunicación pequeños y financieramente vulnerables.

Por otra parte, por la naturaleza misma de los delitos contra el honor cometidos mediante la prensa, el conocimiento del hecho es inmediato y el ejercicio de las acciones que correspondan, si existe interés del afectado por iniciar la acción, puede hacerse, perfectamente, en el curso de un año.

El Dr. Santiago Cantón, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala sin ambages entre los métodos utilizados con más frecuencia para coartar la libertad de expresión, además de los asesinatos, amenazas e intimidaciones, "la utilización de la legislación interna para entablar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación..."

Esa forma de coacción adquirió una vida jurídica extendida a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, que abandonó el plazo más razonable fijado por la legislación anterior.

Derogatoria del artículo 7 de la Ley de Imprenta

Este artículo sanciona a los responsables de delitos de calumnia e injuria cometidos por medio de la prensa con una pena de arresto de uno a ciento veinte días, que sufren conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del medio. Si no existiere un editor responsable, se tiene como tal al director del medio.

Esta norma, se alega, está derogada por los delitos tipificados posteriormente en el Código Penal, pero la Sala Constitucional determinó que ese problema de vigencia en el tiempo respecto a los artículos 145, 147 y 152 del Código Penal, es una cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad (voto 2996 —92). Por considerar que esta materia debe ser regulada en el Código Penal, proponemos la derogatoria de este artículo 7, pues conduce a la censura previa prohibida por la Constitución Política.

Adición de un artículo 1048 bis al Código Civil

Poco desarrollo legislativo explícito existe en materia de reparación civil del daño causado mediante el posible abuso de las libertades de prensa o expresión. Las reparaciones en ese ámbito deben estar sujetas a similares principios que los expuestos para la legislación penal, pues si el fin es proteger la amplitud del debate democrático, un tratamiento dispar en el derecho civil podría anular los avances logrados en el ámbito penal.

En ese sentido, el proyecto de "Ley de libertad de prensa" presentado por el diputado Belisario Solano propone la creación de un artículo 1048 bis del Código Civil, que define las reglas de la reparación siguiendo los lineamientos del interés público, el principio de reproducción fiel y el "animus injuriandi".

La armonización de esos principios en el ordenamiento penal y civil es deseable para que operen a plenitud y se ensanchen las libertades de expresión y prensa. Por eso, esta propuesta recoge, en esencia, la del diputado Solano.

Por los motivos expuestos, nos permitimos presentar a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley:

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Decreta

Ley de libertad de expresión y prensa

Artículo 1º - Refórmase el artículo 149 del Código Penal, que se leerá así:

Artículo 149

Elementos probatorios

En asuntos de interés público solo existe injuria, difamación o calumnia si se demuestra que los hechos divulgados por el querellado son falsos y que, además, esa divulgación se hizo con evidente menosprecio por la verdad y por el puro deseo de ofender.

Artículo 2º - Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así:

Artículo 151

Exclusión de delito

No constituyen ofensas al honor las informaciones, las expresiones humorísticas y las opiniones o juicios desfavorables difundidos en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho o de la crítica profesional, literaria, artística, histórica, científica, política, deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina de interés público.

Artículo 3º - Refórmase el artículo 152 del Código Penal, que se leerá así:

Artículo 152

Reproducción fiel

No delinque quien reproduzca fielmente informaciones u opiniones emitidas por un tercero, ni quien solo facilite al autor el medio necesario para la publicación, difusión o venta de las manifestaciones calificadas como injuriosas, calumniosas o difamatorias. Solo será responsable cuando tenga conocimiento de que la información es falsa o fue emitida por el puro deseo de ofender.

Artículo 4º - Refórmase el artículo 307 del Código Penal, que se leerá así:

Desacato

Artículo 307

Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones dirigiéndose a él personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

Artículo 5º - Refórmase el artículo 206 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

Deber de abstención

Artículo 206

Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado.

Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención.

Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.

Artículo 6º - Refórmase el artículo 380 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

Querella y traslado

Artículo 380

"La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará audiencia al querellado para que, en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de todos los querellados, si fueren varios, manifieste lo que considere conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes, y oponga las excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya ejercido la acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado".

Artículo 7º - Adiciónese un inciso c) al artículo 31 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

Artículo 31

Plazos de prescripción de la acción penal.

Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá:

  1. Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres.
  2. A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones.
  3. Al año, en los delitos contra el honor cometidos por medio de la prensa.

Artículo 8º - Derógase el artículo 7 de la Ley de Imprenta No. 32 del 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley No. 7 del 15 de mayo de 1908 y sus reformas.

Artículo 9º - Adiciónase un artículo 1048 bis al Código Civil, que se leerá así:

Artículo 1048 bis

Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.

La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés público que puedan afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo del autor. Solo se entenderán reunidos esos extremos cuando el agraviado demuestre la falsedad de los hechos y el dolo con que fueron difundidos pese al conocimiento de su falsedad por el autor, o su temerario desinterés por la verdad.

La formación o difusión, por cualquier medio, de juicios de valor referidos a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de responsabilidad civil. Se consideran también juicios de valor las expresiones humorísticas.

Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero y cuarto, se limiten a la reproducción fiel de información vertida por otros medios de difusión, autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si ésta se mantuviere en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto."

Artículo 10º - Rige a partir de su publicación.



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