Informe de la Defensoría de los Habitantes

C. LA EDUCACION: UN DERECHO DE CONVIVENCIA ARMONICA


1. Justificación y planteamiento

La Convención de los Derechos del Niño, como instrumento jurídico y normativo, constituye un hito en la historia universal y nacional de la niñez y la adolescencia. Marca una verdadera ruptura en la condición jurídica y social de la infancia, dando origen a variados esfuerzos que se orientan a darle vigencia y aplicación real.

A partir de 1990, año de ratificación y entrada en vigor de la Convención, Costa Rica adquirió una serie de compromisos en la adopción de medidas de orden jurídico y social, dirigidas a la transformación de la condición y en el tratamiento de la infancia en todas los aspectos de su vida.

Desde la perspectiva convencional, el Derecho a la Educación, es sin duda, uno de los temas más sensibles en la aplicación y exigibilidad de los derechos humanos de la infancia y como tal, representa un eje fundamental de esta normativa internacional. De ahí que la Convención, en tanto instrumento con una importante capacidad programática, haya sido fuente de inspiración y guía en la definición y puesta en práctica de las políticas públicas de educación de niñez y adolescencia.

Cabe destacar, que a partir de la segunda mitad de la década de los 90, el Estado costarricense ha vuelto a ocupar un lugar central en la orientación de las políticas públicas dirigidas a la población infante juvenil mediante una combinación y fortalecimiento de los programas universales en materia de salud, educación y con la ejecución de programas selectivos dirigidos a esa población meta.

Es gracias a la implementación de estas políticas y al esfuerzo acumulado de muchas generaciones que Costa Rica actualmente mantiene, en muchos campos, indicadores de desarrollo social que son comparables a los de países desarrollados.

En materia de educación, las estadísticas de los últimos años relativas al acceso al sistema educativo para los niños y para los jóvenes son halagüeñas. Para 1997 el 80% de los niños en edad preescolar (7-12 años) están asistiendo a la escuela. La matrícula de primer año de secundaria alcanzó el 93%.

Estos datos evidencian un compromiso importante del Estado costarricense en favor del derecho a la educación y de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. El derecho a la educación no puede limitarse ni confundirse con la accesibilidad al sistema educativo, sino que involucra, además, la permanencia, la formación, el aprovechamiento y el suceso de esa formación.

Por otra parte, es relevante señalar que, de la evidencia recogida por las quejas tramitadas en la Defensoría desde 1994, se desprende que existe un predominio de situaciones de violación de derechos de niñez y adolescencia en la educación en relación con otros derechos de esta población. Estas se refieren a temas como "cobro de cuotas voluntarias", ausencia del debido proceso en sanciones disciplinarias y diversas situaciones de abuso en la educación privada, información y participación estudiantil, abuso de autoridad, conductas discriminatorias de los docentes, adecuaciones curriculares, exámenes de bachillerato entre otros.

Los anteriores son aspectos que el sector educativo necesariamente debe abordar, con la participación de todos los actores sociales involucrados, sean alumnos, docentes, padres y madres de familia o encargados y centros educativos.

Se debe poner especial atención a la problemática y reto de la permanencia de los educandos en la escuela y por lo tanto, el problema de la deserción escolar. En este sentido, las estadísticas revelan que el fenómeno es creciente conforme aumenta la edad de los niños y adolescentes. De acuerdo con UNICEF, entre los 5 y los 11 años la deserción es de un 4%, entre los 12-14 años es de un 17% y entre los 15-17 aumenta a un 32%. Se trata de un fenómeno que indudablemente atenta contra el derecho a la educación y por lo tanto, requiere de un análisis profundo y acciones mucho más contundentes, en las que deberán verse involucrados aspectos pedagógicos y socioeconómicos.

De manera que aún no se puede afirmar el cumplimiento del precepto constitucional que establece que "la Educación General Básica es obligatoria; ésta, la preescolar y la educación diversificada son gratuitas y costeadas por la Nación".

Recientemente, el Código de la Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia en febrero de este año, dedica un capítulo completo al derecho a la educación. Entre otras disposiciones, establece importantes lineamientos que el Ministerio de Educación Pública debe seguir al diseñar las políticas educativas nacionales, además de imponerle la obligación de garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y disponer de los mecanismos idóneos para evitar la deserción, reconoce el derecho de las personas menores de edad con potencial intelectual superior o con algún grado de discapacidad a recibir atención especial, regula la aplicación de medidas correctivas y el respeto a un debido proceso.

Un breve vistazo de las disposiciones relativas al derecho a la educación, contempladas en la Constitución Política, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño y de las quejas admitidas por la Defensoría, permite concluir que existe una amplia brecha entre el reconocimiento teórico de los derechos y la situación existencial de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Se continúan presentando problemas y situaciones de violación de derechos en un mismo sentido y de manera recurrente. Tal es el caso de ausencia normativa de la educación privada, el tema de las adecuaciones curriculares y los derechos educativos de las personas menores de edad con algún grado de discapacidad y el tema de la convivencia y disciplina escolares, el debido proceso y los procedimientos disciplinarios contra los docentes.

Es en relación con estos aspectos específicos y de conformidad con el mandato del Código de la Niñez y Adolescencia - que le confiere a la Defensoría de los Habitantes la responsabilidad del cumplimiento de sus disposiciones- a los que el presente Informe se refiere con el ánimo de elevar una voz de alerta a las instituciones y autoridades involucradas.

Es de imperiosa necesidad partir y tener conciencia del hecho que la educación es de interés público y constituye un derecho de libertad y como tal, un derecho fundamental derivado de la intrínseca dignidad del ser humano. Una educación en libertad resulta esencial para la existencia y desarrollo de una sociedad verdaderamente libre y democrática.

2. El interés público y la iniciativa privada en la educación

a. Justificación y planteamiento

En los últimos años el tema de la educación privada ha sido motivo de atención y reflexión de la Defensoría, en virtud de la persistente situación de desprotección jurídica y funcional en que se encuentran educandos, docentes y padres de familia ante abusos cometidos por instituciones de educación privada.

En el Informe Extraordinario de Labores presentado a la Asamblea Legislativa en el mes de marzo de 1997, se señaló: "En los informes anuales de 1994, 1995 y 1996 la Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por el vacío normativo de la educación privada y planteó la necesidad de promulgación de la ley que regulara la inspección estatal de la enseñanza privada en consonancia con lo establecido en la Constitución Política y los lineamientos establecidos en el voto de la Sala Constitucional 3550-92 ".

Un somero análisis de la problemática de la educación privada evidencia que, a partir del voto 3550-92 del 24 de noviembre de 1992, surge una nueva concepción de este tipo de enseñanza. La educación queda establecida como la libertad, no sólo de crear instituciones educativas, sino del ejercicio de la enseñanza, en tanto "derecho de libertad" es un derecho fundamental y por ende derivado de "la dignidad de ser humano".

En virtud de lo anterior, no es posible calificar la educación como un servicio público. Sin embargo, tratándose de educación, sea esta pública o privada, no cabe duda que reviste un interés público, por lo que está sujeta a regulaciones en beneficio de la colectividad. Este "derecho de libertad" tiene en todo caso, los límites que resulten propios de su naturaleza (respeto del régimen jurídico).

La relación del centro con los niños, niñas y sus representantes en el ejercicio de esta libertad no debe quedar reducida a una relación contractual.

La Constitución también establece en el artículo 79 que "todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado".

Ahora bien, es criterio de la Sala que esta inspección o vigilancia, debe ser únicamente para el ejercicio armónico entre la libertad de educación del que la ofrece -educador- y la libertad de educación del que la recibe -educando-, así como fiscalizar su cumplimiento y eventualmente sancionar su incumplimiento. Esto obliga al Estado, dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad, a exigir a los establecimientos privados requisitos de garantía mínimos de curriculum y excelencia académica, de ponderación y estabilidad en su matrícula y cobros, de una normal permanencia de los cursos, del respeto a sus derechos fundamentales y de otras condiciones igualmente necesarias para que el derecho a educarse no se vea truncado o gravemente amenazado, todo esto sin invadir el campo razonable de su autonomía administrativa, económica, ideológica, académica y docente.

Todas estas funciones de vigilancia e inspección del Estado, en tanto se refieren a un derecho de libertad, deben regularse por ley y no reglamentariamente. Estas regulaciones solo podrán ser ejecutadas por un órgano del Ejecutivo, en este caso, de acuerdo con el artículo 18 del la ley orgánica del MEP, dicha función corresponde al Ministro de Educación.

Desde 1994, la Defensoría de los Habitantes planteó la necesidad de promulgación de una ley que regulara la inspección estatal de la enseñanza privada en consonancia con lo establecido en la Constitución Política y los lineamientos emanados del voto de la Sala Constitucional (Nº 3550-92). Las situaciones conocidas por la Defensoría hacen necesario insistir en la emisión de esa normativa.

El Ejecutivo, mediante Decreto Nº 24017 de febrero de 1995, reglamentó los centros educativos privados, regidos por el contrato firmado entre la institución y los representantes del alumno o alumna.

De las investigaciones de la Defensoría se concluye que, además de la limitada condición normativa, -dado que se refiere a un reglamento y no a una ley-, a nivel fáctico esta contratación privada es de adhesión, sea que las condiciones son impuestas por el proponente, en este caso el centro educativo. Frente a este hecho el adherente, o sea el representante, padre madre o tutor del estudiante sólo puede optar entre firmar o cambiar a su hijo, hija o pupilo del centro educativo.

Por otro lado, a la parte adherente casi nunca se le explican los efectos de la contratación al firmar el contrato y mucho menos se hace del conocimiento o se toma la opinión del menor de edad. Es así como la gran mayoría de las personas que vienen a la Defensoria a interponer una queja relativa a la educación privada no tienen conocimiento del Reglamento Interno de la Institución y creen que el Ministerio intervendrá en su defensa. Como consecuencia de ello, ante la no intervención del Ministerio de Educación, los interesados deben hacer sus planteamientos directamente ante el órgano jurisdiccional.

Obviamente, la situación que se encuentra es de una generalizada y clara vulnerabilidad y desprotección jurídica y operativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la educación privada.

La Defensoría de los Habitantes, en su función de garante del cumplimiento de la normativa y en tanto representante de los intereses y derechos de este sector de la población, insiste en la necesidad del reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de derechos y en ese tanto, también de responsabilidades de acuerdo con su proceso de madurez.

De ahí se deriva la necesidad imperiosa de regular claramente las relaciones entre las personas menores de edad y las personas adultas que ejercen sobre ellos una autoridad legítima, sobre todo en el ejercicio del derecho de libertad en la educación.

La diaria convivencia de la comunidad educativa debe estar regulada claramente dentro del marco de derechos y deberes de los distintos miembros que la conforman, tomando en consideración no sólo la normativa interna o contractual, sino el ordenamiento jurídico como un todo.

La Defensoría de Los Habitantes recomienda

  • Al MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA:
  • Σ Que de acuerdo con la Constitución Política y el voto 3550-92 de la Sala Constitucional, se emita una Ley reguladora de la inspección estatal en la enseñanza privada.

    Σ Que mientras se emite una ley de inspección de la enseñanza privada, el Ministerio de Educación revise y amplíe el Decreto Ejecutivo Nº 24017 que reglamenta los centros educativos.

    Σ Que el Ministerio de Educación, en aras del interés superior del niño, informe y capacite a las instituciones privadas sobre los límites en la libertad de enseñanza (retención de calificaciones por deudas, ausencia de debido proceso en sanciones, entre otros).

    Σ Que el Patronato Nacional de la Infancia haga del conocimiento de las instituciones privadas, los menores de edad y los padres o tutores, la existencia de un régimen de protección especial de los derechos de los niños y niñas, establecido por la Constitución Política, la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.

    3. Las adecuaciones curriculares desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes

    a. Justificación y planteamiento

    La Defensoría de los Habitantes tramita un conjunto de denuncias referentes al tema de las adecuaciones curriculares que se constituyen en el grueso más importante de denuncias presentadas en relación con la discapacidad. Lo anterior se justifica plenamente ya que el acceso a la educación es un derecho esencial para el desarrollo de todas las personas incluyendo las que presentan alguna discapacidad. Este sector de la población ha experimentado a lo largo de la historia la discriminación de la sociedad toda vez que no se ajusta al paradigma dominante de hombre y mujer.

    Este paradigma se construyó sin el concurso de todos los grupos que conforman la sociedad entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Esta situación derivó en la conceptualización de un sujeto de derecho que no abarcaba todo el espectro poblacional; sólo así se puede entender que las primeras enunciaciones de derechos como la declaración de derechos de la Revolución Francesa permitiera la subordinación jurídica de la mujer casada con respecto a su esposo ya que esta únicamente podía llevar a cabo actos jurídicos a través de aquel; o bien, que la Constitución Política de los Estados Unidos proclamara la igualdad de todas las personas y permitiera la esclavitud.

    Es por este motivo que en las últimas décadas han visto la luz una serie de instrumentos jurídicos internacionales cuya finalidad consiste en el reconocimiento explícito de los derechos de los grupos tradicionalmente discriminados, entre los cuales cabe destacar la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundada en la Religión y la Convención de los Derechos del Niño.

    A pesar de que en materia de discapacidad no existe una convención con carácter obligatorio como las mencionadas sí se pueden encontrar instrumentos jurídicos de protección de los derechos de las personas con discapacidad como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971 y la Declaración de los Derechos del Impedido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1975.

    El 3 de diciembre de 1982, en el marco de la conmemoración del año internacional de las personas con discapacidad, se aprobó el Programa de Acción Mundial de las Personas con discapacidad. Este es un documento en donde se insta a los Estados miembros a asumir una serie de políticas tendientes a la plena participación de las personas con discapacidad en las comunidades nacionales. El 1º de octubre de 1993 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó Las Normas de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

    Estos documentos han desarrollado profusamente el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Específicamente el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad señala lo siguiente:

    "Por lo menos el 10% de los niños presentan discapacidad; los niños con discapacidad tienen el mismo derecho a la educación que los demás y requieren una acción dinámica y servicios especializados"

    Más adelante, dicho Programa indica literalmente lo siguiente:

    " Los Estados miembros deben dejar margen para una mayor flexibilidad en la aplicación de sus reglamentos respecto a la edad de admisión, la promoción de los niños de una clase a otra, como también la toma de exámenes en lo que respecto a estudiantes con discapacidad"

    b. El fundamento de las adecuaciones curriculares

    Si bien las personas con discapacidad son titulares del derecho a la educación igual que el resto de los habitantes, las modalidades para su ejercicio pueden asumir características particulares en virtud de sus necesidades. De ahí la importancia de observar el derecho a la educación y en general todos lo demás desde la perspectiva de la discapacidad. Los derechos fundamentales desde esta perspectiva no son lejanos para este sector de la población, sino por el contrario, un requerimiento vital para su participación en la sociedad.

    De estas consideraciones surge el concepto de equiparación de oportunidades en materia de discapacidad esbozado primero por el Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y posteriormente por las Normas de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad recoge los esfuerzos conceptualizadores en torno a este término en su artículo 2. En dicha norma se define la equiparación de oportunidades de la siguiente manera:

    "Proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, la información, la documentación así como las actitudes a las necesidades de las personas, en particular de las discapacitadas"

    Para alcanzar la igualdad es indispensable crear las condiciones materiales para que las personas con discapacidad logren el pleno ejercicio de sus derechos. En ello estriba la equiparación de oportunidades. No puede ejercerse la igualdad de oportunidades en desigualdad de condiciones. Con esto únicamente se autorizan formas lícitas de perjudicar a las personas con necesidades especiales.

    La experiencia demuestra que es en gran parte el medio el que determina los efectos de la discapacidad. Una persona es abocada a la minusvalía cuando se le niegan los mecanismos que tienden a equilibrar las oportunidades de acceso al empleo, la vivienda, los servicios públicos, las instalaciones físicas y por supuesto a la educación. El fundamento de las adecuaciones curriculares se encuentra precisamente en equilibrar el derecho a la educación a las condiciones particulares que enfrentan las personas con discapacidad.

    Así las cosas, las adecuaciones se constituyen en parte integrante del derecho a la educación de aquellas personas que las necesitan. La no observancia de las adecuaciones curriculares debidamente aprobadas mediante el procedimiento establecido violenta el derecho del estudiante y podría acarrear responsabilidad disciplinaria para el servidor.

    En referencia a las adecuaciones curriculares, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto Nº 1135-98 señala lo siguiente:

    "El artículo 6 referido -Procedimiento para la aplicación normativa para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con necesidades Educativas Especiales- da al educador una responsabilidad, no una competencia discrecional, entre decidir si otorga o no la adecuación curricular, y en el presente caso existe una determinación clara de un especialista del Ministerio, en el sentido de que al alumno recurrente se le debe adecuar curricularmente en la modalidad denominada "no significativa", lo que debió hacer la recurrida directora ... procediendo a tomar las medidas necesarias para que tal adecuación tuviera lugar, por lo que al no hacerlo violenta el derecho que le asiste al estudiante y lo procedente es declarar con lugar el recurso con las consecuencias correspondientes"

    c. La protección constitucional de las personas con discapacidad en materia de educación

    La Constitución Política en su artículo 51 señala lo siguiente:

    "La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección el niño, el anciano y el enfermo desvalido"

    La expresión enfermo desvalido a la luz de las modernas concepciones sobre la discapacidad obliga a su rechazo ya que responde al esquema tradicional medicalista que reduce la discapacidad a un asunto exclusivamente sanitario. Sin embargo, debe observarse esta expresión desde una perspectiva histórica y evolutiva teniendo presente que la disposición de cita fue promulgada hace casi 50 años.

    La interpretación de las normas jurídicas evoluciona conforme se transforman los valores imperantes en la sociedad. Hoy en día, se visualiza la discapacidad como un asunto de acceso a los derechos.

    Estas nuevas corrientes sobre la discapacidad inciden en una nueva lectura del artículo 51 de la Carta Magna. Es así que esta protección constitucional, en virtud de los cambios operados en materia de discapacidad, se desborda a otros ámbitos

    De esta relectura del artículo 51 de la Constitución Política se desprende que el Estado se encuentra en la obligación de poner en marcha una serie de medidas con la finalidad de hacer efectivo los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, entre ellos el de educación. Es así que el Estado ante la demanda de opciones educativas se encuentra en la obligación de satisfacerlas. Dentro de estas opciones se encuentran las adecuaciones curriculares.

    La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en referencia a la protección constitucional de las personas con discapacidad señaló:

    "Nuestra Constitución Política en su artículo 51, confiere una protección especial a los enfermos desvalidos. Pero además, es evidente que dentro de las modalidades de esa protección constitucional, una debe encaminarse hacia el real y efectivo otorgamiento de oportunidades educativas, que le posibilite integrarse de la mejor manera a la sociedad y alcanzar autonomía, independencia y utilidad que permitan sus potenciales individuales (...) En conclusión, la Administración está jurídicamente obligada a realizar todas las medidas que sean necesarias y ponerlas a disposición de las personas discapacitadas, a efecto de hacer eficaz el derecho fundamental a la educación." S.C.V 3820-94. "

    d. Las adecuaciones curriculares en la normativa costarricense

    El Reglamento de Evaluación y Normas de Promoción de la Educación General Básica y la Educación Diversificada Académicas y Técnica Diurna Decreto Ejecutivo Nº 22114-MEP del 1º de marzo de 1994, contiene una disposición que tímidamente se refiere a las adecuaciones curriculares. Se trata del inciso f de su artículo 4 en el que se indica que es característica de la evaluación de la Educación General Básica la flexibilidad "porque se adecúa a las condiciones y circunstancias particulares de los sujetos y elementos del currículo" . Esta norma es interesante toda vez que se hace alusión a las necesidades especiales de los estudiantes y las posibles reformas a los programas atinentes. Sin embargo, el Reglamento citado carece de normas que desarrollen estas condiciones por lo que se convierte en una mera enunciación de principio que no tiene eficacia práctica.

    En el mes de abril de 1996 la Asamblea Legislativa promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad constituyéndose en un instrumento muy importante para la defensa de los derechos fundamentales de este sector de la población. Este es el primer cuerpo normativo que se refiere en forma expresa a las adecuaciones curriculares. A ese respecto el artículo 17 señala lo siguiente:

    "Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo. Las adaptaciones y servicios de apoyo incluyen los recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos didácticos y planta física. Estas provisiones serán definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento técnico-especializado" (El subrayado no es del original)

    Esta norma es de aplicación tanto en centros de enseñanza públicos como privados. Así se desprende del Voto 640-97 de la Sala Constitucional cuando señaló lo siguiente:

    "... ya en reiteradas ocasiones se ha sostenido que aún los centros de enseñanza particulares están obligados a respetar los derechos fundamentales como un límite lógico al ejercicio de libertad de enseñanza..."

    El Consejo Superior de Educación mediante el acuerdo Nº 18-97 del 11 de marzo de 1997 aprobó la Normativa para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en la cual se desarrolla el tema de las adecuaciones curriculares. La citada normativa define las adecuaciones curriculares en los siguientes términos:

    "Es la acomodación o ajuste de la oferta educativa a las características y necesidades de cada alumno con el fin de atender las diferencias individuales de éstos"

    Las adecuaciones curriculares de conformidad con la Normativa citada se dividen en adecuaciones de acceso, no significativas y significativas. Las primeras se distinguen por proveer recursos especiales a los estudiantes. Este tipo de adecuación va dirigida especialmente a los estudiantes con deficiencia motora, de visión y auditiva. Se trata de facilidades de acceso al currículo. Las adecuaciones no significativas se caracterizan por incorporar modificaciones no sustanciales a los programas oficiales. La normativa dispone que el docente es el responsable de determinar y aplicar las adecuaciones de este tipo.

    Las adecuaciones significativas son aquellas que consisten principalmente en la eliminación de contenidos esenciales y objetivos generales de los programas oficiales. Las adecuaciones significativas deben aprobarlas el Comité de Apoyo con el visto bueno del Asesor Regional o Nacional de Educación Especial.

    En cada centro educativo se integrará en el mes de febrero un Comité de Apoyo constituido "en el I y II ciclo por el Director de la institución o su representante, los docentes de educación especial si los hubiere, representantes de los maestros regulares y representantes de los padres de familia de los estudiantes con necesidades especiales"

    En el caso del III ciclo el Comité de Apoyo se constituirá por el director de la institución o su representante, representantes de los orientadores, de los docentes de educación especial si los hubiera, de los profesores guías y de los familiares de los estudiantes con discapacidad. El reglamento a la Ley Nº 7600 incorpora en este comité a un representante de los estudiantes.

    El Ministerio de Educación Pública emitió los Procedimientos para la Aplicación de la Normativa para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades. Este manual de procedimientos especifica cual es la instancia dentro de la institución educativa que le corresponde determinar las adecuaciones de acceso, este es el Comité de Apoyo con la orientación de un especialista según sea el caso.

    En cuanto a las adecuaciones no significativas los procedimientos mencionados señalan que el docente es la instancia dentro del centro educativo competente para definirlas y ejecutarlas. Con relación a las adecuaciones significativas el docente deberá hacerlas con asesoría del Comité de Apoyo y deberán contar con la aprobación de la Asesoría Regional del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública.

    e. Denuncias presentadas a la Defensoría de los Habitantes relacionadas con las adecuaciones curriculares

    De las denuncias presentadas a la Defensoría de los Habitantes referidas a las adecuaciones curriculares un número significativo se basan en la negativa de brindar respuesta a la solicitud de su aplicación. Una madre alega que el colegio donde estudia su hijo guarda silencio con respecto a las adecuaciones. Los profesores y directores por su parte afirman desconocer los procedimientos de aprobación de las adecuaciones así como la forma de ejecutarlas.

    Lo anterior se pone de manifiesto cuando la Directora de un colegio capitalino aduce que "no existe al momento actual un MANUAL DE PROCEDIMIENTO que determine las actuaciones del Comité de Apoyo según el artículo 7 de la Normativa para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales". Verificando la fecha del documento en el cual se externó este criterio con la emisión de la Normativa para el Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades se percata que dicho manual ya existía.

    Aún en la hipótesis de que no se hubiese emitido este manual la Ley de Igualdad para las Personas con discapacidad dispone que el Poder Ejecutivo dictará un reglamento en el lapso de un año a partir de su publicación para operacionalizar la misma. Obligación que recientemente fue cumplida. Entre los puntos regulados por el reglamento se encuentran las adecuaciones curriculares.

    Otro argumento repetitivo que expresan los profesores es que no creen en las adecuaciones y que los problemas de calificaciones de los estudiantes se resuelven con mayor dedicación a los estudiantes, a pesar de que se presentan dictámenes de diversos especialistas que señalan las necesidades especiales de los alumnos. Asimismo, las denuncias señalan que los profesores, no obstante de que fueron aprobadas las adecuaciones, se resisten a aplicarlas.

    Toda cambio genera resistencia y este no es la excepción. Diferentes organizaciones de docentes manifiestan su oposición a las adecuaciones curriculares y, en general, a la participación de estudiantes con discapacidad en el sistema de educación regular dado que indican que no están preparados para ello. Así se encuentran en la prensa nacional reportajes como uno denominado "Choques por Educación de Discapacitados" que en lo que interesa señala lo siguiente:

    "... los educadores señalan no estar preparados para atender a niños con Síndrome de Down, parálisis cerebral u otro tipo de discapacidad, porque estos requieren de una atención especializada"

    En este sentido, y atendiendo a los aproximados 16.775 niños, niñas y adolescentes que conforme al Ministerio de Educación Pública engrosan la matrícula inicial del año 1997 de estudiantes con necesidades educativas especiales, entre ellas, retardo mental, deficiencias auditivas y visuales, problemas de aprendizaje, terapia de lenguaje y trastornos emocionales, psicosociales y múltiples, es urgente por parte de dicho ministerio abocarse a una fuerte labor de sensibilización y capacitación a los docentes para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad.

    La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento que ya dicha cartera emprendió esta tarea; sin embargo, estos esfuerzos tienen que ampliarse y mejorarse. Como bien se sabe eliminar las barreras actitudinales es una labor más difícil que eliminar las barreras físicas.

    Asimismo, y para reforzar el trabajo coordinado entre las distintas instituciones relacionadas con el abordaje integral de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, es preciso aunar esfuerzos en procura de determinar la población que requiere este tipo de apoyo.

    Así es necesario unificar el manejo de información sobre la población meta, de modo que entre se dé una relación entre los datos con que cuenta el Ministerio de Educación y los del Consejo Nacional de Rehabilitación. Tal es el caso que este último, conforme a sus registros a julio de 1995 consignaba tan sólo 1593 personas con discapacidad en edad escolar.

    Esta información es fundamental para el diseño de las políticas públicas y la ejecución de los planes de acción en favor de la garantía por la igualdad.

    La Defensoría de los Habitantes recomienda:

  • AL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA: Ampliar y mejorar las acciones para la sensibilización y capacitación del personal docente en torno al tema de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

    Establecer programas de capacitación constantes al personal docente sobre las necesidades especiales y adecuaciones curriculares que se requieren en virtud de las distintas formas de discapacidad que se pueden presentar.

    Brindar las condiciones materiales, los recursos de apoyo y didácticos que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad requieren para una inserción plena en el proceso educativo.

    Instar la participación de la población estudiantil con discapacidad en los asuntos que se les relaciona.

    Establecer directrices claras en relación con los procedimientos y los mecanismos de aplicabilidad de las normas que al efecto se han emitido.

    4. La convivencia y la disciplina en el proceso educativo

    a. Contexto cultural

    En diversas oportunidades, la Defensoría de los Habitantes ha manifestado su preocupación por una serie de fenómenos psicosociales relacionados con la convivencia y la disciplina escolar, así como con el marco jurídico que rige estas relaciones, el conocimiento del mismo y su utilización por la comunidad educativa en su totalidad, a saber docentes, alumnos padres o representantes legales.

    Específicamente, en los Informes Anuales del 93-94, 94-95 y 95-96, se señala la recurrencia de una serie de quejas relativas a este tema, lo que indica la necesidad de retomar el asunto como un tema general para ahondar en sus causas. Las quejas son: falta de información, violación al debido proceso y aplicación arbitraria en materia de procedimientos disciplinarios aplicados a los estudiantes, maltrato psicológico, abuso físico y procederes arbitrarios por parte de los educadores; retraso en la tramitación en vía administrativa de los procedimientos disciplinarios derivados de las denuncias que interponen los padres de familia; falta de información clara y precisa sobre el estado del trámite o los resultados de procedimientos disciplinarios; falta de información de las normas educativas y la no participación de los estudiantes en las decisiones que los afectan.

    Si se profundiza en la situación, lo que se encuentra es que ante la existencia de conflictos (colisión de intereses) o claras situaciones de violación de los derechos de alguna de las partes de la comunidad educativa, hay una percepción y vivencia de que no existen normas ni reglas claras para ninguna de las partes. Ante esto hay un "no saber a qué atenerse" lo que propicia condiciones anómicas. La queja general ya sea de los alumnos, docentes o padres de familia, es que no están definidas con claridad las reglas del juego.

    Una de las manifestaciones más lamentables de este fenómeno -recientemente denunciada por los medios de comunicación colectiva- se encuentra en la agresión entre los mismos niños, donde se establecen relaciones de "matonismo", abuso y hostigamiento.

    Obviamente, una situación de esta naturaleza, además del clima de incertidumbre, propicia la emergencia de una serie de respuestas subjetivas e individuales para la solución de los conflictos, que crean dos condiciones inaceptables: la ausencia de intervención, o el exceso y la arbitrariedad. Ambas situaciones son propicias para la violación de los derechos de las personas, sobre todo para los más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. No es extraño que esto posibilite la tentación de asumir la "justicia por las propias manos", "hacerse de la vista gorda", o intervenir con el prejuicio, el autoritarismo y la arbitrariedad.

    b. Legislación Vigente y su aplicación

    Contrario a la percepción colectiva de ausencia de reglas claras detectada por la Defensoría, se ha constatado la existencia de una amplia legislación vigente en esta materia, recogida fundamentalmente en dos cuerpos normativos. En primer término, las disposiciones dictadas por el Consejo Superior de Educación, aprobadas en la sesión 14-95 de 1995, bajo el título de "Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo". En segundo lugar, las establecidas en el nuevo "Código de la Niñez y Adolescencia" de febrero de 1998.

    Sobre las "Normas Básicas Reguladoras del Proceso Educativo", es importante señalar que éstas obedecen a un cambio en la concepción pedagógica, donde se pasa de una concepción "sancionatoria", a una concepción de "direcciones pedagógicas", es decir, "un procedimiento para procurar el cambio a través de un proceso formador, a diferencia de la sanción o castigo que no provoca cambio porque es un fin en sí mismo".

    En este instrumento se recogen los derechos y deberes del educando (art. 11, 12), de los padres de familia (art. 13), de las autoridades institucionales (art. 15), de las acciones correctivas (arts. 41,42, 43), de las relativas al aprendizaje (44, 45, 45 y 47), de las relativas al desarrollo socio afectivo y ético ( 48, 49, 50, 51, 52, 53 54, 55,56, y 57), de las comunicaciones ( arts 58 a 63), de las objeciones y reclamaciones (64, 65, y 66). Además, se desprende de esta normativa la existencia de un Reglamento Interno para cada institución educativa.

    Por su parte, el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia contiene una serie de normas referidas al proceso educativo en general y en particular, en lo referido a "los criterios de evaluación , las acciones correctivas, las sanciones disciplinarias u otra forma en la que el educando estime violentados sus derechos".

    De este cuerpo normativo es importante resaltar:

    - La existencia de una serie de derechos referidos al respeto a la integridad (24), la privacidad (25), el honor (26), entre otros.

    -El derecho a la permanencia en el sistema educativo (57).

    - La garantía de un debido proceso, ya sea para acciones correctivas, sancionatorias o de cualquier índole que el educando estime violentan sus derechos (art. 60 inciso c.).

    - Normas para la aplicación de las medidas correctivas (art. 68).

    - Las garantías mínimas que debe tener un proceso o garantías del mismo (art.114).

    -Un proceso de protección cuando los derechos sean amenazados o violados, ya sea por la sociedad, el Estado; padres, tutores o responsables; acciones u omisiones contra sí mismos, entre otros. (Cap, II)

    -La obligatoriedad de las autoridades de los centros educativos, públicos y privados de comunicar al MEP, los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor que involucre, menores entre sí, o adultos (art. 66).

    c. Consideraciones finales

    Es criterio de la Defensoría -lo cual se ha podido constatar por medio de las múltiples quejas y consultas u otras actividades- la existencia de una situación sociológica en la comunidad educativa, donde existe la percepción de "ausencia de normas y reglas del juego claras" referidas al tema de la disciplina escolar y las relaciones de los diferentes actores, como son los padres o representantes, alumnos y docentes, situación que propicia un clima de incertidumbre y de "no saber a qué atenerse", lo cual ha derivado en situaciones extremas de desatención, o el uso de medidas antojadizas y arbitrarias que violentan los derechos de los niños.

    Esta percepción, que para sus efectos prácticos actúa como una realidad, es contraria a la existencia de una amplia normativa en la materia donde están claramente regulados los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, en particular en lo referido a disciplina escolar, acciones correctivas, sanciones o cualquier medida que el educando considere que al adoptarla, se le violan sus derechos.

    Sin embargo, es evidente el desconocimiento de la comunidad educativa de esta normativa y más aún, de los mecanismos para su efectiva aplicación y exigibilidad.

    En algunos casos esto pareciera estar vinculado a una forma "pasivo agresiva" para descalificar u oponer resistencia a las nuevas concepciones pedagógicas y en otros, un claro desconocimiento y desinformación.

    No se trata entonces, de ausencia de una normativa, sino del desconocimiento, oposición y descalificación de la existente, lo que tiene consecuencias prácticas en la convivencia y la disciplina del proceso educativo.

    d. Recomendaciones

    Σ Que el Ministerio de Educación realice de forma urgente, una Campaña Nacional de información sobre la normativa vigente en materia de disciplina y convivencia escolar.

    Σ Que de forma inmediata se garantice que en todo procedimiento administrativo referido a las medidas disciplinarias, se aplique lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.

    Σ Que mediante estrategias metodológicas adecuadas para cada uno de los elementos de la comunidad educativa, se difunda las posiciones pedagógicas vigentes, con miras a superar la contraposición de las posiciones de castigo, versus direcciones pedagógicas.

    Σ Que independientemente de la orientación pedagógica utilizada, prevalezca en las acciones correctivas, sanciones o cualquier otra medida que afecte los intereses de los niños, el respeto al debido proceso y el derecho de éstos a expresar su opinión.

    Σ Que se realicen talleres con la comunidad educativa que permitan superar el paradigma de niño objeto de uso y castigo de los adultos, al de sujeto social de derechos y obligaciones.

    Σ Que de forma particular, el Ministerio de Educación atienda el fenómeno de agresión y hostigamiento entre los mismos niños, tomando las acciones pedagógicas correctivas y disciplinarias del caso, donde se atienda las motivaciones tanto del agresor, como del agredido y el contexto escolar donde esto se desarrolla.

    5. Impunidades legitimadas: los procedimientos disciplinarios de los docentes en el Ministerio de Educación Pública

    a. Introducción

    Los procedimientos disciplinarios a que se somete al personal docente del Ministerio de Educación Pública se encuentran regulados en el Título Segundo del Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento.

    Según lo que establece el artículo 53 del citado Estatuto, entre los fines de la carrera docente, se encuentra el siguiente:

    Exigir del servidor docente, la necesaria solvencia moral y profesional, que garantice el cumplimiento de su elevada misión.

    Esta exigencia constituye el principio básico a partir del cual se derivan los requerimientos disciplinarios que se desarrollan en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Segundo del Estatuto, a saber: las obligaciones y prohibiciones del personal docente y los procedimientos del régimen disciplinario.

    Se entiende que el proceso disciplinario no sólo busca sancionar las conductas impropias de los servidores docentes, sino además garantizar que el servicio que brindan sea moral y profesionalmente adecuado.

    Se busca, tal como reza el artículo 53 del Estatuto del Servicio Civil, garantizar el cumplimiento de la función docente.

    Dentro de esa exigencia resalta, como es lógico, el respeto a los derechos y la satisfacción de las necesidades de los y las estudiantes.

    En virtud de ello, precisamente, el artículo 16 del Reglamento del Estatuto Civil Docente, contempla la posibilidad, "en casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta falta grave, se considere perjudicial la permanencia del servidor en su puesto ", de suspender o trasladar al educador mientras se realiza la investigación disciplinaria correspondiente.

    Tal medida busca proteger los intereses superiores de las personas menores de edad que se constituyen como presuntas víctimas de los educadores cuestionados.

    Esa medida también la contempla el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece lo siguiente:

    "Planteada la denuncia por el supuesto contemplado en el inciso a) del artículo trasanterior (casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor...), sea por la persona menor de edad, su madre, padre o representante o por las autoridades o encargados educativos, el Ministerio de Educación Pública iniciará en forma inmediata los procedimientos disciplinarios y adoptará las medidas cautelares en interés del niño, niña o adolescente afectado que estime necesarias, incluyendo la separación de su puesto de la persona denunciada mientras de tramita la investigación y hasta que se adopte la decisión respectiva" (artículo 71).

    Como se observa, en virtud de los objetivos que encierra el sistema educativo nacional, este tipo de procesos disciplinarios obedecen a la necesidad de garantizar la vigencia de los derechos e intereses de los estudiantes en sus relaciones con los docentes, así como a hacer efectivo el deber de vigilancia por parte del Ministerio de Educación en relación con la correcta prestación del servicio conforma al fin público que persigue.

    b. Principales denuncias

    En términos generales, la mayoría de las denuncias y quejas que se presentan contra servidores docentes, pueden clasificarse en dos grandes grupos: aquellas que implican agresiones directas a estudiantes y aquellas otras que, si bien implican un descuido hacia las responsabilidades profesionales, no necesariamente producen lesiones personales a los alumnos (como por ejemplo, mal manejo de fondos, ausentismo, ebriedad, etc).

    Otro tipo de quejas se relacionan con la disconformidad respecto de la permanencia en escuelas o colegios de docentes que por diferentes y variados motivos no cuentan con el beneplácito de las comunidades.

    La existencia de estos conflictos constituye también un obstáculo al proceso educativo, que en muchos casos obliga al Ministerio de Educación Pública a la substitución del docente cuestionado.

    En lo que toca a las quejas y denuncias contra servidores docentes implicados en agresiones físicas o psicológicas a estudiantes, que en los últimos seis meses asciende a 19 casos conocidos por la Defensoría, se ha constatado que, muchas veces, por la forma en que se aplican los procedimientos disciplinarios en el Ministerio de Educación Pública, los derechos e intereses de los niños y niñas que figuran como víctimas no se tutelan debidamente.

    c. Del procedimiento disciplinario aplicado por el MEP

    En ese sentido, generalmente a nivel del procedimiento disciplinario que se sigue en el Ministerio, se atienden con mayor prioridad y prontitud los argumentos de descargo de los docentes cuestionados, pero no se da respuesta efectiva a la situación de los y las estudiantes que deben permanecer recibiendo lecciones con los maestros que presuntamente han abusado de ellos y ellas.

    En virtud de lo expuesto, es evidente que el procedimiento disciplinario en donde figuran como afectados niños y niñas, no puede concebirse como un simple trámite jurídico formal, aislado de los diversos intereses que convergen en la comunidad educativa.

    Debe considerarse que, a la luz de lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, esta situación es particularmente grave, pues el mandato de proteger la integridad física y psicológica de las personas menores de edad, queda muchas veces sujeta a un procedimiento disciplinario en donde los niños y niñas afectados no figuran como parte. Aún en contra de lo dispuesto en el Estatuto de la Carrera Docente y de su reglamento, las personas menores de edad generalmente deben esperar a la resolución final de la causa para hacer valer sus derechos.

    Tomando en cuenta que la función del educador trasciende la mera relación laboral o estatutaria y que, lejos de ello, su misión formadora y ejemplarizante abarca e incide globalmente en la personalidad de los niños y niñas y en la vida comunitaria en general, el proceso disciplinario que se realiza con motivo de faltas graves del docente, así como el abordaje por parte de los operadores de tal procedimiento, deben atender a todo ese contexto social, en el que los estudiantes figuran como sujetos de interés superior.

    La tramitación de quejas y denuncias que las personas interesadas presentan directamente en las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, están en muchos casos determinadas por una injustificada burocracia que tiende a hacer más lentos los procedimientos y en algún caso a entorpecerlos. La lentitud en los trámites tiene que ver también con la limitación de abogados, quienes son los encargados de instruir los procesos disciplinarios.

    Por otra parte, se conoce la experiencia sufrida por una persona que presentó una gestión ante un departamento al que no correspondía conocer el caso y la misma fue rechazada sin más trámite, alegándose que el interesado debía recurrir a otra oficina, siendo ello contrario a lo expresamente establecido por la Ley General de la Administración Pública.

    Se resalta también en el estudio de las quejas que ha conocido la Defensoría, la mezcla -a veces inevitable- de asuntos administrativos y disciplinarios con asuntos propiamente académicos. Esta circunstancia (muy común en el tema de exámenes de bachillerato y de promoción, por ejemplo) tiende a complicar mucho más la resolución de los asuntos.

    Según establece el artículo 66 del Estatuto, el Departamento de Personal, una vez que recibe la queja, "procederá a levantar la información y resolverá lo conducente, a la mayor brevedad posible".

    Como puede observarse, la ley no establece un plazo específico en el que deba completarse la instrucción de la queja o denuncia. Solamente se indica que la investigación debe concluirse "a la mayor brevedad posible".

    Esta laguna se intentó llenar por medio del Reglamento de la Carrera Docente, que establece lo siguiente:

    "Cuando existiere queja o denuncia por presunta falta grave contra un servidor docente, el Departamento de Personal levantará la información respectiva, la cual deberá concluirse en un lapso no mayor de tres meses. Al efecto, se observarán los procedimientos que se establecen en los artículos 68 y 72 del Estatuto. Una vez concluidos dichos trámites, el Director del Departamento de Personal pasará el expediente al Tribunal de la Carrera para lo que proceda en derecho, de conformidad con lo que prescriben los artículos 73 y 74 ibídem" (artículo 26).

    En virtud de lo establecido por el artículo anteriormente citado, tanto el Departamento de Personal como el Tribunal de la Carrera Docente han interpretado que el lapso de tres meses al que se refiere el Reglamento, constituye un plazo de caducidad cumplido el cual -sin que se haya completado la instrucción del caso- provoca la extinción del proceso disciplinario y el consecuente el archivo del asunto.

    En relación con la citada interpretación y con la validez misma de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento, la Procuraduría General de la República, a instancia de la Defensoría de los Habitantes, se manifestó, en síntesis, por medio opinión consultiva Nº C-173-97 del 17 de setiembre de 1997, de la siguiente manera:

    a. "...de conformidad con el artículo 222 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración está en la obligación de impulsar de oficio un procedimiento administrativo, sobre todo, cuando está en juego el interés público, a fin de esclarecer los asuntos sometidos a su consideración, con mayor razón, cuando los mismos tienen que ver con el bienestar común".

    b. "...la caducidad se vincula con el ejercicio de los llamados derechos potestativos o poderes jurídicos, cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, protegiendo un interés general".

    "...la prescripción, en cambio, protege el interés particular del sujeto pasivo de un derecho o acción frente a reclamaciones intempestivas, cuando ya no cabía esperarlas o se ha perdido las pruebas precisas para la defensa".

    c. "La caducidad no es susceptible de interrupción ni suspensión, dándose ésta rigurosamente al correr el plazo legal para el ejercicio de una determinada actividad. No así en la prescripción, la cual puede interrumpirse mediante determinadas actuaciones, ampliándose, ipso facto, el término legal".

    d. "...la imputación de los presupuestos extintivos en análisis, solamente sería posible establecerlos mediante una ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución Política para la emisión de esa clase de normas de rango superior...".

    e. "...la Sala (Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) ya ha establecido que las limitaciones, y con mucha más razón la extinción de derechos fundamentales, no puede hacerse a través de reglamento autónomo".

    f. "...sólo los reglamentos autónomos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su contenido esencial".

    g. "...ni aún en los reglamentos ejecutivos, mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer".

    h. "...la Sala Constitucional al estudiar en su oportunidad los artículos 97, 98 y 99 del Reglamento al Estatuto del Servicio Civil, adujo en el voto anteriormente enunciado (Nº 280-1-94 del 7 de junio de 1994), que esos numerales no pueden ser de aplicación a los servidores de la Administración Pública, por no existir una disposición en la ley estatutaria que autorice el establecimiento de la prescripción. De ahí que, por la misma razón recién expuesta, el período previsto en el numeral 26 del Reglamento al Estatuto de la Carrera Docente, no puede jurídicamente, superado aquél, causar la caducidad o prescripción, toda vez que no hay una norma en dicha ley, que autorice aplicar esas figuras extintivas de derechos y acciones, al vencerse la etapa preliminar de una investigación, por faltas disciplinarias cometidas por funcionarios docentes".

    i. "Se deduce de todo lo anterior, y a manera de resumen, que tanto la interpretación hecha del plazo estipulado en el numeral 26 del Reglamento al Estatuto de Carrera Docente, como la regulación de la prescripción en su contenido actual, ambas situaciones quebrantan el principio de reserva de ley".

    Dicha opinión concluye lo siguiente:

    "...esta Procuraduría es del criterio de que no es correcta la interpretación y aplicación que hace tanto la Dirección de Personal del Ministerio de Educación Pública como el Tribunal de Carrera Docente, respecto del plazo establecido en el artículo 26 del Reglamento de la Carrera Docente. Lo anterior, ya que no existe norma en el Estatuto de Servicio Civil que autorice aplicar la caducidad o prescripción, luego de expirar el término para el cumplimiento de una fase instructiva por queja o denuncia, en materia disciplinaria de los funcionarios docentes".

    A partir de los señalamientos expresados por la Procuraduría General de la República y tomando en consideración la renuencia reiterada (especialmente del Tribunal de la Carrera Docente) a modificar los términos de aplicación del Estatuto del Servicio Civil y de su Reglamento conforme al principio de legalidad, la Defensoría de los Habitantes valora la posibilidad de recurrir a las acciones jurisdiccionales pertinentes con el fin de que se garantice la constitucionalidad de este procedimiento disciplinario y con él, los derechos fundamentales de los educandos.

    A fin de romper la tendencia actual hacia la impunidad de docentes que se benefician con la aplicación e interpretación ilegítima del artículo 26 del Reglamento de la Carrera Docente, se hace necesario informar al nuevo Ministro de Educación Pública acerca de los antecedentes y de los alcances aquí descritos, relacionados con los procesos disciplinarios que se llevan a cabo en esa institución.

    4. La Defensoría de los Habitantes recomienda:

  • AL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA: Velar porque se garantice en los procedimientos que sigue el órgano a su cargo, el principio del interés superior del niño, así como las garantías procesales y el derecho al acceso de la justicia por parte de las personas menores de edad.

    Que se giren las instrucciones pertinentes al Departamento de Procedimientos Legales de ese Ministerio, para que instruya los procedimientos disciplinarios conforme al bloque de constitucionalidad y legalidad.